Crysol, Asociación de ex presos y presas políticos, organizó la primera de una serie de charlas para discutir y reflexionar acerca del proyecto parlamentario que busca impulsar la reforma de la ley orgánica de las fuerzas armadas (FFAA). Con la moderación de Gastón Grisoni, presidente de Crysol, el jueves 28 de marzo compartieron mesa el economista Gustavo Buquet, del sector frenteamplista Casa Grande, y la periodista del semanario Brecha Rosario Touriño, por lo que la actividad se realizó antes de que se conociera que el militar retirado José Nino Gavazzo confesó su participación en el asesinato y posterior desaparición del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro Josman en 1973, según publicó El Observador el sábado.
Respecto de la vigente Ley Orgánica Militar, Buquet recordó que se aprobó en 1974, a través de un decreto de la última dictadura cívico-militar. Según el economista, el principal problema con la legislación radica en que “el concepto que prima transversalmente en toda la ley es la doctrina de la seguridad nacional”. Según sostuvo, la influencia ideológica de dicha doctrina queda evidenciada en los objetivos planteados por la propia norma: “Mantener la paz y enfrentar la subversión”.
A pesar de los distintos enfoques con los que abordaron la temática, Buquet y Touriño coincidieron en algunos temas como la opacidad a la hora de obtener información sobre las FFAA y, por lo tanto, el desconocimiento que se genera acerca del funcionamiento militar. Además, estuvieron de acuerdo sobre el carácter positivo pero insuficiente del proyecto de reforma a la ley presentado en 2018 por el Poder Ejecutivo, además de lo “arcaico” de los tribunales de honor y la gran dificultad que supone modificar la normativa vigente.
“El proyecto de las dos plumas”
Buquet mostró especial preocupación por el episodio que protagonizó el ex comandante en jefe de las FFAA, Guido Manini Ríos, quien después de ser destituido por el presidente Tabaré Vázquez publicó un discurso de despedida en el canal oficial de YouTube del Ejército. Al respecto, concluyó que se trató de un ataque directo a los tres poderes del Estado y una amenaza a las instituciones democráticas. “Tenemos un ejército cuyos mandos se entrometen regularmente en asuntos políticos, no es exclusivo de Manini Ríos”, agregó.
Además, hizo referencia a los intentos del Poder Ejecutivo de reformar la Caja militar, que presenta un déficit de más de 500 millones de dólares al año. Al respecto, recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que amenazar con suspender las transferencias a cuentas de oficiales, ya que la caja no brindaba información acerca de sus jubilados, retirados y pensionistas.
Sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar, comentó que en la interna frenteamplista fue apodado como “proyecto escrito con dos plumas”, en referencia a la redacción civil, encabezada por el ex ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, además de la participación de militares. En suma, el economista recordó que no se trata del primer proyecto que se redacta, ya que durante la presidencia de José Mujica, el ahora ex presidente le encomendó al entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que se encargara de la reforma, quien dejó el proyecto en manos de los comandantes. De la propuesta acordada entonces con los militares y de las intenciones del actual gobierno surgió el nuevo proyecto de reforma de la ley.
El integrante de Casa Grande analizó en particular algunos pasajes del proyecto de ley y destacó como negativos los artículos 21 y 22, mediante los que se definen tareas secundarias del Ejército por las que “busca justificar el enorme tamaño de las FFAA”, según evaluó. Como puntos positivos señaló a los artículos 85, 127 y 147, por los que se reduciría el número de coroneles aproximadamente 20% y se encorseta la potestad de los tribunales de honor.
“Al menos por lo económico”
Para ilustrar la dificultad para obtener información sobre las FFAA, Touriño relató su experiencia al realizar un informe periodístico antes del intento de reforma de la Caja Militar. Al intentar comunicarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y la Caja Militar, contó que únicamente obtuvo respuesta del primero, y en el caso de la Caja Militar le informaron que no poseían datos sobre los jubilados. “Se indignan por las sillas de Ancap, pero nadie se indigna por lo que la Caja militar le requiere a las arcas públicas; está por llegar a los 700 millones de dólares”, afirmó. “Si no te importa por el lado de los Derechos Humanos, pensalo desde el punto de vista económico: ¿Tiene sentido que un país como Uruguay tenga el gasto en Defensa que tiene? Creo que se podría llevar a la población de muchas maneras”, agregó.
La periodista compartió datos del Ministerio de Defensa que, según consideró deberían ser públicos, en los que mostró el impacto de las distintas leyes orgánicas en la cantidad de coroneles. En concreto, mostró que previo al decreto de 1974 había 72 oficiales con ese rango, número que a partir de esa norma subió a 331. Además, proyectó que de aprobarse el proyecto de ley actualmente a estudio del Parlamento, la cantidad de coroneles bajaría a 266.
