La propuesta que se abrirá a consideración de la población y que cuenta con el aval de la Corte Electoral prevé eliminar el régimen de ahorro individual y el lucro en la seguridad social, con la prohibición de las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional), la fijación de la edad mínima de jubilación a los 60 años y con 30 años de trabajo, y la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional, con ajustes de acuerdo al Índice Medio de Salarios y en la misma ocasión en la que se le realicen a los funcionarios de la Administración Central. Prevé también un fideicomiso similar al utilizado con los “cincuentones” para retirar los fondos de las AFAP, sin otorgarles compensaciones ni permitirles reclamos por lucro cesante a estas empresas.
Luego de arduas y prolongadas negociaciones, las corrientes sindicales que se adscriben al Partido Comunista del Uruguay (PCU), al Partido Socialista del Uruguay (PS) e independientes, a través de la Coordinadora de sindicatos “Grupo de los ocho”, laudaron un proyecto de reforma constitucional para plebiscitar en las próximas elecciones nacionales de octubre 2024, en caso de entregar como mínimo las firmas del 10% del padrón electoral (cerca de 270.000 firmas) seis meses antes de las elecciones (véase Con la institucionalidad como bandera).
El texto fue acuñado por los abogados Pablo Mayo, Michael Dismarch y José Lamas, con el apoyo del economista Antonio Elías, la asesoría del catedrático en derecho financiero de la Facultad de Derecho, Andrés Blanco, y la revisión final del abogado constitucionalista Emanuel Pintos. Los especialistas delinearon la propuesta inicial, que se sometió a escrutinio de las distintas corrientes del PIT-CNT y que contó con algunos cambios hasta su configuración final. En las negociaciones internas concurrieron los abogados Juan Ceretta y Valeria España, junto a Michael Dismarch en representación de la ATSS, es decir, el sindicato del BPS y el “Grupo de los ocho”.
El integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT Sergio Sommaruga explicó a Sala de Redacción que el jueves 14 de setiembre de este año se presentó la papeleta a la Corte Electoral para que dé su visto bueno sobre las formalidades de la misma. Como representantes legales firmaron el presidente de la convención Marcelo Abdala, la presidenta de la ATSS, Karina Sosa, la delegada de ATSS, Nathalie Barbé, y los abogados Ceretta y Dismarch, junto al secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González.
“Si bien las conversaciones iniciarán antes”, se instalará la Comisión Nacional Pro Plebiscito posteriormente al aval de la Corte Electoral, momento en el que se comenzarán a juntar las firmas, según aclaró Sommaruga. A su vez, el presidente de Fucvam, Enrique Cal dijo a Sala de Redacción que prevén una reunión de la Mesa Nacional de la Intersocial para el 3 de octubre, “donde se presentarán las posturas de las distintas organizaciones que la integran”, y además “podremos tomar una posición conjunta” como intersocial sobre la iniciativa de consulta popular.
Hasta el momento han pronunciado su apoyo al plebiscito, en orden cronológico, los siguientes sectores y partidos políticos: Unidad Popular, Partido de los Trabajadores, Reconstrucción Comunista y los pertenecientes al Frente Amplio (FA), el PS, el Partido por la Victoria del Pueblo, así como también la Liga Federal y su precandidato presidencial Andrés Lima. Sin embargo, partidos políticos como el Movimiento de Participación Popular (MPP), la Vertiente Artiguista y los integrantes de Convocatoria Seregnista-Progresistas ya han manifestado su rechazo expreso a la campaña, a la vez que sembrado dudas sobre el contenido del plebiscito. Al igual que la coalición de gobierno y la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP), quienes de forma unánime rechazaron la reforma constitucional propuesta.
El sector Casa Grande valoró positivamente la iniciativa, pero dejó en libertad de acción a sus militantes, y si bien el PCU inicialmente apoyó la propuesta inclinándose a acompañar el proceso, a la vez que cuenta con su base sindical imbricada en el proyecto, aún no ha ratificado oficialmente su respaldo al texto acordado. A pesar de que gran parte de la base de apoyo político de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, respalda el plebiscito, Cosse ha evitado pronunciarse y espera que se dé una definición orgánica del FA sobre qué camino tomar.
En tanto, el lunes 18 de setiembre la Mesa Política frenteamplista decidió recomendar al Plenario Nacional a efectuarse en octubre, “permitir la máxima libertad de acción y opinión” para que todos los sectores y los Comité de Base puedan definir si recolectan firmas, si realizan campaña propagandística a favor o en contra, y si ensobrar o no las papeletas ante un eventual plebiscito, según declaró a Radio Universal Fernando Pereira, presidente del FA.
Respecto a las organizaciones sociales, Fucvam explicitó su apoyo mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se encuentra deliberando en la interna su postura. Por otra parte, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) tiene previsto discutir su posición en su congreso ordinario de noviembre, y según recalcó Sommaruga “aún no se conoce la definición” de la Intersocial Feminista, la Coordinadora de Ollas Populares (CPS) y “otros colectivos integrantes de la Intersocial Nacional”.
Una discusión con historia
En la década de los ‘90 el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera introdujo la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, habilitando el régimen de ahorro individual y las AFAP, lo que permitió el lucro privado con los aportes jubilatorios. Entre el movimiento sindical y la izquierda partidaria, se debatió durante un año la redacción de la papeleta del plebiscito para impedirlo, sin embargo, las diferencias internas se saldaron tarde y la campaña de firmas no llegó a su objetivo, por lo que no se sometió a votación de la población la propuesta de aquel entonces.
Sobre esto, Adolfo Bertoni, ex presidente de la ATSS, ha expresado en distintas columnas de opinión de La Diaria que es necesario actuar con mayor celeridad en esta oportunidad, para que no se produzca la derrota al proyecto de reforma constitucional en curso. Además, detalla que en 1989 y en 1994 hubo dos plebiscitos referidos a jubilaciones y pensiones, que vencieron con el 82% y el 72% respectivamente, con el planteamiento de un ajuste al alza de los montos percibibles.
Cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou creó, a través de la Ley de Urgente Consideración, la Comisión de Expertos en la Seguridad Social (CESS) presidida por Rodolfo Saldain -ideólogo de las reformas de ambos gobiernos herreristas-, “la ATSS ya tenía claro que era lo que iba a suceder”, dijo su presidenta Karina Sosa a Sala de Redacción. Saldain había hecho públicas sus propuestas en el libro “La era de los nuevos viejos” (2020), que fue estudiado por el sindicato del BPS. Según acotó Sosa, las propuestas impulsadas en la década de los años ‘90, “sus saberes de funcionarios de la seguridad social”, la experiencia y “los estudios desarrollados a lo largo de casi 30 años” sobre la aplicación del sistema mixto, “le dio al sindicato la claridad para generar un proyecto alternativo”.
La ATSS realizó una propuesta de reforma jubilatoria llamada “El sistema de seguridad social en el Uruguay del siglo XXI”, la cual fue explicado en el XIV Congreso del PIT-CNT en 2021, y de manera unánime se adoptó como reivindicación central. Fue presentado en numerosos despachos legislativos, así como en la CESS, “sin embargo no se tuvo en cuenta y al mismo tiempo se silenció su existencia”, criticó Sosa. Para promover esta visión se formó Mondess, con relevante presencia de militantes de Unidad Popular, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (COJUPE) -integrante de la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay (CSGU), central escindida del PIT CNT-, y de la Comisión de Jubilados de la ATSS.
Por lo tanto, cuando la coalición de gobierno aprobó en abril de este año la Ley 20.130 de Reforma de la Seguridad Social, “nos vimos obligados” a buscar un camino alternativo “para presentar nuestra propia propuesta”, dijo Sosa. No obstante, “como las leyes que modifican el régimen de jubilaciones y pensiones” son de “iniciativa privativa” del Poder Ejecutivo, es decir, solo el presidente de la República puede remitir un proyecto de ley que lo transforme, “tuvimos que idear una manera” que “haga caer la ley” mediante una reforma de la constitución, explicó Sosa.
El mecanismo jurídico utilizado se llama ‘abrogación’, y sucede cuando una norma jurídica de mayor envergadura suprime a otra de menor rango, por lo tanto la modificación de la Constitución de la República genera que el Poder Legislativo deba crear una nueva ley que sustituya a la anterior, para adecuarse a la nueva constitucionalidad, sumado a que el Poder Ejecutivo debe ajustar los decretos y disposiciones administrativas que la contravengan.
¿Más firmas van a pedir?
Previamente al plebiscito impulsado por el PIT-CNT ya existían dos campañas de recolección de firmas para modificar la Constitución de la República. La primera por parte del Movimiento Uruguay Soberano, que cuenta con referentes como los abogados Hoenir Sarthou, Gustavo Salle y el diputado ecologista César Vega, busca prohibir los contratos secretos del Estado, así como generar un contralor parlamentario vigoroso sobre los contratos que tengan una duración mayor a la de un período de gobierno (veáse ¡A las firmas! o Concesiones).
En segundo lugar, está el caso de Cabildo Abierto, quien lanzó su papeleta en agosto de este año y según informó a Sala de Redacción el vocero de la campaña, Enrique Montagno, “ya superó las 30.000 firmas”. Se trata de una iniciativa de recolección de voluntades que busca “fijar límites en las tasas de interés” y establecer un mecanismo legal “para que personas físicas puedan reestructurar por un monto justo su deuda”, explicó Montagno.
Para Cabildo Abierto la campaña del PIT-CNT no los afecta para nada, “son dos cosas diferentes”, dijo el vocero de la campaña. Y resaltó que “nos veníamos preparando desde hace meses y ya tenemos presencia en 140 localidades”, con 250 puestos de firmas. En este momento, “estamos por encima de nuestras previsiones”, y aún la población “busca a los promotores”, por lo que todavía “no precisamos” hacer el esfuerzo de “ir al encuentro de la gente”, concluyó el dirigente cabildante.
Tanto la iniciativa del PIT-CNT como la de Cabildo Abierto y la del Movimiento Uruguay Soberano recorren el camino de la “iniciativa popular”, buscan recolectar las firmas del 10% del padrón electoral (estimado en 270.000 personas) para habilitar el plebiscito en las siguientes elecciones nacionales, debiendo entregarlas seis meses antes de la misma.
Aunque estas tres iniciativas no confluyen en un espacio de articulación común, y tampoco han habido pronunciamientos de respaldo entre sí, presentan como factor común un cuestionamiento a la concentración del poder financiero o de empresas trasnacionales, y sobre los perjuicios que esto trae para el ciudadano común y los Estados. Pese a las diferencias entre los grupos y organizaciones que lo promueven, es llamativo que estas temáticas conciten una preocupación importante para parte de la sociedad.
Por último, según informó El Observador, el Partido Nacional analiza impulsar una reforma constitucional por vía legislativa para permitir los allanamientos nocturnos, retomando una discusión recurrente en las últimas décadas. En este caso, precisan el acuerdo de dos quintos de la Asamblea General (40 diputados y 13 senadores) para elevar su proyecto a consideración de la población en las siguientes elecciones inmediatas: las nacionales de 2024 o las departamentales de 2025.
