Desde Europa, con las candentes manifestaciones francesas, hasta América Latina, con las tensiones que se generaron dentro de la coalición del gobierno uruguayo por los términos de la reforma jubilatoria, las modificaciones a la seguridad social ponen en aprietos a los políticos y ocasionan conversaciones incómodas entre los distintos sectores de la sociedad.
Mientras que en Francia se propone aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años y ampliar de 42 a 43 años el período de aportes necesario para acceder a la jubilación máxima a partir de 2027, en Uruguay se plantea el aumento de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, entre otros cambios.
El planteamiento de estas medidas, con diferentes niveles de avance en los respectivos países, han generado reacciones de distinto tipo. En este escenario, Sala de Redacción conversó con tres expertos en la materia, que profundizaron sobre las aristas del fenómeno social y las reacciones que se pueden esperar en Uruguay a partir de este proyecto, a la luz del estallido social que sucedió en el país europeo.
Soluciones similares ¿reacciones parecidas?
Una de las similitudes que el politólogo Daniel Chasquetti mencionó en cuanto a las características de ambos procesos tiene que ver con las soluciones que tanto el gobierno francés como el uruguayo encontraron a la crisis de la seguridad social. “El tipo de soluciones que se eligen dice mucho sobre cómo el impulsor ve el problema”, dijo el experto, en referencia a que la orientación política de los partidos de gobierno en Francia y en Uruguay podría ser calificada como de centroderecha.
Al respecto, el economista Hugo Dufrechou aseguró que existen fenómenos (en particular el envejecimiento poblacional) que, actualmente, se dan en ambos países. “Tanto Uruguay como Francia gastan más que el promedio, dado su nivel de envejecimiento”, dijo en esta línea. No obstante, explicó que en Francia se da una estructura con mayor índice de formalidad (es decir, registro en la seguridad social) que en Uruguay. “Eso implica que aquí, al tener carreras laborales más inestables, los cambios en los parámetros del sistema jubilatorio afecten diferente”, indicó. Asimismo, coincidió con Chasquetti en que la elección del camino a tomar frente a esta problemática es sobre todo ideológico. El economista aseveró que “ante un mismo problema, pueden existir distintas soluciones”, y “que haya que hacer una reforma no quiere decir necesariamente que haya que hacer un sólo tipo de reforma”.
A pesar de que las soluciones que se encontraron pueden ser consideradas similares, para los especialistas consultados las reacciones en el país distan de las multitudinarias manifestaciones del país europeo. En Uruguay la reforma ha suscitado diversas reacciones, como el paro de 24 horas de este martes 25 de abril al que adhirieron diferentes sindicatos con la consigna “Paramos para no perder derechos”, pero no han tenido la virulencia de las generadas en Francia. “Creo que no aparece la posibilidad de que exista una reacción como la que hemos visto que ha ocurrido en Francia. El proceso en el caso uruguayo ha sido distinto en el sentido de que hay una aceptación social y política acerca de la necesidad de modificar la seguridad social”, afirmó Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Durante la movilización y paro contra la reforma de la seguridad social. Foto: PIT CNT
En este sentido, Chasquetti señaló que siendo que los impulsores de la reforma son gobiernos de centroderecha, hay una mayor oposición del mundo sindical, de las organizaciones sociales y de los partidos de izquierda. No obstante, para el politólogo, que en el país haya partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales fuertes como el PIT CNT hacen que el conflicto siga determinados patrones que vuelven previsible el proceso. “En Francia, como los partidos y las organizaciones sociales son más débiles, es todo mucho más anárquico”, sentenció. Además, el entrevistado agregó que en Uruguay es más probable que surjan iniciativas institucionalizadas, “por ejemplo, que a alguien se le ocurriera presentar un plebiscito, agregar algo en la Constitución referido a las jubilaciones o que el Frente Amplio prometa enmendar esto si llega al poder”, detalló.
Esto responde también, explicó Chasquetti, a que el presidente francés es “muchísimo más poderoso que el presidente uruguayo”, ya que cuenta con prerrogativas constitucionales que le permiten imponer reformas a las políticas públicas por la vía del decreto. “Cuando el presidente tiene ese poder se puede dar el lujo de no negociar. En cambio en Uruguay el presidente está atado a conseguir una mayoría parlamentaria, y es lo que estamos viendo día a día”, agregó.
Para Barreto, el papel de la creación de una comisión de expertos para la discusión de la problemática contribuyó también a procesar el disenso existente y evitar lo que pudo haber sido un estallido o un movimiento más virulento en las calles.
Discusiones a futuro
En 2021, según datos expedidos por el Banco Mundial, las personas de 65 años de edad o más alcanzaban el 9,54% de la población mundial. Este porcentaje ha aumentado de forma vertiginosa durante las últimas décadas y es casi el doble que en 1960. Según aseguraron los especialistas en diálogo con Sala de Redacción, este fenómeno, denominado envejecimiento, continuará afectando los sistemas de previsión social.
Con respecto a esto, Dufrechou postuló que “debido a como están pensados, no hay reforma que arregle de una vez y para siempre a nuestros sistemas de seguridad social”. Es por esto que el economista considera que “es necesario reformarlos de raíz en función de nuestro tiempo histórico y eso implica hacer más reformas que de parámetros y pensar (o repensar) la ligación con el mercado laboral formal”.
Barreto coincidió con esta visión y planteó que a futuro será necesario pensar de forma más profunda los sistemas de garantía universal de ingresos y las distintas maneras de financiar el sistema. El experto aseveró que el ensayo que se intenta hacer ahora en Uruguay es “un último esfuerzo por mantener una matriz de financiamiento que ya no responde a las actuales realidades”.
Para Dufrechou, la reforma en Uruguay desregulará algunos aspectos, principalmente relacionados con el mercado laboral: que las personas perduren más en sus empleos lleva a que se pueden abrir menos vacantes. “Actualmente la tasa de desempleo en el país es cerca del 8%; si miramos sólo los menores de 25 años, esa tasa pasa a ser del 26%. Por lo tanto, ante una estructura del mercado laboral que está pautada por el desempleo juvenil, no es buena noticia porque colaboraría con el desempleo o generaría ingresos al mercado laboral más precarios”, indicó. En segundo lugar, argumentó que vivir cada vez más no necesariamente significa vivir cada vez mejor, y que existirá una población cada vez más grande que precisará cuidados. Esto hace necesario, señaló, pensar quién se va a encargar de esta tarea.
