Ciento noventa y siete son los detenidos desaparecidos en el marco del terrorismo de Estado. A 38 años de la recuperación democrática, sólo cinco de ellos han sido encontrados tras el comienzo de las excavaciones en el año 2005.
Luego del primer hallazgo de los restos de Ubagésner Chaves Sosa en noviembre del 2005 en la Chacra de Pando, se sucedieron cuatro hallazgos más: Fernando Miranda en diciembre de 2005 en el Batallón 13 de Infantería, Julio Castro en el Batallón 14 en octubre de 2011, Ricardo Blanco en marzo de 2012 en el mismo Batallón y a metros de los restos de Julio Castro. Y por último los restos de Eduardo Bleier, militante comunista que fue encontrado en agosto de 2019 en el Batallón 13.
Un informe solicitado por el Senado en 2021 y realizado por el abogado y especialista internacional en derechos humanos Federico Andreu-Guzmán evaluó como principales obstáculos en la búsqueda de desaparecidos “la ausencia de una política pública del Estado”, así como el llamado “pacto del silencio” entre sectores militares y civiles, conjuntamente con el paso del tiempo y “la consecuente pérdida de testigos directos y otras fuentes humanas de información”, entre otros.
En este sentido, las observaciones preliminares realizadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GDTFI) en su visita a Uruguay a finales del pasado año, hacen hincapié en “la escasez de avances a lo largo de más de cinco décadas”. El GDTFI recomendó al Estado uruguayo, y en especial a la Presidencia, a realizar un “llamado público y formal a una colaboración veraz y genuina de todas las personas por parte de la más alta autoridad del Estado, lo cual contribuiría a la superación de esta situación de estancamiento”.
Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que desde 2019 es el organismo encargado de la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas según la Ley N° 19822, se han realizado llamados a quienes puedan tener información para orientar esta tarea, con el objetivo de “dar respuesta a la sociedad y a las familias que reclaman desde hace más de 40 años conocer el destino de sus seres queridos y hallar sus restos”.
Voluntad estatal
“Quienes saben qué pasó y dónde están no lo dicen, y es por eso que existe este aparato de búsqueda”, apuntó el director de la INDDHH, Wilder Tayler, ubicando a los represores como principales culpables de la falta de información. “Estamos buscando un número de personas que desaparecieron en operaciones muy clandestinizadas”, sostuvo. En este sentido indicó que “difícilmente haya quedado algún tipo de registro”. En relación a lo anterior, Tayler agrega que actualmente se está trabajando con información “muy fragmentaria” que proviene de testigos indirectos.
De cualquier manera, Wilder expresó su esperanza de que “algunos actores hablen” más allá de los represores detenidos en Domingo Arena, entendiendo que estos “no son los únicos que tienen información”. A su vez, planteó que otra alternativa podría ser “el uso de técnicas que permitan achicar las áreas” donde se realizan las excavaciones.
Tayler opinó que sería “importante reforzar” los llamados de las más altas esferas del Estado a aportar información relacionada con el paradero de los desaparecidos, e incluso agregó que lo ha planteado personalmente. “La palabra de las entidades superiores del Estado es muy importante en estos temas. Nosotros sabemos que la verdad está en algún lugar del Estado o de personas que fueron funcionarios de Estado”, afirmó y sugirió qué “falta redoblar esfuerzos en esta materia”. En cuanto a esto último, Tayler indica que existen “una multiplicidad de factores” que impiden desde el Estado adquirir información, en la que destaca la “voluntad política, que es un aspecto importante para desbloquear estos temas”.
De cara al futuro, el abogado tiene la expectativa de “marchar hacia los hallazgos o hacia el esclarecimiento del destino de los desaparecidos” si esto definitivamente se acompaña con “acciones desde el Estado que venzan las resistencias” a brindar información certera.
In situ
Alicia Lusiardo, coordinadora del Equipo Antropología Forense de la INDDHH, que se encuentra abocado a la búsqueda de desaparecidos, conversó con Sala de Redacción sobre cómo se está desarrollando la tarea y los distintos matices que esta labor tiene.
De lunes a viernes, parte del equipo se traslada al Batallón 14 y el resto a la Chacra de Pando, ubicación que estuvo bajo la órbita militar a partir de 1972. En ambos lugares se está trabajando en búsqueda sistemática con retroexcavadora. Cada máquina (dos en el Batallón 14 y una en la chacra) tiene dos antropólogos que son los encargados de controlar las áreas de trabajo. Antes de retirarse del terreno, se realizan registros del trabajo para verificar que el área esté exactamente igual al otro día. “Nos esforzamos todos los días por tratar de revelar aunque sea un poquitito de la verdad oculta durante tantos años”, relata la técnica que trabaja en el equipo desde 2007.
Lusiardo apunta a que la información que le llega al equipo “sigue siendo mala, poca e imprecisa” a lo largo de los años y “los sitios señalados siguen siendo los mismos”. Los aspectos que se evalúan para cotejar la información son varios, en los que se destacan los sitios, las fechas, los relatos, las personas mencionadas y los cambios en el terreno. De cualquier manera, la antropóloga advierte que la mayoría de la información que llega es “falsa o muy difusa”.
Consultada sobre la búsqueda de restos en Uruguay, entiende que hay una relación entre “el número de personas que buscamos, la extensión de los lugares, el tiempo que ha pasado y la escasa información sobre el lugar donde están”. “La constatación indiscutible es que los cinco cuerpos que han aparecido han sido en fosas individuales, es decir que no estamos buscando una fosa común”, e indica que “el tipo de enterramiento, al ser individual, implica que las fosas son de dos metros por uno” lo que implica una problemática si se tiene en cuenta la vasta extensión de los predios militares.
En relación a los restos que fueron encontrados, los patrones que coinciden evidencian apremio físico, causa de muerte violenta, cobertura de cal por encima, manos o pies atadas y fosas individuales de cuarenta centímetros por un metro. Lusiardo destaca algunos aspectos diferenciales, entre los que indica la cantidad de vestimenta que tenían a la hora de ser enterrados; mucha entre los encontrados en el Batallón 14 y muy poca en los que respecta a los del Batallón 13, característica que se relaciona a las condiciones en las estuvieron detenidos.
En cuanto a las excavaciones, se distingue el trabajo en la Chacra de Pando, en la que se busca a Arpino Vega. A partir de señalamientos concretos que se recabaron en los inicios de las excavaciones, se evaluaron las tareas realizadas y se decidió que aún había posibilidades de encontrar el cuerpo de Vega, debido a que “las excavaciones no fueron exhaustivas”, según explica Lusiardo.
“Tenemos expectativas de que el avance de la tecnología nos permita avanzar y hacer una búsqueda más rápida”, expresó la antropóloga.
Cuestión institucional
La búsqueda “ha sido frustrante” en sentido general para Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y advierte que no encontrar los restos “contribuye a la impunidad” de los represores.
“Las Fuerzas Armadas tienen información y no la dan, tampoco hay quien se las exija”, opina. Patiño pone especial énfasis en la cuestión institucional y considera que obtener información de los represores es “caso cerrado” debido a las reticencias que han tenido los mismos. Explica que esto “no es una cuestión de una persona que tiene apretada la información”, si no que existe una connivencia militar para “mantener el oscurantismo”.
“Después de la apertura democrática, las FFAA conservaron una parte del poder” apunta, y entiende que esto es lo que impide recabar la información. “Cuando cualquier gobierno se mete dentro de las Fuerzas Armadas, hay problemas” y ejemplifica esto con las reticencias que surgieron a la interna militar con cuestiones como la reforma de la caja militar o la modificación de la ley orgánica.
“Tenemos absoluta certeza de que existen documentos, por el sistema que tiene el Ejército en el que siempre que hacen una cosa, hay un responsable del problema. Eso está unido a los responsables y documentado”, enfatiza que “es claro que esa información institucional existe” y que su acceso se soluciona con “voluntad política”. Estima de suma importancia que se pueda acceder a esta información, para poder cruzar datos que permitan dar con el paradero de los desaparecidos.
Patiño ve con buenos ojos el proyecto que presentó el ministro de Defensa, Javier García, para hacer públicos los archivos de la dictadura, en el entendido de que “mientras más amplia la información, mejor”. De todas maneras, pide que se haga público “el material clasificado” y no sólo lo que ya se encuentra disponible mediante pedidos de acceso a la información pública.
“Tengo la esperanza de que en algún momento haya un gobierno que resuelva firmemente el problema en torno a los desaparecidos”, expresa Nilo y opina que esto se puede dar “modificando la actitud que tiene hacia las FFAA y metiéndose dentro de las mismas”.
