Al no alcanzar un acuerdo entre los partidos políticos sobre la reforma de la ley 17.738 -que da estructura a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU)- en Diputados el lunes 23 de octubre, el Poder Ejecutivo (PE) remitió al Parlamento un nuevo proyecto para paliar momentáneamente la situación de crisis económica de la Caja. La iniciativa exprés que ingresó a la Cámara de Senadores fue derivada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para su estudio y no fue abordada de forma “grave y urgente” en el Plenario este miércoles 25, como pretendía el Ejecutivo.
El proyecto de ley consta de un solo artículo y como una solución provisoria busca aumentar los aportes de los afiliados activos del 16,5% al 18%. Actualmente las primeras tres categorías tienen un ficto de $30.050, $56.844 y $80.557 respectivamente; representan el 60% del total de afiliados activos. En ese sentido, los aportes pasarán de $4988 a $5409 en la primera categoría, la segunda de $9436 a $10.200 y la tercera de $13.373 a $14.500. Estos cambios entrarían en vigencia desde el 1° de enero de 2024 y el porcentaje aumentaría a 19% a partir de enero del 2025.
En esta ocasión “no se aplica el artículo 229 de la Constitución”, explicó Daniel Caggiani, senador y presidente de la Comisión a Sala de Redacción, donde se reglamenta que cualquier organismo público no podrá realizar aumento de pasividades ni creación de cargos en los 12 meses previos a las elecciones presidenciales, sin embargo no refiere a que no se pueda aumentar la tasa de aportación jubilatoria a los activos de una caja.
Por su parte Virginia Romero, presidenta de la CJPPU, en conferencia de prensa el martes 24 de octubre llamó a que el PE “se haga responsable” y tome una decisión que permita la subsistencia de la Caja. Evaluó que antes del 27 de octubre -cuando se cumple el plazo constitucional- el PE tendría que reunirse con los diputados de los diversos partidos políticos y considerar un nuevo proyecto que reúna el consenso de todos los representantes. De este modo, Romero añadió: “no es tiempo de buscar culpables sino de construir y agotar todos los recursos para encontrar soluciones”, y concluyó que como profesionales sienten que el sistema político “nos ha dado la espalda”. Además, Romero recordó que el Ejecutivo hace 10 meses (diciembre de 2022) recibió el anteproyecto que remitió el directorio de la CJPPU y recién a fines de setiembre envió un proyecto al Parlamento. Esto generó que sea “un inconveniente” y se “acortaran los plazos para su tratamiento”, debido a que se estaba sobre la fecha límite de un año antes de las elecciones.
Los números de la Caja están en rojo. Los ingresos por el aporte de los afiliados activos que tiene en la actualidad son de 39 millones de dólares, en comparación con los egresos por jubilaciones y pensiones que rondan los 42 millones de dólares. En ese sentido, hay un déficit de tres millones de dólares. Según explicó Romero en la conferencia, con el fin de continuar con el pago de pasividades se están vendiendo los bienes de la CJPPU. Asimismo, el directorio estima que las reservas para cubrir la totalidad de egresos serán suficientes hasta el primer trimestre del 2025.
No prosperó
El tratamiento parlamentario del proyecto inicial estuvo cargado de idas y vueltas entre el Partido Nacional, Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), es decir, entre los partidos que integran la coalición. Mientras que el primero defendió la idea de aprobar el proyecto del Ejecutivo sin ninguna modificación, CA y el PC presentaron algunos cambios (que finalmente no fueron aceptados por el Ejecutivo). De igual forma, el PC decidió votarlo.
El representante de CA, Martín Sodano, consideró que si bien su partido tiene la necesidad de impulsar una reforma que dé soluciones a la CJPPU porque “es necesario aprobar un régimen de la seguridad social común”, lamentó que no se haya podido contar con el tiempo suficiente para realizar un exhaustivo análisis de la situación de la Caja, y de este modo, actuar en consecuencia, según explicó en conferencia de prensa el 20 de octubre (en la que participaron varios legisladores del partido). De esta forma, en el plenario del 23 de octubre en Diputados Sodano calificó al proyecto del PE como “irreal”, debido a los aumentos en los aportes jubilatorios y la asistencia estatal.
Durante el plenario, la bancada de Cabildo, el Frente Amplio (FA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) no votaron a favor de la propuesta. Rafael Menéndez, diputado por CA, argumentó en la sesión que la reforma presentada por el PE no es la solución a la situación deficitaria de la CJPPU por considerar a algunos y otros no, en alusión a que se propuso aumentar la tasa de aporte de los afiliados activos y la creación de un aporte para los pasivos. En esa línea, evaluó que los activos tienen el beneficio de declarar el no ejercicio -que no los obliga a aportar por no tener ingresos-, mientras que los pasivos tendrían que hacerse responsable sí o sí de esta crisis y aportar un porcentaje a través del descuento de su jubilación.
De igual forma, Sodano mencionó en el plenario de Diputados que su bancada no apoyó el proyecto porque no se adecúa el aporte de los activos y pasivos con la ayuda que aportaría el Estado, que recién comenzaría en 2025 según mencionaba el proyecto. También agregó que existe una realidad y es que los profesionales universitarios deciden declararse en no ejercicio porque la tasa de aportación “es irreal y no se amolda a los verdaderos ingresos de los profesionales independientes”. En la actualidad, la CJPPU cuenta con 63.423 activos, mientras que 99.614 se declararon en no ejercicio, según datos estadísticos del 2023 aportados por el directorio. Por otro lado, la ley proponía agregar cinco categorías más a las 10 existentes y hacer una distribución más equitativa de los sueldos fictos por categoría. Por ejemplo, la primera categoría se mantiene en $30.050, la segunda disminuye a $34.558 -que hoy es de $56.844- y la tercera baja de $80.557 a $43.197.
En diálogo con Sala de Redacción, Gustavo Olmos, diputado por el FA consideró que “si bien el proyecto buscaba dar una solución a la realidad de la Caja, lo hacía de forma momentánea”, dada la proyección de las reservas hasta 2025. Por eso, “el Parlamento que asumiera en la próxima legislatura inevitablemente debía volver a tratarlo”: “no se solucionaba el problema, sino que se lo traspasaba al próximo gobierno que asumiera”, concluyó.
Por otro lado, Fernando Rodríguez Sanguinetti, director de la CJPPU por la minoría, comentó a Sala de Redacción que la situación de la Caja es conocida tanto por los legisladores como por el PE: los primeros reciben anualmente el presupuesto y son quienes lo aprueban, mientras que el segundo fue quien recibió hace casi 10 meses atrás un proyecto, acordado por todos los directores de la Caja con el propósito de solucionar el déficit que hoy transitan, pero finalmente no fue el texto que envió al Parlamento. Por otra parte, se aprobaron modificaciones a otras Cajas, entre ellas la del BPS con la reforma de la Seguridad Social, la Caja Militar y la Caja Bancaria, pero la de la CJPPU al parecer “no entró en esa agenda”, recordó el director.
Las modificaciones planteaban que los egresados universitarios que se declaran en no ejercicio deberían pagar un concepto de gastos administrativos por el trámite realizado, que hoy rondan los $6.400 por determinación de la Ley orgánica de la Caja. A su vez, los cambios propuestos establecían el mismo pago, pero limitaban el máximo que puede establecer por estos conceptos el directorio al sueldo ficto de la primera categoría ($30.050). Aunque reglamentaba que este concepto se debía abonar si dentro del mismo año el profesional declaraba el ejercicio y el no ejercicio, según explicó Rodríguez Sanguinetti a Sala de Redacción.
La política actual uruguaya busca establecer los lineamientos para las próximas elecciones nacionales. De este modo, Rodríguez Sanguinetti mencionó que desde el PE “se juega a trasladar el problema a la próxima administración” porque la reforma de la CJPPU “es compleja” y “lo que se quiere es ganar las elecciones”. El presidente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y los socios del Partido Colorado “no se quieren involucrar en hacer una reforma tan estructural para que no les juegue en contra”, resumió.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres mencionó a El Observador que la CJPPU va a estar “muy al límite” cuando le toque llegar a los primeros meses del próximo gobierno, por eso enfatizó que será un tema “inevitable” para la próxima legislatura.
