En una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género realizada el martes 20 de junio en el Parlamento, el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) afirmó ser una institución que “siempre administra la austeridad”. En línea con este principio, es que en el mes de febrero le hicieron llegar al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) una breve carta, en la que enlistaron los fundamentos del cese de su convenio que se mantenía desde hace 30 años y constaba de distintos talleres para adolescentes privados de libertad. Las razones citadas fueron: “el costo económico excesivo que implica para la Institución”, “la amplia propuesta de talleres educativos a nivel de educación formal y no formal con la que cuenta el INISA”, y la necesidad de “contar con la acreditación de saberes que permita la incorporación en el ámbito laboral y educativo”.
Los representantes de SERPAJ volvieron a presentarse el martes 5 de julio en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado para plantear sus preocupaciones acerca del cese de su convenio. Luego de la sesión, Tamara Samudio y Adriana Vaselli -ambas integrantes del colectivo- explicaron a Sala de Redacción que, si bien comprenden que la decisión “no tiene marcha atrás”, mantienen la inquietud de que los adolescentes “cuentan con muy pocas horas de medidas socioeducativas y muchas horas de encierro”, y que actualmente “no hay algo que sustituya los talleres de SERPAJ”.
Sumado a esto, en la última sesión se discutió una nueva preocupación en torno a los despidos que significaron la baja del convenio: “el programa de SERPAJ terminó el 31 de mayo. Había un acuerdo por medio del Ministerio de Trabajo donde INISA se comprometió a pagar la indemnización a 11 trabajadores antes del viernes 7 de julio”, y cumplido el plazo la preocupación aumentó, relató Samudio. Vaselli informó a Sala de Redacción que finalmente el viernes “a última hora” se aprobó el pago de despidos, por lo que el conflicto debería estar resuelto para esta semana.
Dinero
La presidenta de INISA, Rossana de Olivera y el asesor Sebastián Maidán, argumentaron a los integrantes de la Comisión las razones económicas del cese del Programa Nexo de SERPAJ; los salarios costaban al Instituto $401.933 por 56 horas semanales -unas 242 mensuales-, a razón de $1661 por hora. Lo que tienen planificado en cambio es abrir un nuevo llamado para cinco talleristas que significarán $ 236.115 por 100 horas semanales y 432 mensuales (lo que baja el costo a $547 por hora). La presidenta también mencionó como “estrategia”, el “ampliar las ofertas educativas sin costo” y nombró a quince organizaciones que ofrecieron actividades de forma gratuita. Si bien en sesión, el director general de Medidas Socioeducativas del INISA, Juan Castillo dijo que a SERPAJ “se le puso al tanto respecto a información que no tiene por qué manejar”, en la sesión anterior del 23 de mayo Vaselli sostuvo que no hubo un espacio para negociar otras opciones presupuestales ya que desde INISA se les dijo que la decisión “era inamovible”.
Maidán también agregó que si se comparan los gastos de los insumos, “siempre es mejor” y “más económico” que sea INISA quien haga la compra porque “hay gastos que tiene SERPAJ y las ONG que no los tiene la institución”, además de que el gasto “se hace en grandes cantidades y de manera transparente, porque es a través de llamados”. Andrea Sorondo, integrante de SERPAJ, rebatió este último argumento y explicó que todos los insumos comprados con dinero del rubro de convenios quedaron en INISA: “Nunca tuvimos una observación por falta de transparencia. Nosotros hicimos los inventarios, que se chequearon con un escribano de INISA y devolvimos todos los materiales, las herramientas de barbería, las computadoras, los hornos, heladeras, todo”. Sorondo también detalló que “bimensualmente se presentaba una rendición a INISA con las facturas de compra” e incluso contaban con una supervisora de INISA que controlaba esto, por lo que “no se entiende qué fuentes tiene Maidán para hacer ese comentario”.
Desde la interna del INISA, la decisión de rescindir con SERPAJ también es cuestionada. Andrea Venosa, directora del Instituto por el Frente Amplio, dijo a Sala de Redacción que existe un acuerdo “más que nada político” de que las decisiones que impactan en la vida de los adolescentes se deben tomar con el directorio completo, sin embargo la decisión del cese del convenio con SERPAJ fue tomada sin que ella misma esté de acuerdo, mientras contaba con licencia anual reglamentaria. Venosa también estuvo presente en la sesión en donde explicó que “los convenios que tiene el INISA con las organizaciones se pagan de un rubro distinto al salarial” y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 160 de la Ley n.º 18046, el presupuesto quinquenal determinado por el Poder Ejecutivo para el rubro de convenios está ya establecido, por lo que “no es reforzable” y “no puede traspasarse al rubro de salarios, que es con lo que se le pagaría a los nuevos talleristas del INISA”. Por su parte Rosario Pérez, directora del Instituto por el Partido Nacional, respondió a estas cuestiones: “considero que estamos acá para gestionar y que más allá del rubro del que salgan los dineros, si se entiende que se está gastando mal, obviamente hay que tratar de que se gaste eficientemente”.
Venosa mencionó que el problema se trata de organizaciones que “hace más de 20 años mantienen un vínculo con el INAU y el INISA”, pero que “nunca se presentaron a una licitación pública”. Es por esto que, si bien entiende necesaria una licitación para “poder tener una selección objetiva”, no está de acuerdo con la decisión de prescindir de SERPAJ sin antes abrir un llamado a licitación porque “la institución se queda con un vacío enorme de atención para los jóvenes”. Pérez argumentó en sesión que “el cese del convenio se hizo en estos tiempos porque ya se trataba del tercer intento, y si se notificaba el cese fuera de plazo, no se podría hacer y se seguiría un año más en esta condición”. En relación a esto, Sorondo explicó a Sala de Redacción que desde el 2020 el INISA reiteraba la voluntad de prescindir de SERPAJ, pero que por problemas administrativos recién se efectivizó este año, sin embargo, no hicieron un llamado paralelamente a esta gestión. Venosa señaló que el aceleramiento del proceso “parece una voluntad política” de prescindir puntualmente con SERPAJ, porque el INISA también mantiene convenios con otras organizaciones y “no se plantea algo similar, de rescindir”. De Olivera por su parte, dijo que “de ninguna manera” se trataba de un tema político, y que la demora del cese tuvo que ver con “idas y vueltas” burocráticas ya que “los informes de jurídica fueron contradictorios”.
Saberes
El INISA también contempla como argumento que ya cuentan con una “amplia propuesta” de talleres educativos que “se superponen y duplican” con los que impartía SERPAJ. Según Venosa, SERPAJ impartía a 70 jóvenes talleres de informática, cocina, panadería, confitería, maquillaje artístico, barbería, serigrafía y alfabetización laboral. De Olivera, mencionó que los talleres del INISA son de arteterapia, fotografía y arte, huerta, básquetbol, deporte y recreación, cine, percusión, danza, deportes, corte y confección, construcción, gastronomía, huertas y peluquería, y que los 5 talleristas para los que se abrirá el futuro llamado cubrirán todos los talleres de SERPAJ menos el de maquillaje artístico. Pérez (PN) también mencionó que “casi todas las organizaciones sociales están con prórrogas y contratos vencidos”, por lo que este llamado será abierto para todas ellas, incluida SERPAJ. Pero hasta ahora dicho llamado no fue efectivizado, y según dijo Samudio a Sala de Redacción, “aún no hay noticias” de que esté por suceder a la brevedad. Además, agregó que las participaciones “casuales” de otras organizaciones, son mencionadas por el INISA “como si pudieran sustituir una educación no formal”, pero que los adolescentes “deben tener acceso a una formación con determinados componentes técnicos, de habilidades y conocimientos”. Venosa también comentó a Sala de Redacción que no ve en la selección de talleristas que contrata INISA “una ponderación clara, objetiva y transparente de cómo se eligen”, y que en una ocasión anterior, con el argumento de que “seleccionaron lo provechoso” para los adolescentes, “descartaron todo los que es artístico y cultural”. En diálogo con UniRadio, Vaselli coincidió y dijo que “es falso” que ya exista una “amplia propuesta” del INISA, tal como se argumenta en el comunicado que se les hizo llegar. También dijo que hay adolescentes que “van a presentar cartas en contra del fin del convenio”, porque “es importante para ellos los cursos que da SERPAJ”.
El tercer argumento, es que los talleres de SERPAJ “no certifican formalmente la acreditación de saberes”. En este sentido, De Olivera resaltó en la Comisión que su Administración tuvo el “gran logro” de ingresar la UTU al INISA luego de firmar el primer acuerdo en junio del 2020 y de forma consecutiva hasta este año, con el fin de “implementar propuestas educativas en el nivel de educación media básica y superior” que puedan ser continuadas cuando el adolescente abandone la institución o pase a una medida no privativa de libertad. Además, destacó que se logró que UTU haga la acreditación de saberes de forma gratuita, porque “todos saben el respaldo que tiene la UTU a la hora de conseguir un trabajo”, y “a la hora del diploma, que diga «gastronomía», con el loguito del INISA, no es lo mismo que tenga el logo de la UTU”. Con respecto a este tema, también apuntó que “habría que preguntarle al gobierno anterior”, por qué anteriormente este convenio no existía. Sin embargo, Venosa aseguró a Sala de Redacción que “el argumento de que SERPAJ no acreditaba saberes, no es así”, y que “esto se puede corroborar haciendo un pedido de información pública”. Según la directora del INISA, UTU ya colaboraba en el procedimiento de acreditación desde la Administración anterior: “Cuando los chiquilines terminaban un curso y tenían el certificado, venía UTU y corroboraba que se hayan dado determinados contenidos dentro del curso, y ahí se acreditaba el saber”.
En la sesión del 23 de mayo, Sorondo señaló que la incorporación de los cursos de UTU al INISA sigue sin comenzar: “Estamos en 2023 y la UTU no está funcionando como lo han planteado. No hay un plan de medidas socioeducativas y se restringe el acceso a la educación”. En la sesión que tuvo por invitados a las autoridades del INISA, Juan Castillo argumentó que “INISA tiene un salón con toda la estructura armada a la espera de que lleguen los profesores, pero la UTU no ha logrado hacer el llamado a los docentes”. Sobre este aspecto, Venosa apuntó que “un 20% de los chiquilines elegían la UTU porque les interesaba después seguir con un oficio”, pero que luego “hubo que incorporar rápidamente a los chiquilines a Secundaria, porque si no iban a quedar todo el año sin educación”. Además, piensa que la incorporación se daría recién en el año que viene y que por ahora “no hay una alternativa para llenar estas horas que quedan vacías”. También explicó que “no se está aumentando horas con la UTU”, sino que “se le da la opción a los adolescentes”, lo que en realidad es lo mismo porque “la cobertura tiene que estar igual sea de la UTU o de Secundaria”. Respecto a esto, Sorondo expresó a este medio que a SERPAJ “le parece fantástico que esté la UTU” pero que uno no sustituye al otro porque se trata de propuestas diferentes: “La UTU es educación formal, nosotros somos un proyecto socioeducativo no formal. El Estado debería garantizar la pata educativa con una oferta diversa. No son propuestas excluyentes, se complementan y se potencian”.
En base a datos del Observatorio INISA, los adolescentes atendidos tienen 1,6 horas diarias de medidas socioeducativas, lo que para Venosa “es muy inferior a la meta que el propio directorio se propuso, es decir, dos horas por día”. Para Castillo, se trata de “mucho más que eso”, porque “solo se contempla las horas de educación formal”, cuando a su juicio “todas las actividades que un joven realice son parte del universo educativo, como la higiene personal, la convivencia con los compañeros, el apoyo a la cocina, la limpieza del establecimiento”. Sin embargo, Sorondo dijo a Sala de Redacción que con la baja de SERPAJ, “si la oferta educativa ya era muy poca, ahora obviamente, bajó aún más”. Agregó también, con respecto a lo comentado por Castillo, que en el Código de la Niñez y la Adolescencia hay un artículo “bastante escueto” que dice que “el Estado debe garantizar las medidas socioeducativas”, pero que esto “implica una propuesta, un proyecto que se arma”, que debe incluir “actividades educativas y recreativas, además de un anclaje laboral.”
Otro argumento de Castillo es que los talleres de SERPAJ impedían al adolescente hacer más de un curso simultáneamente, pero que con los talleres del INISA, si un adolescente lo desea “puede realizarlo a través del dinero que sale del Programa de Inserción Social y Comunitaria”, lo que “habilita a tener muchas más posibilidades”. A esto, Andrea Venosa respondió que “no es verdad que los adolescentes pudieran hacer solo cursos del SERPAJ”, e incluso “muchos de ellos” recibían talleres desde SERPAJ e INISA simultáneamente. En relación a esto, Vaselli explicó a Sala de Redacción que a SERPAJ se le pagaba por adolescente, por lo que si bien el adolescente no podía hacer dos cursos de SERPAJ simultáneos, sí podía “terminar un taller y empezar otro”, lo que no quita la posibilidad de cursar paralelamente un taller del INISA. Además, mencionó que esta modalidad permitía a SERPAJ alentar la continuidad, en cuanto se generaba “un proceso educativo, que no sólo implica la capacitación, si no el refuerzo del vínculo con el adolescente”. Sorondo agregó que con esto se buscaba “ampliar la propuesta a más chiquilines”, para que todos pudieran aprovechar los cupos.
Hay otras cuestiones que, si bien no fueron nombradas en el comunicado que le llegó a SERPAJ, sí lo fueron por parte de las autoridades del INISA en ocasiones diferentes. Pérez declaró que en el taller de serigrafía de SERPAJ “se violó la laicidad”, a partir de la creación de un logo que “hacía apología del delito”. De Olivera mencionó en sesión un expediente sobre el caso de “un chico alcoholizado y con vómitos que vino de un taller de la asociación civil Servicio Paz y Justicia”, luego de consumir alcohol en gel en el baño: “nunca nos había pasado algo parecido (…) esas no son las instituciones que mejor se ajustan a la misión que se persigue”, sentenció la presidenta del INISA. Vaselli, por otro lado, argumentó que en cuanto a SERPAJ “no hay informes negativos de parte de INISA, sino que por el contrario siempre fueron positivos”. Venosa también dijo a Sala de Redacción sobre el mencionado incidente que en INISA “ya hubieron accidentes similares”, por lo que “no es algo exclusivo ni imputable a SERPAJ”, además de que “es imposible que los educadores de SERPAJ acompañaran al baño al adolescente”, ya que “hubiera sido también, ir en contra de su intimidad”.
Encierro
En el 2022, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) hizo una serie de observaciones a la justicia juvenil uruguaya. En el documento se presentan preocupaciones sobre ”el endurecimiento de las penas privativas de libertad”, “funcionarios con sumarios o investigaciones abiertas por malos tratos a menores no habrían sido apartados de sus puestos”, “detenciones preventivas prolongadas”, “limitación en el número de actividades socioeducativas, laborales y de inserción social” y “malas condiciones de higiene y hacinamiento”. En base a esto, alguna de las recomendaciones fueron “adoptar medidas alternativas a la prisión preventiva siempre que sea posible”, “velar por que las condiciones de detención en los centros de internamiento de menores sean conformes a las normas internacionales de derechos humanos” y “aumentar el acceso de los menores detenidos a programas de educación, rehabilitación y reinserción social”.
Según un comunicado publicado por SERPAJ, el cese de su convenio atenta contra algunas de estas recomendaciones, ya que desde INISA “no está previsto un proyecto general de medidas socioeducativas para la gestión del encierro”. Además, según Vaselli, “lo recomendado a nivel internacional es que los adolescentes salgan a estudiar afuera”, pero SERPAJ debió denunciar a dos centros del INISA por “horas de encierro y violencia”. Castillo resaltó en el Parlamento que en el 2019 las horas de encierro eran 9, mientras que actualmente son 4,5. Además agregó que si bien desde INISA se apunta “a tener cada vez menos encierro, es inevitable” ya que incluso algunos funcionarios le habrían explicado que “llegaron al máximo de horas diurnas de libre movilidad que podían dar”. De Olivera también recalcó que de 56 horas semanales que tenía SERPAJ, “sólo 9 eran afuera”, y por su parte Pérez agregó que “con el Inefop, con el INJU y con el Ceconeu, los jóvenes también salen a otro tipo de actividades”. Asimismo, resaltó que “por primera vez en muchísimo tiempo” desde INISA se cuentan con “más medidas no privativas de libertad que medidas privativas”, y que se pretende “invertir el dinero para convenios” en seguir mejorando esta cuestión. En relación a esto, Venosa respondió ante los legisladores de la Comisión que: “contrariamente a lo que se señaló, en muchos de los centros a veces superan las catorce horas”. Y agregó que “SERPAJ tenía ese plus de que los chiquilines tenían que salir de los centros a tomar las clases afuera, como cualquier adolescente”, pero que en el plan de la incorporación de la UTU “vendrían a dictar clases dentro de los centros dentro del INISA”, por lo que “si bien INISA lo mide como horas de educación”, los adolescentes “continúan dentro de los centros de privación y así no se disminuye el encierro”.
