Claudia Duque, periodista y activista por los derechos humanos en Colombia, participó como panelista de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa de Unesco, que se realizó la semana pasada en Punta del Este. En esa instancia contó sobre su experiencia de persecución y vigilancia en el ámbito periodístico colombiano, marcado por las amenazas y ataques a los profesionales de la comunicación.
En diálogo con Sala de Redacción, Duque explicó que el ejercicio del periodismo en Colombia es “hostil” y ella misma experimenta una persecución de más de 20 años. “Tenemos muchísimas amenazas directas, acoso online y la protección [del Estado] nos brinda garantías hostiles”, dijo, en referencia al vehículo que el gobierno colombiano le otorgó para su protección, en el que encontraron cámaras, micrófonos y controles de geolocalización. Para Duque, estos mecanismos de invasión de la vida privada de los periodistas se han “normalizado” por parte de los representantes de la Justicia. “Para los jueces es totalmente normal que cuando estés protegido por el Estado pierdas el derecho a la privacidad”, dijo.
En 2020, el Tribunal Administrativo de Cundicamarca determinó que el ex Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cometió el crimen de “tortura psicológica” contra Duque. Dicho fallo se produjo a partir de una demanda que en 2012 realizó la periodista por entender que era víctima de persecución y actividades ilegales de servicios del gobierno entre 2001 y 2010. En esos años la periodista realizaba una investigación del homicidio de Jaime Garzón, periodista, humorista y figura televisiva colombiana. Duque explicó que el DAS dispuso de un montaje para desviar la investigación y generó “chivos expiatorios” en el caso. Nueve años después, el homicidio fue atribuido al subdirector del departamento administrativo del DAS, José Miguel Narváez.
Tras esta investigación, Duque empezó su trayecto como “víctima” y contó que la vigilancia de la que fue objeto se dio a partir de seguimiento, amenazas, ataques y rastreos, tanto a su persona como a su familia, lo que la llevó a abandonar el país en varias oportunidades. Según explicó, actualmente hay “ocho personas en juicio y todos los perpetradores están libres”. Al respecto, agregó que uno de los casos el juicio se ha consolidado y que la instancia de manifestación de las partes -luego de la entrega de pruebas y cargos- fue en 2017, pero que aún no existe sentencia. Según la periodista, la jueza que está a cargo “es parte del proceso de impunidad”. “Al mismo tiempo que deja libre a los perpetradores ha emitido una orden de censura en mi contra, con la que me amenaza de ir a la cárcel por hablar del caso”, sostuvo.
Actualmente, Colombia cayó 11 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) y se encuentra en el lugar 145 de 180 países. Para Duque, la desconfianza del periodismo colombiano se intensifica con el ataque de funcionarios públicos a la profesión periodística en discursos públicos y durante procesos preelectorales, por los que “cada cuatro años aumentan las amenazas”, señaló.
Situación en Uruguay
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) se reunió el 3 de mayo con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, a quien entregó una carta que informa de un aumento de casos de amenazas contra la libertad de expresión y la labor periodística en el último año.
La carta explica que desde hace meses el sindicato visualiza un contexto de “hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico por parte de distintos voceros del gobierno, tanto en redes sociales como mediante mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales”.
La carta de APU hace referencia al séptimo informe sobre Periodismo y libertad de expresión en Uruguay, presentado el 29 de abril por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Según el documento, se registraron 69 amenazas a la libertad de expresión entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, el número más alto desde que se realiza el registro.
En el documento se aclara que Cainfo está en conocimiento de más situaciones de “restricción o amenazas a la libertad de expresión”, pero por encontrarse en trámite o por pedido de las víctimas no fueron incluidas en el informe final. Además, la organización reportó al “responsable” de las amenazas: 70% provinieron de organismos o funcionarios estatales, 26% de personas privadas y 4% de personas o grupos no identificados.
De acuerdo al informe, “Uruguay no es ajeno a las tendencias regionales” en materia de la complejización del “libre ejercicio de la profesión periodística”. Asimismo, este año Uruguay cayó 18 lugares en el Índice de Libertad de Prensa de RSF. Según explicó la organización, la caída del puesto 18 al 44 se explica en buena medida por un cambio metodológico en el ranking, que pasó a medir “el contexto social, político y económico, además de la seguridad de los periodistas y el marco legal de cada país”. Aunque se destaca el estado de “excepción” del periodismo uruguayo en América Latina, en el informe de RSF se menciona que en los últimos años “se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República”.
