Segura inseguridad

“Costó mucho incorporar la variable étnico-racial en los registros de la Policía”, afirmó a SdR Beatriz Ramírez, activista y cofundadora de la organización Mundo Afro. A su vez, explicó que a nivel oficial no hay mucha información sobre la violencia racial ejercida por la Policía. De la misma manera, Tania Ramírez, licenciada en relaciones internacionales e integrante fundadora del colectivo de mujeres afro Mizangas, dijo que no hay investigaciones que arrojen datos al respecto, pero asegura que existe un trato diferente por “las experiencias propias, tanto a nivel personal como de familiares”. Además, planteó que “hay una intencionalidad política” detrás de la ausencia de esos datos, y puso como ejemplo la situación de la población privada de libertad: sostuvo que la mayoría es afro, pero que es algo que Uruguay “no quiere ver y no está evidenciando”, porque implicaría una demostración de que “aún somos un país racista”.

La integrante de Mizangas aclaró que al hablar de violencia policial no sólo refiere a la detención en la calle -que “son los casos más recurrentes”-, sino a la atención en las comisarías: cómo reciben la denuncia, el trato o el vínculo. “Más allá de la experiencia personal, lo que se intenta denunciar es que hay una práctica sistémica institucional que responde a una lógica estructural racista”, aseguró. Para la activista, tiene que ver con la construcción del sujeto y la “portación de cara”, con cómo se criminaliza la pobreza, las juventudes y las negritudes.

Por otro lado, la cofundadora de Mundo Afro planteó que cuando se sospecha de alguien, “las personas afro siempre son las primeras que se ponen en la mira”. Sin embargo, sostuvo que la situación en Uruguay no alcanza la dimensión sufrida en Brasil o en Estados Unidos. Especificó que en el país brasileño es “moneda corriente” que mueran personas afro -sobre todo jóvenes- en las favelas a manos de la Policía.

“El 75% de las víctimas de la violencia letal en Brasil son negras”, se lee en el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Otros de los datos expuestos dan cuenta de que las probabilidades de un joven negro de morir a manos de la Policía son casi tres veces más que las de un joven blanco: de 100 víctimas asesinadas, 75 son personas negras, y el 66% de las mujeres asesinadas en 2017 eran afrodescendientes.

Por otra parte, Tania Ramírez explicó que la comunidad afro recibe constantemente “mensajes de criminalización”, y puso dos ejemplos: “Vienen un par de negros” o “se me acercaron un montón de negros”. A su vez, afirmó que las personas afrodescendientes “tristemente” no encuentran en el cuerpo policial un espacio seguro: “Son la referencia de inseguridad, de detención, de acusación falsa, de malos tratos y de insultos”.

El Área Étnico Racial del Ministerio del Interior (MI) se creó en 2015 y en el documento de gestión del período de gobierno pasado se establecieron sus responsabilidades: entre otras, formar al cuerpo policial respecto a la dimensión étnico-racial; impulsar interinstitucionalmente las intervenciones a la población afrodescendiente y africana dentro del sistema carcelario; “impulsar con diferentes organismos la presentación, viabilidad y resolución de las denuncias o peticiones sobre situación de racismo, discriminación y xenofobia”. A su vez, el área integra la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación desde el año 2016.

El año pasado la sección inauguró el Plan Nacional de Equidad Racial. Algunos de sus principios y estrategias son: reconocer la existencia del racismo en todas sus dimensiones y el daño que produce; introducir la perspectiva de equidad etnico-racial en la administración pública, en el mercado de trabajo y en el sistema de salud; promover la equidad racial en las perspectivas de género, generación y territorio. SdR intentó comunicarse con las autoridades del área, pero no fue posible.

No fue el primero

“El caso de George Floyd desató una situación que se viene dando desde hace siglos”, aclaró la licenciada Ramírez. Es “uno más de los tantos” violentados y asesinados, y si bien generó una indignación a nivel mundial, “todavía no hay transformaciones reales”. Según explicó Tania Ramírez, desde Mizangas se vivió la situación “con mucho dolor, como un duelo que parece no terminar, porque te recuperas y aparece otro caso”.

El pasado 25 de mayo circuló un video en el que se veía a un agente policial de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, mientras presionaba su rodilla sobre el cuello de Floyd. Según la autopsia, falleció por asfixia. En las imágenes se escucha cómo Floyd le dice varias veces al oficial que no puede respirar hasta quedarse sin aire.

A partir de este suceso, el movimiento Black Lives Matters -las vidas de las personas negras importan- comenzó una serie de manifestaciones en diferentes localidades de Estados Unidos, no sólo por el hecho puntual, sino también por el trato policial violento hacia las personas afro. El movimiento rápidamente se expandió por gran parte del mundo con el lema “I can’t breathe” -“no puedo respirar”-.

Beatriz Ramírez explicó que los diversos colectivos transitaron la muerte de Floyd de dos maneras: por un lado, “con mucha pena”, y por el otro, con “mucha solidaridad” hacia las personas afroestadounidenses. Para la cofundadora de Mundo Afro la comunidad vive en situaciones de altísimo riesgo ya que “lamentablemente las expresiones de racismo, de discriminación, de violencia y los discursos de odio en los Estados Unidos siguen a lo largo de los años”.

En Estados Unidos, el 28% de las víctimas asesinadas por la Policía son afrodescendientes, a pesar de que representan el 13% de la población del país, según lo informa la ONG Mapping Police Violence -Mapeando la Violencia Policial-. Desde la organización también se afirma que las personas negras tienen el triple de posibilidades de morir en un enfrentamiento violento con la Policía; entre 2013 y 2019 el 17% de los individuos asesinados sin portar armas eran afro, cinco puntos porcentuales más que las personas blancas.

El caso de Floyd no fue el primero ni el último. En febrero de este año, en el estado de Georgia, Ahmaud Arbery -de 25 años- salió a correr y, en el camino, fue asesinado por un ex agente de la Policía y su hijo. El 13 de marzo, en el estado de Kentucky, Breonna Taylor -de 26 años- fue asesinada en su propio apartamento por tres policías que ingresaron en la noche, vestidos de civil, con una orden de allanamiento. El novio de Taylor disparó a los oficiales porque pensó que eran ladrones, y en respuesta los uniformados mataron a la mujer con ocho disparos.

El 23 del mismo mes, en Nueva York, la policía asesinó a Daniel Prude. Le colocaron una bolsa en la cabeza, lo desvistieron a la intemperie -con temperaturas bajo cero- y lo sujetaron con fuerza hasta que murió asfixiado. Unos meses más tarde, el 23 de agosto, la Policía del estado de Wisconsin asesinó a Jacob Blake con siete disparos en la espalda, al momento en el que entraba a su auto donde lo esperaban sus hijos. El miércoles 2 de este mes, Deon Kay -de 18 años- fue asesinado por la Policía de Washington con disparos en el pecho cuando huía de los oficiales que pretendían interrogarlo.

Durante estos meses de pandemia, en Uruguay se violentaron a tres personas afrodescendientes en situación de calle. La integrante de Mizangas recordó el caso de Gustavo, a quien no le permitieron ingresar a un refugio, tuvo posteriormente un altercado con la Policía y a la mañana siguiente lo encontraron en la puerta de una panadería muerto por hipotermia, con un corte de 11 centímetros en la cabeza.

También rememoró la situación de Andrés, quien “todavía está luchando por su vida” luego de haber sido quemado mientras dormía en la calle. Por último, Víctor, quien fue detenido y trasladado por la Policía, pero cuando regresó todas sus cosas habían desaparecido; “y estamos hablando de una persona que vive en situación de calle”, expresó la activista.

“Se sobrevive, eso no es vida”

La violencia policial no está presente únicamente en Estados Unidos. Hay una creencia popular de que América Latina es menos racista que el país norteamericano, pero no es del todo cierta. “El racismo es una dimensión que está estructurada en la sociedad biológicamente y filosóficamente, entonces no se puede decir si hay más o menos. Hay expresiones menos violentas y expresiones más violentas”, puntualizó Beatriz Ramírez.

La fundadora de Mizangas planteó lo mismo: “Creer que en Estados Unidos hay más racismo que en Uruguay es una falsedad”. Según dijo, implicaría no reconocer la historia de América Latina, donde el tráfico y la esclavitud fueron parte de la construcción del continente. “Todos somos descendientes y herederos de esa América que cometió el genocidio indígena, esclavizó indígenas y africanos, en beneficio de una minoría blanca”, aseguró.

Mónica Olaza, doctora en Sociología, plantea en su investigación “Racismo y acciones afirmativas en Uruguay” que “los estados-nacionales occidentales mediante procesos de conquista, colonización, aculturación, expulsión, migraciones y fronteras diseñadas durante períodos de guerras adoptaron como válido un patrón cultural blanco y eurocéntrico”, y silenciaron otras culturas. Además, afirma que en Uruguay “no hay racismo explícito”, pero que se ha comprobado su existencia en la expresión estructural, institucional y en la vida cotidiana, a partir de estudios cualitativos y cuantitativos.

Tania Ramírez sostuvo que el racismo “es un constante hostigamiento” que las personas afro viven desde pequeñas, y puso como ejemplo la situación de comprar productos en un supermercado: “No hay un día en el que vaya y no me siga la persona de seguridad, porque tiene instalado que soy plausible de no pagar por los productos que estoy comprando”.

Olaza también explica que “los afrouruguayos se representan como portadores de una cultura propia, mantenida a través del tiempo, como integrantes de un multiculturalismo silenciado por años”. Asimismo, afirma que buscan el reconocimiento por su aporte a la cultura nacional, que se representa a través del “tambor, el candombe y las llamadas”. Olaza agrega que el racismo se basa en acciones discriminatorias que “generó y genera heridas identitarias en los sujetos que lo padecen”, es decir, que las minorías pasaron por un proceso en el que negaron sus identidades para ser aceptadas socialmente. Esta condición fue heredada de padres a hijos, y se reafirma por las “condiciones de pobreza económica, el escaso reconocimiento cultural y la ausencia de representación en defensa de sus intereses”.

Por otra parte, la cofundadora de Mundo Afro mencionó que el racismo forma parte de un sistema punitivo. Habló sobre la Ley de Urgente Consideración y explicó que el concepto de “apariencia delictiva” es “un punto de preocupación” para los colectivos afro, porque refiere a que “todo aquel que no es rubio, que no pertenece a los grupos de las élites, es sospechoso”. Sobre este punto, la fundadora de Mizangas dijo que al hablar de la criminalización de la pobreza y de las negritudes no refiere al imaginario colectivo, sino a un sistema que responde a eso. “¿Qué implica la criminalización de todos esos cuerpos? Que hay otros cuerpos que no son considerados criminales, entonces gozan de privilegios”, expresó.

Consultada sobre cómo la comunidad afro vive el hostigamiento y el racismo en los diferentes ámbitos sociales, planteó que unos normalizan algunas prácticas, otros no las permiten y reaccionan a ellas, pero concluyó: “Se sobrevive, eso no es vida”. A su vez, agregó que es momento de “hacer responsables” a quienes promueven y practican actitudes racistas. Según manifestó, que las personas negras sigan vivas después de pasar más de 500 años de persecución y de violencia “es un hecho de resistencia y resiliencia”.

Como conclusión, Tania Ramírez expresó: “Más allá de Black Lives Matters, más allá de lo de George Floyd, acá también están pasando cosas, acá también las vidas negras importan. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad? ¿Cómo nos ocupamos y nos hacemos cargo del post que subimos a las redes sociales? Es momento de hacer un ‘click’ como sociedad. Cada uno desde su lugar tiene la responsabilidad ética y humana de hacerse cargo de este tipo de situaciones”.