La declaración de emergencia se ampara en la Ley N° 18.621 del 2009 -que creó el Sistema Nacional de Emergencias-, y según el artículo N°4 se sitúa en un estatus intermedio entre la “alerta” y el “desastre”. Durante la conferencia de prensa del lunes 19 de junio, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la eliminación de la aplicación del Impuesto Específico Interno (IMESI) al agua “mineral o soda” embotellada. Además, este jueves se aprobó a través de un proyecto remitido desde el Poder Ejecutivo al Legislativo de forma urgente, la eliminación del IVA a estos productos. Las medidas estarán vigentes hasta el cese de la emergencia
A su vez, anunció una “obra rápida” que empezó en el empalme del Río San José con el Río Santa Lucía, a la altura del parador Tajes, ubicado al oeste de Los Cerrillos, Canelones. Tendrá un costo estimado de 20 millones de dólares, y se trata de un embalse que buscará contener una mayor cantidad de agua dulce para abastecer a la planta de Aguas Corrientes, Canelones; para esto construirán una línea de bombeo que permita el trasvase de un lugar a otro. El presidente puntualizó que una de las limitantes es que el plastiducto encargado a Argentina y la cañería a Brasil, porque implica una determinada cantidad diaria de producción en la fábrica que puede enlentecer su instalación.
En diálogo con Sala de Redacción, el director de la División de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM), Ignacio Lorenzo, apoyó la decisión de declarar estado de “emergencia hídrica”, y recordó que la comuna ya lo había propuesto a principios de mayo. Respecto al embalse del Río San José, Lorenzo destacó que en la reunión mantenida con el Comité de Emergencia Departamental a inicios de mayo, OSE transmitió que “la obra demoraría tres meses en estar completa”; sin embargo, en la conferencia de este lunes el presidente declaró que la obra estaría pronta en un máximo de 30 días.
Lorenzo está de acuerdo en que se eliminen temporalmente los impuestos al agua embotellada e “inicialmente se realice un monitoreo de precios”. En caso de que “se visualice que el precio no disminuye, se podría ir a un esquema de fijación de precios”, consignó el jerarca capitalino. Según informó el presidente en la conferencia, se “duplicó el consumo” de agua embotellada y hubo algunos picos en que “se multiplicó por cinco”.
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la República anunció que se mantendrá el suministro “a hospitales, escuelas, residenciales, CAIF y dependencias del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”. A la vez que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) “seguirá garantizando” a 21.000 personas de bajos ingresos el “suministro gratuito de dos litros de agua por día” hasta que finalice la emergencia hídrica.
Debido a la merma de las reservas de agua, OSE resolvió solicitar un aumento del orden de la duplicación de los niveles de cloruros y sodio al Ministerio de Salud Pública (MSP), y está en evaluación junto con los técnicos “hasta donde podríamos llevar esos registros para que siga siendo bebible”, aseguró el presidente. Por último, adelantó que si bien “puede derivar en una peor calidad de agua”, no se cortará el suministro por el momento y no habrá un descuento en las tarifas de OSE.
Además de las acciones realizadas por OSE y MIDES, así como el apoyo que brindan las Intendencias de Montevideo y Canelones para distribuir agua embotellada a personas vulnerables -por ejemplo embarazadas y bebés-, con afecciones en la salud (insuficiencias cardíacas, renales crónicas, hipertensión, cirrosis), de bajos ingresos o instituciones de la salud y la educación, existen otras propuestas. El PIT-CNT solicitó a través del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), OSE y el MSP se expidan sobre la potabilidad del agua.
Al margen de este pedido, que fue realizado por el Inspector General del Trabajo, Tomás Teijeiro, a fines de mayo a través de cartas oficiales, el MSP y OSE presentaron los primeros informes diarios de calidad del agua, en los que se visualizan valores mayores a la excepción habilitada de sodio y cloruro, que varía según la línea de bombeo analizada. Según el Portal de Presidencia de la República, el MSP desaconseja el consumo de agua de OSE para las personas con enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis y embarazadas, pero en caso de tener que consumirla, no deben exceder el litro diario de agua corriente y tendrán que complementar con agua mineral de ser posible.
El artículo 95 del Decreto N°406/988 en el que se establece el “Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. Seguridad Laboral”, determina que los empleadores deben garantizar la provisión de agua potable a sus trabajadores “para beber e higienizarse”. El dirigente Luis Eduardo Machado, representante del PIT-CNT ante el CONASSAT, dijo a SdR que “el objetivo es que el Poder Ejecutivo establezca una norma general”, a través de la cual “los empleadores se vean obligados a proveer de agua embotellada [o debidamente filtrada]”, a los efectos de cumplir con la prevención y seguridad en el trabajo. También adelantó que es posible que esta medida “solo se consiga para las personas con afectaciones directas de la salud”, como negoció y acordó el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) para esta rama de la actividad. Sin embargo, Machado aseguró que la idea desde el PIT-CNT es “no tener que pelear cada sindicato por separado, sino que haya una resolución general”.
Reservas
Mario Bidegain, asesor del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), advirtió a SdR que no se presentaran lluvias significativas en junio ni en julio. Por lo tanto, las reservas de agua dulce en la cuenca del Río Santa Lucía no se verán beneficiadas de un aumento durante el comienzo del invierno. A su vez, explicó que “el fenómeno de la niña nos viene influyendo fuertemente con un clima seco” y que no se esperan lluvias abundantes hasta agosto y hacia el comienzo de la primavera, período en el que “sucederá la transición al fenómeno del niño”, en el que habrá un clima más lluvioso.
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente (MA) convocó a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, junto al Consejo Regional de Recursos Hídricos para el Río de la Plata y su Frente Marítimo para el miércoles 21 de junio, tras la solicitud previa de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), de REDES-Amigos de la Tierra (AT), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), etc.
Bajo la conducción del MA, a través de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), participaron de este ámbito además de autoridades del gobierno, organizaciones e instituciones vinculadas a la materia, previamente registradas. Se trata de un órgano asesor y consultivo en el que la academia, la sociedad civil organizada y el sector productivo pueden involucrarse en la gestión del agua.
No obstante, tanto OSE como el MSP no participaron de la sesión: en el caso de la empresa estatal el motivo fue que Presidencia de la República es el “único vocero autorizado para informar sobre la problemática”, según confirmó La Diaria, en base al comunicado enviado por la Dinagua previo a la reunión. Mientras que el MSP tenía una reunión “impostergable” por el mismo tema, explicó el medio y reafirmó FFOSE en su cuenta de Instagram.
Distintas organizaciones como FFOSE, la CNDAV y el movimiento “autoconvocado” llamaron a concentrarse el mismo miércoles en la sede de la Dinagua y se manifestaron contra la gestión del gobierno ante la problemática. De acuerdo a comunicados públicos a los que accedió SdR mediante las redes sociales de las organizaciones, se pudo constatar que hay coincidencias en que la Comisión es constitucionalmente un lugar de consulta popular y que esto no ha sido respetado desde el gobierno.
