La diputada Daisy Tourné planteó un proyecto que beneficiará a huérfanos de padres fallecidos por violencia doméstica. Por su parte la Escuela Nacional de Policías capacitará a sus estudiantes sobre la temática, a través de Internet.
El hogar debería ser un espacio de intimidad, comodidad, libertad de acción y seguridad para sus habitantes. Por el contrario, de cada tres familias uruguayas, una convive con el enemigo. La violencia domestica no respeta edades, género, nivel socioeconómico, grado de educación formal, religioso o cultural. Se manifiesta entre personas que mantienen un vínculo afectivo o familiar, en un ámbito donde se vulneran los derechos de la víctima a nivel físico, psicológico o sexual.
Este tipo de violencia es una demostración de poder ante el dominado y se efectúa sobre aquellos grupos humanos más débiles: niños, mujeres, ancianos, inválidos, personas en situación de extrema pobreza, refugiados, minorías raciales o religiosas.
Según una investigación realizada en Uruguay durante 2001 por la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, del Ministerio del Interior, cada nueve días muere una mujer (niña, adolescente o adulta) por causa de la violencia doméstica, mientras que cada 52 días fallece un hombre en relación de pareja por la misma causal. Sin embargo, en conversaciones con Mabel Simois, psicóloga de la Casa de la Mujer (Unión), se informó que durante la primera parte del 2011, falleció una mujer cada 12 días.
El 85% del total de mujeres asesinadas lo fueron por sus parejas; como resultante, cada año en el país quedan huérfanos entre ocho y 14 niños, dado que además de la falta materna, el agresor se suicida o se lo encarcela.
La realidad los golpea desde pequeños
La diputada Daisy Tourné planteó un proyecto de ley para aumentar la pensión para los hijos de padres fallecidos por violencia intrafamiliar. En la mayoría de los casos los niños quedan a cargo de adultos que ya tienen sus propios hijos. Por lo tanto se beneficiarán con una pensión que ronda entre los 4200 pesos (equivalente a una asignación de vejez) que será administrada por el mayor que posea la tenencia legal del menor, y una asignación especial de 865 pesos mensuales. Recibirán un suplemento de 1.168 pesos, aquellos adolescentes que cursen enseñanza media o superior, o padezcan incapacidad física o psíquica. Los montos asignados serán depositados en una cuenta a la que tendrán acceso al cumplir la mayoría de edad.
El proyecto fue enviado al Consejo de Ministros por Eduardo Brenta, Ministro de Trabajo. En el Poder Ejecutivo el proyecto fue bien recibido, y se espera una pronta resolución del Parlamento.
La dificultad que viven estos chicos fue advertida por el grupo internacional de activistas en contra de la violencia doméstica: “Mujeres de Negro”, que en nuestro país cuenta con 156 componentes en total. Su presidenta, Jenny Escobar, afirma que Tourné elaboró el proyecto en respuesta a la insistencia de ellas sobre el asunto. “El proyecto abarca nuestras peticiones y las supera, está en la Comisión de Seguridad Social junto con muchos otros proyectos, pero nosotras tenemos que seguir ejerciendo presión para que eso salga lo antes posible”, dijo. A su vez solicitarán al Ministro del Interior que las pensiones sean en unidades reajustables “para que no se desvalorice el dinero con el tiempo”.
Andrea Tuana, codirectora del El Faro, centro de atención a mujeres y adolescentes que viven situaciones de maltrato y/o abuso sexual, opinó sobre la iniciativa: “Para nosotros realmente es otro gran avance, era una de las necesidades que estaba quedando muy poco visible. La situación realmente genera efectos que profundizan el daño y la tragedia que viven esos gurises. Cargan con su propio trauma, impacto, dolor de la pérdida de la madre y el suicidio o encarcelación del padre, y pasan a vivir con una familia que a su vez siente un cambio y la precarización de su situación, ya que tiene su propios hijos. Al no tener ningún soporte desde el Estado, se dejaba a estas familias en la soledad absoluta sin ningún sostén”. “Los chicos no estaban recibiendo ningún aporte económico ni siquiera para tener un tratamiento psicológico adecuado; entonces este es un proyecto valioso, lo recibimos desde El Faro, con los brazos abiertos” aseveró Tuana.
¿Es cosa de hombres?
“Los datos de un estudio realizado por la ONU marcan que en 100 denuncias,sobre violencia doméstica, 75% de las víctimas son mujeres, 23% son niños y niñas y un 2% son hombres” afirmó Mabel Simois. Es lo común desde la concepción de una sociedad patriarcal, “habría que enseñar desde pequeños, en la escuela, los mecanismos para resolver el conflicto; es difícil recuperar una situación que viene desde la casa”.
Tuana comentó que “en las consultas es muy difícil que lleguen hombres porque los servicios están orientados a mujeres, niños y adolescentes; no hemos recibido hombres adultos que sean víctimas”.
Informó que hay una sola organización dedicada a hombres: “Renacer” que está a cargo del Psicólogo, Robert Parrado: “Hace muchos años que está funcionando, aunque para la cantidad de casos que hay es como que no existieran servicios de rehabilitación para hombres”. “Una de las características típicas de las personas que son violentas es que no admiten esa situación, la miniminizan, no tienen empatía con las víctimas, piensan que lo que están haciendo es normal, no los golpes, pero si esa situación de dominación y control, culpan a los demás”. Indicó que es difícil encontrar a una persona que realmente advierta su problema, y que busque ayuda. Si no hay un reconocimiento del problema es casi imposible trabajar en una rehabilitación. Generalmente sucede que son hombres enviados a recuperación por el Poder Judicial, “van obligados porque las mujeres les dicen ‘bueno, está bien, vuelvo contigo esta décima vez, pero si vos vas a un tratamiento’ entonces se acercan al centro para que ellas vuelvan, pero en el fondo no hay un compromiso real con la transformación de la situación”. “A Uruguay le falta mucha investigación y generación de conocimiento sobre las personas agresoras” concluyó la licenciada.
“Tienen que ser más humanos”
Con respecto al servicio policial, la presidenta de Mujeres de Negro afirmó, que ha mejorado gracias a la existencia de la Policía Comunitaria, que “está preparada y concientizada para atender estos casos y ofrecer un sostén a las víctimas que se animan. después de mucho tiempo, a denunciar”. Sin embrago, siguen existiendo “otros policías que son un desastre, tienen que ser más humanos”.
Por su parte, la Escuela Nacional de Policía cuenta con una nueva herramienta de capacitación en su portal educativo. Por este medio se instruirá a los policías sobre violencia doméstica, a partir del 2012. Esta modalidad ya está en uso desde junio, se brindan cursos semi presenciales que son obligatorios para el pasaje de grado de oficial subayudante a oficial ayudante, según informó Alexander Joaquín, encargado del portal.
Sobre los contenidos a implementarse el próximo año, María Cristina Domíguez, directora de la institución, expresó que recién están “trabajando sobre el marco teórico del curso”. “Estamos ‘en pañales’, no podemos dar información todavía porque el proyecto será presentado a un organismo para ver si podemos obtener fondos para financiarlo” expresó.
Hugo Acuña, funcionario del Ministerio del Interior, afirma que actualmente se están capacitando de forma rotativa en la Jefatura de Policía de Montevideo, a todos los funcionarios. La finalidad que se persigue es “que cualquier policía pueda asistir y dar las primeras orientaciones a la persona que viene por este problema”. Acuña explicó que “la base de los contenidos que se tratan en el curso es la humanización de la situación, para alcanzar el acercamiento del funcionario policial con la gente”.
A pesar de intervenir y dialogar con las víctimas sobre la situación en que se encuentran inmersas, no logran que sigan adelante con la denuncia. La Sede Judicial de Familia exige una denuncia escrita; la mayoría la hace verbalmente, “pero al advertir que por ese medio puede ser detenido el victimario, que es la pareja en la mayoría de los casos, retiran la denuncia por lástima o por miedo, que lógicamente no manifiestan. Incluso, la persona puede estar amenazada por el autor, al retirar la denuncia, así nuestro trabajo cae en un balde sin fondo”.
Un alto jerarca de la Seccional 1ª (ubicada en Ciudad Vieja) ratificó este dato informando que la seccional cubre una población fija y heterogénea en cuanto a nivel socioeconómico, que abarca a unas 8000 personas. La fuente declaró que se reciben de 7 a 8 denuncias por semana de las cuales sólo “el 50% continúa con el proceso investigativo” En esta mitad de año no hubo ningún procesado pese a la cantidad de denuncias. Es complicado alcanzar el proceso porque se requiere comprobar el hecho de violencia, y a su vez “es difícil que la víctima ratifique la denuncia en la Sede Judicial”. Declaró que las medidas cautelares fallan por un problema de educación: “En la sociedad se ha naturalizado la violencia en el ámbito familiar y los detenidos vuelven a la casa porque se piensa que la persona va a cambiar; entonces no tenemos la colaboración de la propia víctima”. Además “no existe un seguimiento de las situaciones puntuales porque el personal policial fluctúa mucho dentro de las diferentes dependencias de la Jefatura de policía”.
Desde la experiencia
Andrea Tuana (centro)
Sala de Redacción conversó con Andrea Tuana, quien fue coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Consultada sobre los cursos en la Escuela Nacional de Policías, dijo confiar plenamente en las personas que están a cargo de la institución: “Sé que en este momento al frente de la institución está una persona muy comprometida con este tema, formada y con mucha experiencia como lo es Cristina Domínguez, la directora de la escuela”.
“Hay un equipo en la Comisión de Género del Ministerio de Interior que está pensando esta currícula, desde ese punto de vista tengo plenas garantías sobre los contenidos que van a estar allí”. “La manera en que se ha pensado esto, es un avance, es una conquista en el ministerio del interior” expresó entusiasmada Tuana, puesto que “dentro del Estado hay gente comprometida y que está haciendo cosas; lo que pasa es que la jerarquía máxima, léase: Ministro del Interior, que no tiene gran compromiso con este tema, deja hacer alguna cosa pero hay mucho obstáculo”.
Se refirió a los contenidos que deberían cubrirse en el curso. Incluyó la legislación nacional, información sobre aquellas leyes que el Estado uruguayo ha ratificado en el derecho internacional, la conceptualización de la violencia de género y violación de derechos humanos, como también dijo que se debe profundizar en el enfoque de generaciones, infancia – adolescencia. “Debe formar sobre características de cómo se manifiesta el hecho, y por qué las mujeres sacan las denuncias, sobre el ciclo de la violencia y los niveles de riesgo para que la policía pueda evaluar si una mujer está en riesgo de que la maten. Debe tener cosas más específicas para los policías: cómo hacer el procedimiento. En diferentes países, incluso en Uruguay se hizo una guía de procedimiento policial, y la idea es capacitar desde allí”.
La licenciada es la codirectora del Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica donde se menciona la falta de investigación sobre esta temática. “No hay estudios sobre la magnitud, la incidencia y la prevalencia de la violencia doméstica a nivel país. Si bien se reconoce, se habla más sobre el tema y se destinan recursos, no ocupa un lugar como para que sea objeto de investigaciones y estudios. Lo primero es definir que es un problema investigable. Este tema no está lo suficientemente jerarquizado desde la opinión pública, ni a nivel de la agenda política, como para desplegarse todas las acciones que son necesarias, falta interés”. “Un tema que marca claramente la poca voluntad de darle un lugar importante a este problema, es que no es un tema incluido en la currícula de grado, en las profesiones más claves como: medicina, derecho, psicología, trabajo social…vos pasás por ahí, te recibís, tenés un título y no te formaron en cómo visualizar y abordar uno de los problemas más graves que tiene la sociedad uruguaya” especificó la entrevistada.
Asimismo, se refirió al avance que hubo en comparación a 20 años atrás, pero se lo atribuyó “al esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, de algunas personas que están dentro del gobierno y las organizaciones internacionales que presionaron”. El Estado responde con excusas cuando se le solicitan recursos para generar mayores acciones relacionadas con la problemática. “Ellos dicen que los problemas que tiene el país son múltiples, que sí se están haciendo cosas, que gran parte del problema tiene que ver con que las propias mujeres son las que sacan las denuncias y que los recursos del país son pocos, por lo tanto hay que distribuirlos y que tenemos que manejarnos con lo que hay. ¡Nosotros respondemos que no! En violencia doméstica no se puede responder con lo que hay, sino que la respuesta tiene que ser de calidad, adecuada y lo que hay no alcanza.
Sala de Redacción le consultó en qué grado se está cumpliendo el Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica.Adujo que “se hicieron el 20% de las acciones allí comprometidas, algunas de ellas importantes y sustantivas, como por ejemplo la apertura de los servicios del Instituto de las Mujeres en diferentes puntos del país”.
El Plan supuestamente finalizaba en diciembre de 2010, y el 80% restante son cosas que quedaron por hacer. “Le falta mucho, hay acciones a nivel de elaboración de protocolo y promoción de redes, pero todas están en un plano superficial para mi gusto, porque es fácil hacer un protocolo, lo difícil es que realmente una institución lo asuma, lo haga parte, lo aplique y tenga todos los recursos necesarios, para que sea real”.
El principal aporte fue la implementación de servicios de atención brindados por el Instituto Nacional de las Mujeres y otras iniciativas que desde allí se empujaron. Destacó un mandato del Consejo Nacional Consultivo (CNC) que estableció, las comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica, en todos los departamentos del país. Sin embargo, “la debilidad es que muchas de esas comisiones funcionan mal, los delegados no van, o los que van no tienen el rango que deberían, para realmente hacer acciones en sus instituciones, entonces las comisiones terminan siendo un lugar de intercambio y se hacen acciones menores y débiles”. Manifestó que “hay guías de actuación en todas las instituciones, por lo menos las fundamentales, pero la mayoría de esos mapas de ruta cuando los ponés a funcionar, les falta la mitad de las cosas”.
En base a estas declaraciones se le consultó si está prevista alguna ruta de acción para mejorar estos aspectos, a lo que respondió: “Si, ahora el CNC quizá vaya a contratar un equipo para evaluar de modo más minucioso lo que ha sido la aplicación del Plan, y hay que elaborar el segundo”. La idea es que las instituciones involucradas interfieran en ese trabajo, desde la experiencia adquirida. Se cuenta con la cooperación internacional, con recursos económicos a disposición del CNC para detectar los puntos que faltan, y así crear estrategias para responder adecuadamente. “Hay movimiento, compromiso y ganas, pero hay un nivel al que no se llega. Existe un punto de lo que es la estructura jerárquica estatal al que me parece, no hemos lo grado demostrarle el impacto que tiene este tema. Es difícil llegar a ese nivel de autoridad”
Fiorella Maglieri
