Actualmente la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) está a contrarreloj como consecuencia de una situación financiera compleja, dado que aunque no existan problemas estructurales, hay una falta de liquidez para cubrir las prestaciones. Si bien se han acumulado reservas monetarias a lo largo de los años, las mismas se están agotando ya que la situación económica se ha agravado por la pandemia, por la no reposición de vacantes en la banca pública por parte del Estado y por las tercerizaciones implementadas en el sector financiero privado. En caso de que la situación no se resuelva pronto, la Caja no podrá afrontar sus obligaciones y se verá obligada a recurrir a aportes del Estado.
El Ministerio de Trabajo creó una comisión en la que están representados la CJPB, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (APBU), pero estos últimos se oponen a una opción que le sirva a la Caja Bancaria. Igualmente la comisión trata de negociar una salida al asunto, ya sea tomando las medidas anteriormente pactadas o redactando una nueva ley, que debe ser aprobada por el Poder Legislativo antes del 31 de octubre (la fecha límite en este período de gobierno para presentar leyes nuevas).
El contexto
En diálogo con Sala de Redacción, Fernando Gambera, secretario general de AEBU y responsable de prensa y propaganda del PIT-CNT, aclaró que la Caja se había reformado en el año 2008 producto de una situación extremadamente crítica que databa del año 2001, la cual terminó desembocando en “una quiebra técnica”. Acotó que en ese entonces ellos accedieron a “bajar las condiciones de cálculo de las jubilaciones futuras”, mientras que las patronales innovaron en las formas de aportación.
El presidente de AEBU, Elbio Monegal, explicó a Sala de Redacción que de esta manera la reforma lograba no solo un equilibrio sino también “unas proyecciones actuariales” que daban aproximadamente 30 años de estabilidad. La misma empezó a circular al inicio del siguiente año y se debía pasar por tres etapas para cumplirse de forma efectiva: la acumulación de reservas durante casi diez años, la salida del sistema a través de las jubilaciones en el rango de los ingresados en el período 1978-1983 y el crecimiento de la Caja Bancaria a raíz de las reservas generadas.
Sin embargo, la segunda etapa se truncó. El secretario general agregó que en el período de 2020-2030 iba a sufrir las jubilaciones de quienes ingresaron entre 1978 y 1983, las cuales definió como “una generación muy numerosa que cumple 60 años casi al mismo tiempo”. Monegal contó que a raíz de esas múltiples jubilaciones sucedería “un déficit operativo en la Caja”. En un principio, diversos estudios indicaban que a pesar de este posible problema lo planteado se cumplía a la perfección, pero “jamás se proyectó una crisis a causa de una pandemia mundial”.
Aunque esta crisis no afectó a los trabajadores de AEBU, el presidente relató que “varias empresas tuvieron que cerrar” para no endeudarse, por lo que mandaron al seguro de desempleo a casi 2000 empleados. Ese seguro lo cubría la caja, a la cual no le entraba ningún aporte y como consecuencia terminaría acelerando el proceso de deterioro planteado en la segunda etapa.
Otro punto clave, acota Monegal, es que el Poder Ejecutivo “decidió no reponer las mil vacantes restantes en el sector público” y terminó por afectar tanto a los Bancos Oficiales como a la Caja Bancaria, ya que los puestos que quedaban vacantes no se volvían a ocupar. Tampoco ayudó que la Asociación de Bancos Privados del Uruguay usase empresas tercerizadas para reponer sus propios lugares.
Una posible solución
En el 2008 se votó la Ley 18.396, que establece que las empresas deben hacer un aporte llamado Prestación Complementaria Patronal (PCP), equivalente a un 4×10 mil sobre sus activos). A raíz de que las reservas de la CJPB subían, el Poder Ejecutivo decidió bajar la PCP a un 2,5×10 mil, aunque de ser necesario la subiría de vuelta. El Presidente de AEBU explicó que con la pandemia se debería haber elevado la prestación a su monto original, y que si se hubiese hecho a tiempo los problemas actuales no estarían pasando.
También manifestó que “cualquier cosa que las empresas activen, aporta a la Caja”. Dió el ejemplo de que si una empresa compra un cajero automático, lo tiene que activar en su balance, y una vez hecho eso aporta a la CJPB. Esto se debe a que la cantidad de aportantes baja cada vez más, ya que desde hace muchos años “la tecnología sustituye a muchos de los trabajadores” y si bien el negocio crece, la misma “debe aportar a la Seguridad Social” para que esa gente pueda jubilarse.
Se les ha planteado subir la edad de jubilación a los 63 años en forma progresiva, pero la Caja aún pide el aumento de la PCP -con el apoyo de los bancos privados mediante- para cortar la sangría existente. Monegal menciona que las empresas “saben muy bien sobre la situación”, y que “sus decisiones contribuyeron al deterioro de la Caja”, por lo que están lejos de realizar un posible acuerdo.
Gambera aclaró que se mostraron abiertos a aportar en búsqueda de una salida limpia si los bancos también subían su aporte, pero estos no solo se negaron sino que además acusaron falsamente a los afiliados a AEBU de no reducir sus privilegios. La otra alternativa que ofrecieron es subir sus aportes, pero usando los privilegios que supuestamente no se merecen los trabajadores, y como consecuencia la negociación sigue trancada. También recordó que está corroborado que los bancos “han tenido un récord histórico en ganancias” durante los tiempos de pandemia, y en lo que va del año “han ganado aproximadamente 400 millones de dólares”, por lo que no tendrían que haber reparos en colaborar.
El Secretario general enfatizó que la pérdida de tantos puestos de trabajo en tan poco tiempo agravó el problema a un punto crítico, pero se puede transitar “si se ajustan las variables” y si el Estado garantiza que la Caja “se endeude financieramente estirando el presupuesto de un año a los próximos diez” para que en 2033 haya un superávit que permita pagar las deudas y generar reservas otra vez.
Manifestaciones
Desde principios de junio se realizaron distintas movilizaciones en todo el territorio, con la colaboración de los afiliados a AEBU en las empresas financieras. Estas medidas gremiales se han detenido en estas últimas dos semanas, pero el Presidente de AEBU concluyó recordando que estas son de carácter sorpresivo, volverán e irán en aumento, y que si esto no mejora todo terminará “con una asamblea general del gremio a fines de este mes”.
Los siete bancos privados ubicados en la capital han vivido las distintas protestas frente a sus puertas: el Banque Heritage, el Banco BBVA, el ITAÚ, el Banco Santander, el Scotiabank, el Citibank y el HSBC. Además se llevaron a cabo paros parciales por parte de los trabajadores de los bancos privados. Gambera amplió que al término de cada movilización se hicieron asambleas “para imponer a los compañeros de la situación, concientizar y actualizar sobre las últimas novedades existentes”. Su objetivo es que las tres partes hagan el mismo esfuerzo para mejorar el problema, y así “evitar una posible quiebra que haga que el resto de los uruguayos tengan que pagar”.
A la hora de hablar sobre el conflicto en el interior del país, Sala de Redacción se comunicó con el secretario del interior de AEBU, Martín Ford, quien afirmó que los paros son informados poco tiempo antes de que sucedan y son sorpresivos para que al sector privado no le de tiempo de cubrir los puestos de trabajo temporalmente vacantes con empleados no agremiados. El secretario acotó que en el primer día de conflicto se leyó una proclama donde se explicó por qué decidieron tomar estas medidas, con el fin de concientizar a la población.
También agregó que a la hora de llevarse a cabo “se eligen dos o tres departamentos aleatorios por día”, y que además se hacen asambleas informativas sobre lo sucedido. Ford remarcó que la prensa del interior le ha dado mucha repercusión al conflicto, dado que impacta directamente en los ciudadanos y les ayuda a saber que las medidas no son contra ellos, sino que se busca impactar en las empresas y en el gobierno. Recordó que los bancos privados “han ganado como nunca en la historia” y por esa razón es que los paros efectuados en esta semana son dirigidos a ellos.
A su vez, exclamó qué han ido evaluando cómo evoluciona la situación y si tienen que endurecer las medidas lo harán, pero por ahora no tienen pensado hacer un paro nacional, dado que tienen que “mantener un equilibrio con los compañeros que hacen el sacrificio” y quieren lograr un acuerdo entre las tres partes. El Secretario concluyó afirmando que “suspender las horas extra y los traslados de las guardias han sido claves para que la lucha siga en pie”, a costa de que algunos cajeros se queden sin dinero, siempre y cuando “se puedan regular esos vacíos”.
No es solo por ellos
Gambera reconoció que a pesar de todo, la mesa “tiene un momento favorable” y más allá del tire y afloje, hay actitudes positivas entre ellos y el gobierno para llegar a un posible acuerdo, dado que en algún momento “hay que bajar la pelota” para no terminar perjudicando al resto de la población. Lamentó que “apenas un 1% de la sociedad está más o menos interesada” en algo que tendría que ser prioritario para ellos, dado que se relaciona con la reforma de la seguridad social aprobada el pasado abril. La misma hace que se incrementen las aportantes a las AFAP, las cuales “casualmente son de los bancos” por lo que si la gente no abre los ojos “en 20 años volveremos a estar en la misma situación”.
Finalmente, el secretario general desmintió la creencia popular de que los bancarios tienen muy buenos sueldos “ya que si bien hace medio siglo era verdad, hoy en día la mayoría de los trabajadores del sistema financiero son empleados que cobran un sueldo básico, no sueldos bancarios”, si bien aún se mantiene la palabra bancarios en el nombre.
