El último informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) -publicado en mayo de este año- registró un total de 59 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión a periodistas, siete menos que en 2023. Si bien el organismo analizó este descenso como algo positivo, reconoció que también es cierto que se mantienen un número alto de situaciones.
En ese sentido, Cainfo relevó que muchos de los casos analizados “fueron perpetrados por personas no identificadas” a través de medios electrónicos, lo que complejiza la investigación y “garantiza su impunidad”. Además, se sumó un incremento en la cantidad de agresiones y ataques: llegó a 13 episodios, cifra que se duplicó con relación al año pasado y alcanzó a ser el número más alto en los diez años de relevamiento. Esto marcó, según el organismo, “un elemento especial de preocupación ya que incluye amenazas de muerte y mensajes intimidatorios del entorno de un narcotraficante”, en alusión a Sebastián Marset.
En relación a “los responsables de las restricciones y amenazas”, la entidad detalló que “la mayoría provienen del Estado”, que abarcó 38 casos del relevamiento. Esto incluye a legisladores, fiscales, ministros y jerarcas que ocupan cargos públicos. Es decir, los periodistas que se ven atacados en el ejercicio de su profesión y estigmatizados públicamente denuncian en sus investigaciones irregularidades, hechos delictivos o con apariencia delictiva, donde se contempla que ciertos legisladores del oficialismo “acusan a los periodistas de operar contra el país” en sus investigaciones, sin que haya “prueba alguna” que acredite o confirme las acusaciones.
Otro punto a destacar en el informe se vincula con las conferencias de prensa organizadas en Uruguay, referidas a temas mediáticos como el caso Astesiano o las designaciones directas que realizó la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira (hoy senadora) a militantes e integrantes de su partido Cabildo Abierto (CA). En estos casos “los funcionarios públicos con altos cargos de representación se negaron a contestar preguntas de los periodistas”, por lo que el Estado “sigue siendo el principal agresor del periodismo”, sentenció la organización.
Estigmatizados
En diálogo con Sala de Redacción, el presidente de Cainfo, Fabián Werner se refirió al “discurso estigmatizante”, uno de los indicadores que aborda el informe y que “aparece con más fuerza”. En esa línea, Werner especificó que en 2022 hubo 19 casos relacionados a este fenómeno, uno de los más altos de los registrados hasta el momento. El director resaltó que este hecho es una “tendencia que se ha visto a nivel regional y que hoy se ha consolidado en Uruguay”, organizada por dirigentes políticos “tratando de generar un ambiente hostil hacia el periodismo, sobre todo cuando se trata de medios o periodistas que tienen una postura crítica, que publican información que puede desagradar al gobierno de turno”.
Por otro lado, el presidente de Cainfo observó como un hecho “grave” que voceros del gobierno deslegitimen la labor periodística atribuyendo “intenciones políticas”, y en algunos casos en interferencia con “el ámbito personal y privado” del profesional. En ese sentido, Werner manifestó que esto trae consecuencias tanto para la persona y el medio afectado, como también para “todo el colectivo periodístico”. Además genera una baja en la cantidad de información disponible para la ciudadanía, un hecho que “es muy grave” en un año electoral.
Consultado sobre el proyecto de la nueva Ley de Medios que se aprobó en el Senado, Werner dijo que desde Cainfo tienen “una postura contraria a toda la norma porque es un retroceso respecto a la ley que está vigente”, ya que implica una derogación de muchos aspectos que consideran positivos y la inclusión de otros totalmente negativos como el aditivo de CA en el artículo 72, que expresa que “los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. “Es prácticamente una censura previa porque busca condicionar los contenidos que se emiten referidos a cuestiones políticas y establece una serie de condiciones con conceptos muy abiertos. Y con una arbitrariedad en potencia que la hace (una norma) peligrosa”, declaró.
Werner comentó que hay una incertidumbre sobre cuál va a ser el organismo que va a aplicar la ley o qué funcionarios van a supervisar que se cumpla, por más que el artículo 62 establece que será la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y Presidencia de la República los “dos encargados de emitir las sanciones”.
Ante el escenario de amenazas de narcotraficantes a medios de comunicación y periodistas, Cainfo recomendó en su informe la creación de un “Mecanismo de Protección a nivel país”. El Congreso paraguayo está discutiendo la aprobación de una iniciativa similar y en países como México y Colombia ya se encuentra en funcionamiento. Pero en Uruguay la “viabilidad depende de la voluntad política”, advirtió Werner. “Estamos tratando de mostrar que es una realidad que lamentablemente viven muchos países de la región y que han decidido encarar esa situación dándole una protección especial al periodismo”, finalizó Werner.
