DEBATE ABIERTO
Desde que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual ingresó al Parlamento el 21 de mayo, la Comisión de Industria ha recibido a distintos sectores de la comunicación audiovisual para que expongan sus visiones y posiciones sobre la nueva regulación a estudio. Con el fin de contribuir a la discusión, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) organizó el lunes 15 de julio, una mesa de debate en la que participaron el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) Sergio De Cola, y el director de la Liccom, Gabriel Kaplún.
La Sala Docente de la licenciatura, donde se desarrolló el debate, también esperaba contar con la presencia del diputado nacionalista Álvaro Delgado, quien no pudo concurrir debido a un problema familiar. El representante del Partido Nacional se ha manifestado contrario al proyecto, por lo que su ausencia impidió la confrontación de ideas con los otros expositores, que a pesar de algunas diferencias, apoyan la regulación de los medios.
Sergio De Cola fue el primero en hacer uso de la palabra. El director de la DINATEL expresó que este proyecto se inscribe en una política de telecomunicaciones que busca “asegurar el acceso universal y equitativo” a los servicios de comunicación audiovisual, además de “impulsar el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones”, avanzar en la digitalización y promover la producción nacional de contenidos audiovisuales.
De Cola también destacó el proceso de elaboración de este proyecto, que comenzó a mediados de 2010 “con la convocatoria de un Comité Técnico Consultivo (CTC), conformado por diversos actores vinculados a los medios de comunicación”, en donde se generaron las bases de la reglamentación. En una segunda instancia, el anterior director de la DINATEL, Gustavo Gómez, elaboró un primer borrador del proyecto basado en los insumos vertidos por el CTC. Durante 2012 y parte de 2013, ya con De Cola al frente de la DINATEL, se reunió a un equipo multidisciplinario para armar el articulado que luego pasaría a manos de los asesores jurídicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Del ministerio pasó a Presidencia, para una última revisión, y de ahí al parlamento donde actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Industria.
De Cola destacó que se trata de una ley “integral y moderna” en contraposición a la ley de radiodifusión creada en 1977. También señaló que es un proyecto de ley “garantista” ya que “prohíbe la censura y defiende la independencia editorial”. Además, según expuso el jerarca, garantiza la libertad de expresión y de información; contempla la diversidad y el pluralismo; y promueve el acceso universal y democrático a los servicios de comunicación audiovisual.
El director de la DINATEL hizo hincapié en la transparencia que el nuevo proyecto prevé para la asignación de frecuencias en la futura televisión digital: se realizará mediante un concurso a llamado público, dónde se evaluará la solvencia moral y económica de cada medio, así como la propuesta comunicacional. Según informó De Cola, también se delimitarán “plazos determinados y renovables”para el uso de las frecuencias con el fin de impedir la transmisión hereditaria de un medio de comunicación, como se ha hecho hasta ahora. Lo que no dijo es que los actuales canales privados serán privilegiados con un canal cada uno sin la necesidad de ser evaluados, ni auditados públicamente.
La limitación de la concentración en la propiedad de los medios fue otro de los temas que De Cola aabordó. El jerarca señaló que se pondrán límites a la propiedad cruzada (de medios de comunicación y telecomunicaciones), y que también se delimitarán las prácticas anticompetitivas.
En cuanto a la promoción de la producción nacional, destacó el aumento de la cuota de pantalla nacional a un 60% de la programación, con la condición de que un tercio de esta producción debe ser independiente. Además se establecen mínimos de ficción nacional y de programas culturales nacionales que deben ser emitidos en horario central. De Cola también mencionó que se cobrará un canon por el usufructo de las frecuencias radioeléctricas, y que lo recaudado será destinado a un fondo de promoción nacional.
Por último se refirió a las nuevas institucionalidades que se crearán a partir de este proyecto: El Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA); la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA); el Ombudsman y el defensor de las audiencias; y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (SNRTVP).
Según está previsto en la reglamentación, el CCA, será el organismo descentralizado del Poder Ejecutivo que se encargará de monitorear, fiscalizar y sancionar a los servicios de comunicación audiovisual. La CHASCA es la unificación de dos comisiones consultoras existentes: la CHAI (Comisión Honoraria Asesora Independiente) y la CHARC (Comisión Honoraria Asesora de Radios Comunitarias). El ombudsman será el representante de la ciudadanía frente a los medios, que al igual que el defensor de las audiencias, deberá velar por que se cumplan los derechos establecidos en el proyecto. La diferencia entre uno y otro, es que el defensor de las audiencias, es una figura interna de cada medio, mientras que el ombudsman representa a la sociedad toda. Por último, el SNRTVP será el órgano que regule la radio y la televisión pública.
¿Regular o no regular?
Gabriel Kaplún sintetizó que el debate está planteado en “si se debe regular o no”. En ese sentido recordó que existen leyes y decretos dispersos que actualmente regulan de alguna manera el sistema de medios, como la “vieja ley 14.670 de radiodifusión creada en dictadura”. También argumentó que internacionalmente los medios están regulados, por lo cual enfatizó que “lo que hay que discutir es cómo se regula”.
El director de la LICCOM remarcó la necesidad de que exista una reglamentación clara “que no este sometida al gobierno de turno”, y que el proyecto de ley que está siendo evaluado en el Parlamento cuenta con la aprobación de la Relatoría de libertad de expresión de la ONU y de la OEA, además de contar con el visto bueno de la UNESCO.
Por otro lado destacó “el nivel y el clima” en que se desarrolló el debate en el CTC, logrando una gran concordancia entre las más de treinta organizaciones participantes, aunque también expresó que algunos parecen haberse olvidado de los acuerdos.
En cuanto a las discrepancias, Kaplún ennumeró las 3 principales. En primer lugar señaló que los “cableros” (los dueños de la televisión para abonados) querían que la televisión para abonados estuviera excluida de la nueva regulación por entender que ellos no usufructuaban el espacio radioeléctrico, moción que no fue acompañada por el resto de las organizaciones. En segundo lugar, los empresarios, dueños de los medios de comunicación, estaban en contra de que existiera una regulación sobre la concentración de medios. La discusión más reñida tuvo que ver con los plazos de las licencias para usufructuar una señal radioeléctrica. En primera instancia los empresarios se negaban a que existieran plazos pero con el correr de las negociaciones se fijó en 15 años el primer plazo, con la posibilidad de renovar por diez años más cada vez.
¡Objeción!
A pesar de que la licenciatura celebró el envió del proyecto al parlamento y apoya la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, Gabriel Kaplún expresó algunas objeciones, que ya han presentado junto a la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD) ante la Comisión de Industria.
Una de ellas refiere a que se fijen más claramente los controles sobre los testaferros y grupos económicos a fin de evitar la concentración en la propiedad de los medios. En segundo lugar consideró conveniente que exista un control de los contenidos para erradicar la falta de pluralismo y diversidad que hay en las programaciones actuales de los canales.
Kaplún también consideró que, tal como está implementado en el proyecto de ley, el CCA, “carece de independencia, porque sus integrantes son designados por el Poder Ejecutivo”. En contrapartida planteó la propuesta del CCD de crear un mecanismo de selección púbica por parte de la ciudadanía.
El director de LICCOM sugirió que habría que agregar un capítulo más al proyecto, referente a la “Educación para la comunicación”, recordando que este fue uno de los puntos “de altísimo consenso” que se abordaron durante el CTC. Kaplún señaló tres aspectos que deberían contemplarse en este capítulo: “Una educación para una mirada más crítica de las audiencias respecto de los medios. El papel educativo de los medios, no a través de programas educativos sino mediante las ficciones sobre todo; y por último la formación de los profesionales de la comunicación”.
En última instancia consideró que fue una equivocación que el CCA se haya creado “a imagen y semejanza” de la URSEC, cuando ese órgano regulador fue muy criticado “por izquierda y por derecha, por lo que hace y lo que no hace”.
Una vez terminada las oratorias de los expositores se dio espacio a preguntas y comentarios. Facundo Franco, docente de la Liccom y periodista de La Diaria, expresó su preocupación por el escaso debate parlamentario que se puede generar cuando desde las filas opositores al gobierno se mostraron reticentes a una regulación de los medios aún antes de conocer el texto definitivo.
Franco afirmó que “es falso que los medios de comunicación no puedan ser regulados, cuando en la realidad están siendo regulados por las leyes del mercado”.
El debate quedó planteado.
Federico Zugarramurdi
