Mientras en el Parlamento se demora la votación por parte de Diputados del proyecto de ley que lo despenaliza, la ilegalidad y el riesgo de vida de muchas mujeres persiste.
El proyecto que está en consideración de Diputados y que tiene media sanción del Senado prevé que la práctica de aborto se despenalice completamente hasta la doceava semana de embarazo, pudiéndose extender este plazo en caso de existir riesgos para la vida de la madre. Este proyecto puede considerarse como el complemento de la ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2008 con el veto del entonces presidente Tabaré Vázquez, al capítulo que abordaba la despenalización. Este nuevo marco legal obliga al Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, promoviendo políticas nacionales, diseñando programas y organizando los servicios necesarios para desarrollarlos. Desde entonces y aún más con su reglamentación, se han llevado adelante cambios y avances sustanciales para la garantía de estos derechos.
El Subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, ha reconocido que pese al veto que Vázquez impuso permanecieron en la ley fragmentos que hacen referencia a la disminución del riesgo y daño de embarazos no deseados o no aceptados. Esto fue lo que habilitó que la reglamentación de la ley establezca cómo evitar los abortos en condiciones de riesgo, trabajando en el antes y el después, aunque el procedimiento no se haga en los centros de salud.
Según una investigación del Centro Internacional de Investigación e Información para la Paz, se estima que en Uruguay se practican 33.000 abortos anuales. De aprobarse la despenalización, la cantidad de abortos no cambiaría radicalmente si se toma en cuenta que actualmente los centros de salud están asesorando y tratando a mujeres que deben realizarse el aborto por fuera de su cobertura de salud, con todos los riesgos que ello representa.
AGGIORNATA
Como es sabido el proyecto de ley se encuentra archivado desde hace meses en la cámara de representantes, a la espera de que se consigan los votos necesarios para completar su aprobación.
El proyecto reconoce la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación y por la sola voluntad de la mujer. A su vez, el aborto es concebido como política sanitaria, lo que permite al médico hacer objeción de conciencia en caso de no querer aplicar, pero obliga a todas las instituciones de salud a cumplir con el servicio.
De la bancada colorada hay algunos legisladores de Vamos Uruguay que están de acuerdo con el proyecto, pero dado que Pedro Bordaberry impuso disciplina partidaria a los representantes del sector, no lo podrán votar.
De la bancada del Frente Amplio (FA) el diputado Lima de Salto, que es juez canónico, “se niega terminantemente a votar el proyecto”, confirmó la senadora Moreira en un debate en la Facultad de Ciencias Sociales. Semproni, que era el otro frenteamplista que se negaba a votar el proyecto por considerar que legaliza en vez de despenalizar el aborto, sugirió ciertos cambios que fueron tomados en cuenta para conseguir su apoyo. Entre las acotaciones que hizo el diputado planteó modificar todas las expresiones que dicen “las mujeres tienen derecho a…” por “la mujer podrá…”. Moreira admitió que a los efectos prácticos no hay diferencia aunque la comisión concibe la posibilidad de realizarse un aborto como un derecho.
Por su parte, Iván Posada del Partido Independiente había presentado un proyecto propio, bastante similar al que trabajaba la comisión en el Parlamento. Por ésto es que la bancada del FA se propuso trabajar con el representante y acordar criterios entre ambos proyectos para sumar el voto del diputado. Al momento se sabe que las negociaciones han sido exitosas y de continuar así Posada votaría el proyecto.
Consiguiendo los votos de los diputados Posada y Semproni, el proyecto se aprobaría en cámara de representantes y volvería al senado para que se ratifiquen las modificaciones. Se estima que el proyecto puede sancionarse en su totalidad antes de fin de año.
Mientras el trámite parlamentario se dilata, la licenciada en Biología Lilian Abracinskas se refirió a la realidad hipócrita e injusta que siguen viviendo las mujeres que no pueden ejercer sus derechos. Tal como declaró en un debate sobre el aborto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, “habrá que explicarle a los legisladores que los derechos no se otorgan: son inalienables al ser humano, se respetan o se violan. Cuando un legislador actúa no me está dando un derecho, me lo está reconociendo, me está dando las garantías para su ejercicio”.
Si se reconoce el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva como Derecho Humano, “¿cómo es posible que al unísono se niegue el ejercicio del mismo? Da para pensar que el Estado sigue tratando a las mujeres como si no fuesen capaces de tomar por sí misma una decisión de tal envergadura”, expresó MYSU en un comunicado público.
MYSU entiende además que “no votar el proyecto de ley significa no dar respuesta alguna a la problemática del aborto clandestino. Significa violentar los derechos de quienes les votaron poniéndoles en el lugar de la decisión con la confianza de que velarían por lo mejor para el país y su gente (…) Se podrán tener diversas creencias y todas son respetables, lo que no es digno es pretender imponerlas a toda la ciudadanía cuando sólo reflejan los valores de algunos”.
Joaquina Sanguinetti
