Escritor, docente y por sobre todas las cosas periodista. Samuel Blixen ha transitado sus 79 años de vida con la inequívoca convicción de ejercer el periodismo. Su agenda está atravesada por una temática central: la investigación sobre el pasado reciente. Tal es así que en mayo de este año presentó junto a Nilo Patiño “Intrigas Cruzadas. Mafia y terrorismo en las Fuerzas Armadas”, un libro (publicado por Ediciones Brecha) en el que se desentrañan las rencillas a la interna de la dictadura militar, descubriendo múltiples casos de corrupción y negociados de distinta índole.
Aquellos que leyeron sus artículos periodísticos o sus libros podrían elucubrar que la motivación por investigar el pasado reciente fueron los trece años que estuvo preso durante la dictadura cívico militar. Nada más lejos de la realidad. Blixen no alude responsabilidades a ese periplo de encierro. Para el periodista “estos son los temas más importantes, los que cruzan todo”, en el entendido que “la dictadura y la violación de los derechos humanos tienen una gran significación en el presente”.
“A mi juicio la transición de la dictadura a la democracia no se ha terminado”, opina Blixen. Y argumenta que la Ley de Caducidad “interrumpió el proceso” de transición, del que hoy “seguimos pagando las consecuencias”. En este sentido, el periodista entiende que la justicia quedó “muy doblada” en el año ’87 luego de dicha ley y endilga una “actitud deliberada” de los distintos gobiernos para no apoyar los procesos de justicia vinculados a los delitos ejecutados en dictadura. “¿La información dónde está?”, se pregunta al tiempo que se responde: “en los cuarteles, en el Ministerio de Defensa… entonces si el Estado no hace absolutamente nada para encontrarla, la justicia no tiene elementos”. De aquí subyace la inclinación del periodista para con esta agenda, ya que “atender estos temas es un hecho vital para la sociedad, en una democracia que aún no es plena” , subraya.
Existe una duda que sobrevuela esta temática: ¿por qué existen “reticencias” desde el poder político para con los militares? Las respuestas pueden ser muchas. Samuel lo tiene claro y la razón principal es el miedo: “el poder político nunca trató de eliminar el poder que tienen los militares, y este poder es muy simple: los militares tienen las armas y las armas sirven para matar. Entonces el miedo proviene de ahí”, apunta.
Lado gris
El libro “Intrigas Cruzadas” recorre en sus líneas y separado por capítulos cuestiones todavía no abordadas sobre las pujas por el poder dentro del Ejército, que desembocaron en el golpe de Estado en junio del ’73 y luego se desarrollaron a lo largo de la dictadura uruguaya. Lo deja claro su contratapa: “Esa lucha, en ocasiones sangrienta, tuvo una doble finalidad: el control de toda actividad del Estado, y simultáneamente el enriquecimiento personal facilitado por negocios de toda especie (…)”. Este abordaje es la columna vertebral de un libro que aporta un enfoque inexplorado hasta el momento.
¿Por qué cuando se habla de la dictadura se soslaya la sistemática corrupción de ese período?, es una de las preguntas que surgen al recorrer las páginas y conocer distintos episodios de chantajes, confiscaciones ilegales, espionaje y otros ilícitos. En los distintos abordajes históricos del golpe de Estado se repiten los tópicos centrales: los desaparecidos, la tortura, la crisis política y económica, la disolución del Parlamento y las libertades políticas. Blixen señala que esto sucede porque “no se conocían” estos sucesos de corrupción hasta ahora que se pudieron procesar archivos de la dictadura y a posteriori realizar cruzamiento de datos.
La justicia uruguaya ha trabajado en perseguir los delitos catalogados como de lesa humanidad, en donde se incluyen aquellos más sensibles y vinculados a la persona como el apremio físico, la tortura, la desaparición forzada, violación, entre otros. Pero ¿qué hay de los delitos económicos? Es conocido el testimonio del ex soldado Hugo García Rivas, integrante de la Compañía de Contra Informaciones (organismo encargado de la vigilancia dentro del Ejército con el objetivo de que no se filtrara información), explicando que cada vez que había allanamientos “se llevaban todo lo que podían”. Blixen considera que “ha habido una política de los gobiernos de no intervenir” sobre estos ilícitos, porque allí podrían aparecer “las responsabilidades civiles” y asevera que existen delitos aún más graves vinculados a la gestión de obra pública por parte de la dictadura.
El golpe y después
El periodista entiende que el golpe de Estado estaba planificado y premeditado, apartándose de las hipótesis que plantean una reacción espontánea o la propia “teoría de los dos demonios”. “Hay un documento militar de setiembre de 1971 en el que se acuerdan cuatro puntos: respaldar las elecciones nacionales, combatir a la sedición, desarrollar el factor militar proporcionando seguridad al desarrollo nacional y tomar a su cargo los planes de desarrollo nacional”, indica el investigador y explica que en este último punto los militares “están diciendo que van a asumir el gobierno”, cuestión que se cumpliría dos años más tarde cuando se enfrentan a Juan María Bordaberry. “A partir de este quiebre es cuando empieza un conflicto interno por quién tiene el poder dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA)”, puntualizó.
La interna entre las FFAA se extendió a lo largo de toda la dictadura, más allá de los sucesos de junio del ’73 que enfrentaron al Ejército y la Armada. Blixen considera que a partir del año ’74 empiezan a surgir enfrentamientos por “el control del Estado y las propias FFAA”, en donde sobresale la “línea dura” en la que predominan los integrantes de la logia “Tenientes de Artigas”, destacando el papel del general Esteban Cristi, Alberto Ballestrino y el propio José Nino Gavazzo. Esta interna funcionó como un partido de ajedrez donde unos y otros movían sus piezas, desplazaban jerarquías, pasaban a retiro, realizaban operaciones de contra inteligencia, espionaje y distintas maniobras en busca de alcanzar el poder o colocar a los “suyos”.
Y más allá de los militares, están los civiles. Samuel apunta que tuvieron “la gran responsabilidad de darle estructura intelectual a la dictadura”, aunque remarca que esto no significa que tuvieran el poder de decisión. “Cuando los militares tienen que armar la política económica, traen a Vegh Villegas o a Valentín Arismendi, dos neoliberales” que actuaban “presionados y con miedo” ya que “vivían la dictadura y sabían lo que pasaba”, según aprecia Blixen. “Los partidos políticos en definitiva están detrás de esos individuos” y por más que estos estuviesen ilegalizados, “los civiles seguían teniendo su raíz política”. Un caso paradigmático es el del apodado “canciller de la muerte”, el pachequista Juan Carlos Blanco, que ejerció como canciller de la dictadura “donde se jugó todo, comprometido por la causa” advierte Blixen, y luego continuó en el advenimiento de la democracia como senador por el Partido Colorado entre 1990 y 1995.
Otro cantar era el desempeño de “La Computadora”, una serie de detenidos colaboracionistas con el gobierno de facto que trabajaban en el seguimiento y contacto de “blancos” de interés para la dictadura. Fue la implantación en Uruguay de la experiencia que se daba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, asevera Blixen y explica que se convencía de colaborar a determinadas personas detenidas y estas se dedicaban a analizar declaraciones de otros presos para asegurar su veracidad, al mismo tiempo que sugerían preguntas para los interrogatorios. En la represión al Partido Comunista (PCU), a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y los Grupos de Acción Unificadora (GAU), “La Computadora” tuvo un papel determinante.
