Cuentan que siempre hubo reclamos y que deben acostumbrarse a manejar la presión. Dicen que todo depende de a dónde se mire, de cómo los respalden, de quién los agravie. Y sostienen que, a pesar de todo, algunos fenómenos preocupan. En tiempos de debate sobre la libertad de expresión en Uruguay y la posible aprobación de una nueva ley de medios, los periodistas relatan lo que viven. Sobre las amenazas que registró el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y las nuevas dinámicas en redes sociales, Sala de Redacción conversó con los referentes de algunos de los principales medios de prensa escrita.
Cainfo anunció en su último Informe de monitoreo y amenazas que se registró “el número más alto” de amenazas a la libertad de expresión desde que existe el estudio. Entre abril de 2020 y marzo de 2021, Cainfo detectó 49 casos, 23 más que el año anterior. Aunque sucedió durante el pasado abril, también fue incluido el despido de Eduardo Preve, coordinador general de Subrayado, que fue desvinculado de Canal 10 “en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”.
Pocas semanas después, un informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) en Español, intensificó el debate. En un informe de casi 7 minutos de duración se planteó que la libertad de prensa está “amenazada” en Uruguay y se mencionaron los datos sistematizados por Cainfo. Además, se consultó a Edison Lanza, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Intendencia de Canelones.
La discusión que provocó el informe se trasladó a la Cámara de Diputados, en la que se aprobó una declaración votada por los partidos de la Coalición que expresaba un “enfático rechazo” ante la información “infundada” que fue difundida. Días antes de esta resolución, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) propuso a todos los partidos políticos la creación de una Comisión Especial Legislativa sobre libertad de expresión “que analice y monitoree este tema de forma permanente”.
Natalia Uval, directora de La Diaria, dialogó con Sala de Redacción y opinó, en relación al informe de Cainfo, que “está bueno diferenciar entre amenazas que pueden ser más leves y otras más graves”. La organización considera limitaciones a la libertad de expresión desde negativas a solicitudes de acceso a la información pública hasta la restricción de preguntas en conferencias de prensa. Para la periodista, “esa metodología es debatible” porque hay “cosas que son cualitativamente distintas”. Aunque en La Diaria han observado que algunos organismos no responden los pedidos de acceso a la información pública, Uval aseguró que no se trata de una situación nueva. “Con los gobiernos del Frente Amplio pasaba también, sobre todo con el Ministerio del Interior”. La respuesta “depende más del organismo que del cambio de gobierno”. Pese a eso, la directora de La Diaria destacó que “una cosa es la experiencia que uno tiene y otra lo que se puede generalizar”. Cainfo registra un aumento de las negativas a contestar solicitudes de acceso “y eso es preocupante”, señaló.
Si comparamos a Uruguay con otros países, en donde el poder político y el crimen organizado ejercen influencia, “estamos bastante bien”, declaró a Sala de Redacción Martín Aguirre, director de El País. A pesar de que hay “alguna amenaza sobre todo de gente de alguna barra de fútbol”, o “reclamos” en materia política, no se ha llegado “al punto de una situación inaceptable, o a un límite de quiebre”. La actual “no es una situación peor, o más preocupante que la que ha vivido el país en otros momentos de violencia política, en la que realmente estaba en juego la salud física del periodista”, opinó.
De acuerdo a Gonzalo Ferreira, editor en jefe de El Observador, “es lógico” que existan presiones hacia los periodistas porque están informando “sobre asuntos que la gente no quiere, o no le gustaría que se informe”. Sin embargo, el efecto de esas presiones depende de “cómo cada medio toma esas llamadas o consideraciones que cualquier actor de la sociedad puede llegar a plantearle”. Para Ferreira, la mayor dificultad se vincula con la “importante” crisis económica que están sufriendo los medios de prensa escrita, porque aunque “hay mucha gente dispuesta a leer”, eso no se traduce en una mayor cantidad de suscriptores. Cuando el lector “solo quiere escuchar lo que cuadra con lo que piensa y le molesta leer argumentos o voces que le hagan ruido o que cuestionen sus pensamientos previos, hay un riesgo en lo que los medios construyen”. Según argumentó el editor en jefe de El Observador, “si un medio construye su audiencia muy volcada a un tipo de público en particular y no es lo suficientemente diverso”, perderá independencia y experimentará una presión “mucho más jugada” que la que ejercían los anunciantes en otra etapa.
En las redes
“Hay cosas más graves, que me preocupan mucho más”, dijo Uval, antes de referirse a “los ataques permanentes a los periodistas y a los medios por informar”. De acuerdo a la directora de La Diaria, cuando en las redes sociales “hay campañas orquestadas o mucha gente que se dedica a atacar a periodistas”, la libertad de expresión puede verse afectada porque entra en juego la autocensura. “Por ahorrarse problemas o no ser objeto de ataques”, los trabajadores “tratan de no opinar o de no informar con determinado enfoque”, explicó. A este planteo se sumó el de Aguirre, quien también habló de ciertos “linchamientos públicos” que buscan presionar a los periodistas para que “no hablen, no se metan o no tengan determinados puntos de vista”.
Ana Laura Pérez, gerenta de Producto Digital de El País, expresó a Sala de Redacción que en Uruguay no conoce casos premeditados de presión, como sí sucede en otros países donde “se planifica usando grupos de Whatsapp o de Telegram, se invierte en publicidad y hay un político o un interés determinado detrás”. Sin embargo, la presión hacia los periodistas existe pero con “dinámicas diferentes”. En concreto, ejemplificó con un discurso público del ex presidente Tabaré Vázquez, quien “señaló a medios con nombre y apellido”, los acusó de ser opositores del gobierno e incluso en coberturas “sufrieron agresiones verbales” por decir dónde trabajaban.
La referencia a la senadora Graciela Bianchi, conocida por mantener un perfil confrontativo en la plataforma Twitter, fue compartida por Uval y Ferreira. La directora de La Diaria opinó que “es muy importante que el gobierno se desmarque” de las prácticas de la senadora y plantee que “esto no está bueno para la democracia”. Por su parte, Ferreira mencionó puntualmente el intercambio con Darío Klein, en el que Bianchi dijo que un informe que el periodista elaboró para CNN era una “traición a la patria”. El editor de El Observador aclaró que a este caso lo toma “con muchísimas más pinzas que al resto de los reclamos por vía indirecta”, porque su efecto depende de “la fortaleza, espiritual y personal”, y “del respaldo que el medio le dé al periodista para hacer su trabajo libremente”.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, dijo a Sala de Redacción que si el agravio proviene de “cualquier cuenta anónima, un troll o ciudadanos de a pie, eso ya sería un problema”, pero si además actúa “gente desde la política, incluso funcionarios públicos o legisladores, que tienen otro poder y otra incidencia en el debate público”, la situación es aún más compleja. De todos modos, quizás “lo que han hecho las redes es exacerbar algunas conductas”, pero estas “no son un problema en sí mismo”. El investigador añadió que desde el gobierno “existe una creciente intolerancia frente a la crítica” y “una lógica en la que parece haber ciertas dificultades para establecer organismos o mecanismos que fiscalicen su actuación”. Esto puede observarse en el proyecto de la nueva ley de medios, que “expresa una eliminación de espacios de participación y de control ciudadano en la gestión pública, que también se ha visto en los rechazos en pedidos de acceso a la información pública que ha relevado Cainfo”.
El proyecto de ley de medios mencionado por Gómez también fue señalado con alarma en el informe de Cainfo y el reportaje de DW. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue promulgada en el año 2009, pero el gobierno actual considera pertinente una modificación que implica la eliminación de varios artículos vigentes. El nuevo documento fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Representantes junto con la Ley de Urgente Consideración y aún continúa en discusión. A diferencia de la anterior, “no cumple con los estándares de calidad democrática”, según el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, porque “habilita a una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”.
