Uruguay es considerado una democracia plena según el índice elaborado anualmente por The Economist Intelligence Unit, de hecho, en la última edición se posicionó en el puesto número decimoprimero a nivel global y el primero en la región. Sin embargo, según ONU mujeres, Uruguay presenta uno de los mayores índices de desigualdad de género en política en la región. En este contexto, en el mes de setiembre se realizó en el Palacio Legislativo el evento Hacia una democracia paritaria en Uruguay. El mismo formó parte del Ciclo de Diálogos del Uruguay organizado por ONU en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU mujeres. El coordinador residente de las Naciones Unidas, Pablo Ruíz Hiebra, declaró que la democracia paritaria “es un imperativo moral y un pilar fundamental”. En ese sentido, aseguró que Uruguay está muy lejos de tener una democracia paritaria.
En diálogo con Sala de Redacción, la doctora en ciencia política y co-coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas (CEIFem), Niki Johnson, sostuvo que “la paridad debería ser considerada un pilar de la democracia moderna” y un tema a resolver para ampliar los derechos civiles y políticos. Asimismo, la docente opinó que es difícil hablar de democracia plena cuando la representación política entre hombres y mujeres no es proporcional, y que en cambio deberíamos hablar de “democracia incompleta o déficit democrático”.
Jhonson aseguró que la paridad democrática “no se ha instalado entre quienes todavía manejan de manera bastante monopólica el poder político” y que ningún partido ha militado la paridad de manera activa. De igual forma, sostuvo que hay un claro problema de género y eso se denota en el recambio generacional del sistema político donde las nuevas figuras son, en su gran mayoría, varones. Además señala que las mujeres más destacadas dentro de los partidos tradicionales tienen una larga trayectoria política.
Desde el 2009 rige en Uruguay la ley Nº 18.476, conocida como ley de cuotas. Sin embargo, para la co-coordinadora del CEIFem se está dando una aplicación “minimalista” de esta norma. Señala que es minimalista en género y número ya que las mujeres son pocas y ocupan sitios alejados de los primeros lugares dentro de las listas, lo cual impide su ascenso. En el ámbito político, según Johnson, hay reglas formales e informales que contribuyen a la marginalización de las mujeres en política. En este sentido, el diseño del sistema electoral y las formas de hacer política no son compatibles con la paridad.
En Uruguay, el porcentaje de legisladoras titulares al inicio de cada legislatura ha ido cambiando. En la Cámara de Senadores podemos apreciar un crecimiento sostenido, que se ha acelerado a partir de 2010 alcanzando en 2020 un 29% de legisladoras. Sin embargo no sucede lo mismo con la Cámara de Representantes, que ha tenido leves avances y que actualmente se encuentra en 15.2%; esto implica un descenso de legisladoras respecto al 18.2% del periodo pasado. En los ministerios no hemos logrado llegar a ocupar la mitad con ministras. El mejor periodo en esta materia fue 2015-2020 con cinco ministras, mientras que hoy solo dos ocupan este tipo de cargos.
En representación
Para Johnson, la democracia “no es una entidad monolítica acabada” sino que debe reflejar los tiempos en los que funciona y debe lograr representar al Uruguay. En este sentido, en marzo de 2021 ingresaron al Parlamento dos proyectos de Ley que proponen la aplicación de criterios de paridad de género en todas las elecciones uruguayas. El primero fue presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez y el segundo por la diputada suplente del Partido Colorado, Fátima Barrutta. Ambos proyectos proponen la aplicación alternada y secuencial de la paridad a lo largo de las nóminas de titulares y suplentes, pero el proyecto de Barrutta va un paso más allá en tanto también establece la paridad de resultados para la elección en la Cámara de Representantes. Asimismo, para evitar que las titulares que asuman luego renuncien a favor de suplentes varones, el proyecto también establece que “los titulares sólo podrán ser sustituidos por suplentes de su mismo género no alterando la paridad ni la secuencia ni la alternancia proclamadas”.
Consultada al respecto por Sala de Redacción, Barrutta comentó que el proyecto no se ha tratado y que uno de los motivos era la existencia de un proyecto en el Senado. Sin embargo, la diputada suplente afirmó que se trata de “una falta de voluntad política”. Asimismo, la integrante del Partido Colorado sostuvo que “el que paga la cuota siempre es Montevideo”. De esta manera, al igual que Johnson, visualiza un problema en las magnitudes de los distritos y por esto la programación paritaria por departamento es un punto relevante de su proyecto. Para Barrutta no es un tema que pase desapercibido pero genera resistencia por la redistribución de poder que genera.
De igual forma, en el proyecto de Rodríguez una legisladora titular sólo podría ser sustituida por otra mujer (la primera de la lista respectiva de suplentes). Mientras que en el caso de un legislador titular que deje la banca, quien asuma la titularidad podría ser hombre o mujer, según el orden de la lista de suplentes. Esta disposición constituye una medida de acción afirmativa que busca apuntalar como mínima la cantidad de mujeres que resultaran electas y que dejaría de tener relevancia cuando se llegue a la paridad en la integración de las cámaras.
En este sentido, para Johnson que quienes deberían facilitar el camino hacia la paridad son los gatekeepers que controlan el armado de las listas y la selección de las candidaturas. Asimismo, aseguró que Uruguay se encuentra muy atrasado respecto a sus pares latinoamericanos, especialmente frente a México y Costa Rica.