“Verdad y justicia, derecho de todos, responsabilidad del Estado: esa fue la consigna de la 16ª Marcha del Silencio, que se realizó el viernes 20 de mayo, como cada año, recordando la fecha de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutierrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo en Buenos Aires en 1976. Esta vez, en el contexto de la no aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
La Ley de Caducidad fue discutida y aprobada por los legisladores en dos días. Fue promulgada en diciembre de 1986 y lesiona uno de los principios básicos del Estado de Derecho: supedita la autonomía del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. En su artículo I dice que “como consecuencia de la lógica de los hechos” el Estado renuncia a su facultad de investigar y castigar delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura. Será el Presidente, en cada caso, el que deba decidir si las denuncias recibidas están o no comprendidas dentro de esta ley, y por ende, si se puede dar curso a las investigaciones correspondientes, en busca de verdad y justicia.
Ya pasaron 26 años desde que la dictadura militar entregó el poder a un gobierno elegido democráticamente, pero las madres y familiares de detenidos desaparecidos y miles de uruguayos siguen exigiéndole al Estado verdad y justicia, y que todos seamos iguales ante la ley.
En la madrugada del viernes naufragó la posibilidad de anular los efectos de la Ley de Caducidad, a través de la aprobación de un proyecto interpretativo que se discutía en Diputados. Se produjo un empate al retirarse el representante del sector Congreso Frenteamplista, Víctor Semproni. Se especuló hasta último momento con lo que iba a hacer el diputado, debido a presiones de varios sectores para que el proyecto se aprobara. Incluso el presidente José Mujica intentó persuadirlo de que votara, después de varias idas y venidas en su propia postura respecto a este tema.
Durante la marcha – que no fue completamente en silencio – se manejaron varias hipótesis sobre el trasfondo que se percibe en lo relativo a este proyecto. Decepción, traición, ocultamiento de información, veto encubierto por mencionar algunas. “Algo nos están ocultando”, se pudo escuchar reiteradamente.
Es al menos llamativo – y expresa las contradicciones internas – que en la marcha estuvieran presentes figuras del partido político que hoy cuenta con las mayorías parlamentarias para aprobar cualquier ley pero que en este caso fue impotente. El programa de gobierno del Frente Amplio para este período, en su página 130 indica que “es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar ‘la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país’, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, principal estamento de impunidad”. También es llamativo que varias figuras del mismo partido, inmediatamente después de esta derrota en el Parlamento, indicaran que la lucha continúa, que éste no era el úúltimo recurso.
Integrantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos – asociación que convoca la marcha – indicaron que no tenían la intención de mezclar la movilización con lo acontecido en Diputados. Aunque se hubiera aprobado el proyecto, los reclamos de verdad y justicia siguen vigentes, afirmaron. Nuevamente falta voluntad política para saldar un tema que nos atañe como sociedad.
La concentración previa se realizó, como es habitual, junto al Memorial de los Desaparecidos, en la esquina de Rivera y Jackson. Desde allí marcharon las decenas de miles de personas convocadas. Al llegar a la Intendencia de Montevideo se hicieron presentes, en boca de la multitud, los desaparecidos. Cuando los primeros llegaron a la Plaza Cagancha se entonó el himno nacional. “Tiranos temblad” parece hoy solo una amenaza.
Además de seguir exigiendo a través de esta movilización, verdad y justicia, parece necesario mantener viva la memoria. Varias personas murieron, desde la apertura democrática, sin saber qué fue de sus hijos, de sus familiares desaparecidos. Para algunos sirve de consuelo ver la variedad de generaciones presentes en un reclamo que para muchos es de otra época.
“Están en algún sitio”
Las autoridades deberían exigir a las personas que tienen datos sobre el paradero de los restos de los desaparecidos, que los aporten, para poder transitar finalmente el camino hacia la reconciliación, a la que apela el Presidente.
En noviembre de este año pueden prescribir los delitos cometidos durante la dictadura ya que los mismos nunca fueron caratulados como de lesa humanidad. Parece justo que no se estigmatice a todas las Fuerzas Armadas por faltas que cometieron solo algunos de sus integrantes, pero la complicidad tanto de la fuerza en su conjunto, como de algunos sectores políticos indignan a quienes siguen pidiendo, no revancha, no venganza, sino simplemente justicia. Desde la apertura democrática también se murieron algunos de los que participaron de la represión, de las desapariciones, de las violaciones a los derechos humanos; además de llevarse a la tumba datos importantes, murieron impunes.
Reconciliar quiere decir volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos; hoy parece que estamos lejos de esa posibilidad.
Lucia Pedreira
