El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) lanzó un comunicado el 31 de julio de este año evidenciando un nuevo accidente ambiental de la compañía finlandesa de celulosa, en el que se derramaron 4000 litros de soda cáustica en las instalaciones de la empresa en el puerto de Montevideo. En la misiva, además, se señaló que “no hay noticias de ese hecho” en la web de la empresa.
En el comunicado se adjuntó un anuncio de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) que describió que alrededor de las 17.30 hs “personal del departamento HAZ MAT”, responsables de materiales peligrosos, realizó una inspección del área afectada con un derrame de soda cáustica del 50%. “El derrame fue contenido en primera instancia por personal de seguridad de UPM con medidas de absorción”, donde no hubo lesionados “producto del derrame”.
Este suceso no es un hecho aislado. El 16 agosto de 2023 hubo un derrame de 50.000 litros de soda cáustica en el arroyo Sauce, en la localidad de Pueblo Centenario, donde se ubica la segunda planta de UPM. Y más recientemente, el 18 de junio se constató un desborde de lixiviado también en el arroyo lindero a la planta, en “la celda de disposición final de residuos sólidos industriales “, según consignó La Diaria.
Cabe destacar que la empresa informó al Ministerio de Ambiente (MA) recién ocho días después de ocurrido el incidente, lo que derivó en la adopción de sanciones: por un lado, por la reiteración de la contaminación al arroyo, y por otra parte por la demora en notificar al MA sobre lo sucedido, multa que rondó las 4500 unidades reajustables (unos US$190.000).
“El sistema de multas es muy suave”
En diálogo con Sala de Redacción, el integrante de Movus Raúl Viñas, dijo que a raíz de este último hecho en el puerto de Montevideo mantuvo contacto con el subsecretario del MA, Gerardo Amarilla, “para verificar si el ministerio estaba enterado”, ya que cuando publicaron el comunicado de la organización con los datos brindados por Bomberos no tenían la certeza de que esto fuera así.
Según Viñas, Amarilla comentó que “los técnicos estaban en conocimiento”, sin aportar más detalles sobre lo sucedido. En ese sentido, el integrante de Movus reconoció la imposibilidad de verificar si el MA se enteró a partir del comunicado de la propia organización, o de lo contrario a partir de “alguna comunicación con la DNB”, y en última instancia por la propia UPM. “Hoy ya no tenemos confianza en que siquiera la empresa [UPM] denuncie los problemas ambientales que genera”, sentenció.
Consultado sobre el tipo de sanciones que se le aplican a la firma finlandesa, Viñas argumentó que el “sistema de multas es muy suave para este tipo de empresas”. En ese sentido, según informó el diario El País, la empresa alcanzó un saldo neto de 279 millones de euros en el primer trimestre de 2024.
Cabe destacar que existe un proyecto de ley sobre la tipificación del delito ambiental que propone un mayor marco jurídico con relación a este fenómeno y que, según Viñas, “seguramente no va a salir en esta legislatura”. El proyecto plantea introducir en el Código Penal los delitos de contaminación de aire, aguas, suelos, con una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. “Si esto se reitera, no solamente corresponde una clausura sino una revisión total de la planta”, afirmó. Y agregó que UPM 2 “ha generado una serie de problemas que nos muestran que la seguridad industrial, ambiental y el respeto por el ambiente de esta empresa no está acorde con lo que dice”.
Desde Movus evalúan que la asignación de presupuesto al MA “ha sido muy reducida”, lo que genera complicaciones a la hora de realizar los controles correspondientes. Además, Viñas resaltó que “el presupuesto siempre es escaso” y en esa línea argumentó que se debe tener un mejor manejo de los recursos, en concreto, para plantas de gran soporte como UPM 2, central que definió como un “prototipo” ya que no existían plantas de este tamaño a nivel mundial.
“La comunicación fue inmediata”
Sobre el último derrame de soda cáustica de UPM en el puerto de Montevideo, Gerardo Amarilla declaró a Sala de Redacción que la comunicación de parte de la empresa al ministerio “fue inmediata” y que los 4000 litros derramados del material en realidad correspondieron a “una pérdida menor”. El jerarca mencionó que luego de que el MA tuvo conocimiento del hecho, se realizaron mediciones de PH (el grado de acidez en el agua) y “de conductibilidad en la bahía”, con un trabajo de “recolección de pluviales” y de “colocación de materiales absorbentes”, para evitar “una mayor afectación” de la sustancia.
El viceministro aclaró que el MA “coloca alrededor de 3000 a 4000 multas” por año, con inspecciones en los lugares afectados, dónde la cartera contrasta información de la empresa denunciada con datos recabados por técnicos del Ministerio. “Nosotros no podemos estar permanentemente comunicando a la opinión pública las cuatro o cinco multas que ponemos por día”, se defendió.
Consultado sobre la falta de comunicación de UPM a la ciudadanía, Amarilla apuntó que la decisión de no comunicar por parte de la empresa en su sitio web refiere a una “política de comunicación” de la misma. El subsecretario enfatizó en la acción del ministerio en “las miles de situaciones” que se generan al año por temas “de derrames” o “de vertidos” en diferentes sectores industriales, en los que “el MA actúa con un rigor técnico” a nivel inspectivo y “aplicando todo el peso de la ley” en materia de sanciones.
Sobre este último punto, Amarilla explicó que el jueves 8 de agosto recibieron en el MA el informe de los técnicos de la cartera sobre el último derrame de UPM, que ahora se encuentra en manos del área de Jurídica del organismo y en dónde se constata una multa económica como medida punitiva. Consultado sobre el monto que deberá abonar la empresa finlandesa, el jerarca sostuvo que “el tema no está firme todavía” y prefirió no brindar declaraciones al respecto ya que a priori la empresa tiene 10 días hábiles para hacer descargos sobre el expediente, que fue derivado a UPM el viernes 9 de agosto.
Por último, sobre el posible cierre de la planta, Amarilla argumentó que hablar de cerrar la empresa sería “temerario” porque “evidentemente hay muchas consecuencias desde el punto de vista laboral y económico”, y lo asoció con el “compromiso del país” en convenios empresariales con terceras partes. “Seguiremos controlando muy estrictamente el cumplimiento de todos los parámetros ambientales y ante los apartamientos, la herramienta que tenemos hasta ahora es la sanción económica. Hablar de otra cosa sería irresponsable”, concluyó.
En esa línea, el ministro de Ambiente Robert Bouvier solicitó al Poder Ejecutivo modificar el decreto que rige las multas ante eventuales irregularidades de parte de las empresas con respecto al medioambiente con el objetivo de aumentar el monto de las sanciones hacia las mismas.
Monitorear y prevenir
En diálogo con Sala de Redacción, la coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, Mariana Achugar, subrayó que en la órbita de la academia estudian de cerca la temática ambiental asociada a los derechos humanos de las personas con una mirada en el cuidado de las futuras generaciones, que requiere, según Achugar, “una equidad intergeneracional”.
La coordinadora enfatizó que en el “caso de las grandes empresas, los megaemprendimientos, las industrias que tienen impacto ambiental como por ejemplo UPM, lo que ocurre es que muchas veces se aprueban este tipo de plantas haciendo algunos estudios de impacto ambiental ―realizados por las propias empresas― que no consideran realmente el impacto a largo plazo o la combinación de las partes de estos megaemprendimientos en el ambiente y en la vida de las personas”.
Achugar visibilizó que en lo referente a los derrames de UPM “no hay una supervisión” y la empresa “tampoco informa” en los plazos establecidos ante eventuales daños al ambiente, lo que genera que “se vulneren muchos derechos”. En ese marco, la coordinadora argumentó que “no es una cuestión solo de monitorear, sino de prevenir y eso tiene que ser en la planificación” de las plantas industriales.
Consultada sobre la necesidad de tipificar en el ordenamiento jurídico uruguayo la figura del delito ambiental, Achugar especificó que aun no evaluaron el tema en la organización. No obstante, remarcó que “está en discusión a nivel internacional” la idea del “ecocidio” en acuerdos internacionales, y enfocado en Uruguay, Achugar apuntó a que se debe “reforzar la fiscalización y la sanción” pero sin descuidar la prevención y la protección del ambiente.
“No hay una mirada objetiva que defienda los derechos de las personas en el territorio, porque hay un conflicto de interés”, reconoció Achugar y remató: “La persona que va a ganar dinero por este emprendimiento está diciendo cuál puede ser el potencial perjuicio que produce”.
