Luego de la comparecencia del presidente de OSE, Raúl Montero, y los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Salud Pública, Karina Rando, los senadores del oficialismo votaron, en la sesión del 17 de mayo, una moción que entendió satisfactorios los “informes en relación a la mencionada empresa pública, en materia de inversiones, política de recursos humanos y fundamentalmente acerca de la gestión de la crisis hídrica y de sus consecuencias en cuanto a la disponibilidad de agua potable para el consumo humano”. Además, respaldaron “las medidas y acciones anunciadas durante dicha convocatoria” y ratificaron que el agua de OSE ”es segura para el consumo humano”. Los senadores de la coalición de gobierno dieron 17 votos afirmativos, en un total de 29, a la moción y apelaron a que la población haga un “uso responsable y solidario del agua” y que el sistema político continúe proponiendo “soluciones para permanecer gestionando la sequía que estamos atravesando, transmitiendo confianza y certeza a la ciudadanía”.
La moción del Frente Amplio (FA), en sentido contrario a la del oficialismo, no llegó a votarse y, en conferencia de prensa, Enrique Rubio, el senador a cargo de la interpelación, sostuvo que no hubo “explicaciones claras, tampoco un desarrollo de los escenarios posibles” o una descripción del “plan de contingencia. Nosotros propusimos medidas, esperamos que el Ejecutivo las tome”. A su vez, consideró que “no se actuó ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población controlara el gasto en agua, se ignoró la participación ciudadana hasta que se llegó a la situación límite, y en esa medida resolvimos exhortar al presidente de la República [Luis Lacalle Pou] a relevar de su cargo al presidente y a la vicepresidenta de OSE”. Desde el FA, se instó a conformar “un comité de crisis integrado por todos los partidos políticos que colaboren en propuestas para los diferentes escenarios posibles, así también como a los diferentes actores sociales y académicos y finalmente solicitamos se inicie un necesario proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia 2045”.
Por su parte, las autoridades de OSE y los ministros de Ambiente y Salud Pública también dieron una conferencia de prensa, en la que Bouvier destacó que el proyecto Neptuno implica una obra en Arazatí con una inversión de 250 millones de dólares, la más importante ”en la historia en cuanto al uso y la distribución de agua”. Rando, en relación a la preocupación de la ciudadanía sobre los problemas de salud que podría ocasionar el agua de OSE, afirmó que se tomarán medidas para la población de riesgo y brindó tranquilidad al resto sobre la calidad del agua, la cual calificó de adecuada y segura para el consumo humano.
Principales cuestionamientos
Al comenzar la interpelación,Rubio había planteado que el Parlamento “no podía ser ajeno a la consideración de la crisis más grave en materia hídrica en el área metropolitana y otros lugares adyacentes que se ha registrado en este país”. Aclaró que el objetivo de la convocatoria era “informarse sobre la situación y sobre la gestión de esta crisis” así como “determinar responsabilidades en caso que las hubiera” e “intercambiar sobre el plan de contingencia”.
“Hay un manejo de la crisis que a nosotros nos deja con enormes incertidumbres, dudas y críticas”. Según Rubio, el FA hizo inversiones importantes en la pasada administración y “creyó que daba un salto cualitativo” al comenzar a trabajar en la construcción de la represa de Casupá, con el objetivo de mejorar la cantidad de agua de la cuenca del río Santa Lucía, que alimenta a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Contrapuso esa solución a la del proyecto Neptuno, que prevé usar agua del Río de la Plata; dijo que en 1970 “ya se hablaba del proyecto Casupá” y que se había descartado el del Río de la Plata “por razones técnicas y económicas”, conclusión a la que volvió a llegar OSE en 2009, recordó Rubio.
“Casupá triplicaría la capacidad actual”, insistió Rubio, quien defendió el avance que tenía el proyecto: existen entre ocho y diez tomos y más de 600 planos de la obra, “no una carpetita como dijo la oposición”, sostuvo. Agregó que en 2014 se firmó un Convenio entre OSE y la Corporación Andina de Fomento para iniciar el proyecto, que avanzó demasiado lento, hasta que en 2017 se llegó al fin del proyecto básico. Detalló que en 2020 se completó el informe ambiental y que el ex presidente Tabaré Vázquez le entregó a Lacalle Pou el pliego para hacer el llamado a licitación a la brevedad. El inicio de obras estaba previsto para 2021, pero se canceló el proyecto, lamentó Rubio. “El inicio de las obras se cancela abruptamente, el porqué es una de las grandes interrogantes que tenemos”, añadió, y reprochó que “si se hubiera realizado la obra, con las lluvias del año pasado durante el período de julio a noviembre se podría haber acumulado una ayuda importante para Paso Severino”.
Rubio criticó que el gobierno actual inició el proyecto de la planta de Arazatí sin suficientes estudios de respaldo, con incertidumbres técnicas financieras y ambientales y marchas y contramarchas. Expresó que la tarea estaría en manos de empresa privada, que sería mucho más caro y tendría problemas de salinidad. A su entender, “el debate es entre Casupá y Neptuno con otras características del punto de vista de la gestión y del papel de OSE”.
Con respecto a la gestión de OSE, Rubio señaló que el ente tiene poco personal y ha tenido una reducción importante de inversión. Cuestionó por qué en octubre de 2022, cuando se declaró la emergencia agropecuaria, no se decretó la emergencia hídrica, siendo que Montero había manifestado en el Parlamento su preocupación por la bajante de Paso Severino, que registraba una bajante de cuatro centímetros en su caudal e Inumet anunciaba que estábamos en el tercer año de sequía.
Rubio afirmó que en plena crisis hídrica,el río Santa Lucía ha sido dañado con desviaciones y embalses que fueron detectados por un investigador de la Facultad de Ciencias y a través de denuncias del Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuando quien tiene que controlar es el Ministerio de Ambiente, manifestó.
Por otra parte, el senador cuestionó el modo en que se informó a la población sobre los posibles riesgos de que hipertensos y personas con problemas renales tomen el agua que OSE proporciona actualmente, que tiene mayores niveles de salinidad estar procesando aguas abajo del río Santa Lucía. Señaló que OSE informó “por Twitter”, cuando “debió haber una comunicación centralizada y única que le dijera a la sociedad que tenía que cuidar el consumo del agua y el impacto que esta mezcla de agua podía tener”. El senador citó luego una serie de posibles medidas que sugirió el FA para sobrellevar la situación hídrica.
Soluciones futuras
En su primera intervención, Bouvier, manifestó que, de acuerdo a los registros de Inumet, esta es la tercera sequía más importante que ocurre desde el año 1900 y que hasta el momento se extendían por dos años consecutivos, mientras que ahora alcanza los dos años y medio, con lo que destacó “aún más la excepcionalidad de este evento”.
Defendió que se cuenta con seis planes de agua potable, de gestión integrada de cuenca y de implementación de seguridad de agua potable en 15 sistemas, así como dos planes de seguridad de saneamiento en el interior del país. A la vez, dijo que se busca mejorar la productividad y la capacidad de almacenamiento de agua en el área agrícola.
Bouvier explicó que es necesario resolver el problema de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Puntualizó que casi 2.000.000 de personas dependen del sistema de abastecimiento de Aguas Corrientes, que tiene una capacidad de producción de 690.000 metros cúbicos de agua tratada por día, pero que se estima que para 2035 la demanda de agua potable podrá a ser de 711.000 metros cúbicos diarios y de 820.000 metros cúbicos para 2045.
Según el ministro, el proyecto de la represa de Casupá no habría solucionado la problemática actual porque, aunque no se hubiese frenado su ejecución, recién habría estado en su funcionamiento a mediados de 2024. “La presa de Casupá no cuenta como solución a que el río Santa Lucía sea la única fuente de agua potable”, dijo, y acotó que “no es un proyecto rentable, porque puede tener grandes fallas”, como la disminución de la reserva de agua o quedar totalmente fuera de servicio. Se necesitaría, a su entender, un monto de 100 millones de dólares de inversión, que en realidad terminaría aumentando, por la ampliación de la capacidad de la usina de Aguas Corrientes y otras obras para dar cobertura a la futura demanda de agua.
En cambio, el ministro remarcó la rapidez con que se ha podido consolidar el proyecto de construcción de “una nueva planta potabilizadora de agua en el departamento de San José para captar agua del Río de la Plata, con una estación de bombeo y tubería reductora de 80 kilómetros de largo hasta Montevideo”. Afirmó que es uno de los proyectos más importantes en los últimos 150 años para brindar seguridad de agua potable hasta el 2045, sin tener problemas por sequías o fallas técnicas. Por otro lado, sobre la gestión de OSE, anunció que el organismo buscará aminorar las pérdidas de agua de 47% a 25%.
A continuación de la intervención del Bouvier, el presidente de OSE destacó que “el agua que consume la población metropolitana, al igual que la del resto del país, es adecuada y correctamente manipulada, aunque no se cumplen los parámetros de sodio y cloro”, pero subrayó que se encuentra en condiciones, de acuerdo con lo que establece la norma 834 del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), de 2008.
Samuel Ferraz y Beatriz González
