En Uruguay existen alrededor de doscientas causas vinculadas a delitos de lesa humanidad en diferentes etapas del proceso judicial y la mayoría se encuentra en estado de presumario. El Observatorio Luz Ibarburu, una organización de la sociedad civil dedicada a trabajar sobre el pasado reciente, se encuentra patrocinando a través de su equipo de abogados a alrededor de 60 causas siendo con diferencia el mayor patrocinante.
A principios de mes aconteció un hecho de suma relevancia en relación a estos casos: la condena efectiva de los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso a 12 años y 6 meses de prisión por torturas contra 20 militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). El fallo fue dictaminado por la jueza Penal de 2do turno, María Elba Merlo, por los sucesos ocurridos entre 1975 y 1978 en el ex Batallón de Infantería 6 de San José.
El abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, quien fue patrocinante de las víctimas, entiende que se trata de una sentencia “muy bien fundada” en la medida en que “ubica a la tortura sistemática y metódica bajo el designio de la Doctrina de la Seguridad Nacional”. Destaca esto último ya que “va más allá de la noción de abuso de autoridad”, figura a la que podrían apelar los acusados.
El Observatorio nace en 2012 tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el “Caso Gelman”, en la que se condena al Estado uruguayo. Actualmente, la organización cuenta con su propio equipo jurídico, del que Chargoñia es coordinador, y una vasta base de datos que aglutina documentos, causas, reportes y demás información vinculada con delitos de lesa humanidad.
Consultado sobre las tareas del día a día como equipo jurídico, Pablo Chargoñia destaca que se asiste “casi a diario” a audiencias interrogatorias, con testigos e imputados, así como inspecciones oculares en los centros de tortura como el “300 Carlos” o Fusileros Navales (FUSNA). Remarca que, bajo el marco del nuevo código penal, el equipo ha presentado “impugnaciones ante algunas resoluciones que eran insatisfactorias” debido a que “las víctimas tienen más atribuciones” que en el viejo código.
Chargoñia califica positivamente la creación de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad y destaca el trabajo del fiscal a cargo, Ricardo Perciballe; “tiene empuje y un compromiso evidente con estos hechos”, resumió el abogado. “La Fiscalía hoy tiene información cruzada de todos los casos que antes recaían en fiscalías comunes, que no necesariamente se vinculaban entre sí”, indicó. “La burocracia terrorista tiene eso, que es una burocracia, por lo tanto es orgánica. Entonces un hecho no está aislado del otro y la información puede ser útil de una causa a otra”, afirmó.
De igual manera, el abogado encuentra ciertos reparos ante los tiempos de la justicia, sobre todo en la demora en el proceso: “ocurre que efectivamente muchos denunciados no llegan a ser condenados, es decir, mueren procesados en una causa pero no condenados”, factor que desde el derecho procesal y constitucional los mantiene en estado de inocencia. Subraya que en estas dilaciones influyen “estrategias comunes” de las defensas de los represores, apelando a inconstitucionalidades y demás “factores dilatorios infundados”.
No obstante, resalta que las nuevas denuncias “tienen una velocidad distinta” bajo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y ejemplifica esto con la causa del centro clandestino “Los Vagones”, donde fue condenado el ex policía Alejandro Ferreira por torturas. Otro ejemplo de esto es la mencionada causa del Batallón 6 de San José.
“La forma de revertir la dilación es a través de decisiones más eficaces de los propios tribunales, en algunos casos pueden aplicar algunas resoluciones que rechacen planteos evidentemente dilatorios”, opina Chargoñia. Y a su vez insiste en que se necesita “más respaldo institucional”, ya que los juzgados “no cuentan con el personal necesario como para analizar documentos complejos o realizar investigaciones con otra apoyatura”.
“Hay un viejo aforismo que dice que justicia demorada es justicia denegada”, reflexionó.
Fiscal contra la impunidad
Consultado por Sala de Redacción, Perciballe opinó que la condena a Francia y Macaluso fue “esperable” desde lo profesional, más allá de que la sentencia difiere en parte del pedido de Fiscalía en la imputación de tortura. A pesar de sus 32 años de carrera, desde el punto de vista humano consideró el hecho como “absolutamente conmovedor” y enmarcado en un proceso “muy duro”.
“No hay crimen más organizado que el terrorismo de Estado”, indicó Perciballe e interpreta que sus años como fiscal de crimen organizado lo ayudan en esta tarea de coordinación y le otorgan una experiencia “muy especial en lo que se trata de investigaciones complejas”, como lo son las vinculadas a la dictadura.
Remarcó que desde la creación de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad surge un “cambio sustantivo” en donde se genera un “único criterio jurídico y de investigación” cuando antes las causas recaían en distintos fiscales, con perspectivas diversas, que “no se podían especializar y dedicar el tiempo suficiente”. “Hoy la prueba que utilizamos en un juicio, la podemos trasladar a otro y así cruzar información”, señaló.
En relación a las causas, Perciballe observa aproximadamente unas 140 correspondientes al viejo código penal, de las que estima más del 50% con condena firme o pedido de procesamiento, es decir, con la fase de investigación concluida y con imputados identificados. Las causas restantes se encuentran en etapa de presumario y agrega que “están absolutamente avanzadas las investigaciones”.
Por el nuevo CPP, al que Perciballe cataloga de “muy fructífero”, se tienen en la actualidad cuatro causas: dos con condena de primer grado, una con formalización existente (referente a la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz, de la que se espera pronto resolución) y la cuarta es la causa Vladimir Roslik, que se encuentra a la espera de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resuelva una excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa.
“Una vergüenza”, así cataloga el fiscal a la duración de los presumarios en los que se estima una duración de 10 a 12 años. Esto atenta directamente con la concreción de las condenas, debido a la avanzada edad de los acusados. “Dentro de la estrategia de la Fiscalía, uno de los puntos fundamentales es intentar acelerar las causas. Se les solicitó a los tribunales adoptar medidas, las cuales fueron aceptadas”. En relación a esto último, Perciballe destaca las sanciones realizadas por la Corte Suprema a abogados defensores justamente por dilatar los procesos.
De cara al futuro, tiene “muy buenas expectativas” en torno a la búsqueda de justicia y añade que “todas las imputaciones que ha hecho la Fiscalía fueron admitidas y recogidas por los tribunales”. Destaca el compromiso de los “jóvenes jueces” con estas causas, quienes “han tomado posiciones incluso discrepantes con la SCJ”. “Podemos esperar respuestas positivas del Poder Judicial uruguayo”, auguró.
Lo que dijo la tierra
Chargoñia y Perciballe reflexionaron sobre el reciente hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 y las posibles consecuencias desde lo jurídico.
El abogado catalogó como “conmovedor” este descubrimiento, e indicó que “uno piensa en el alivio de la familia relacionada con el caso, pero también pensamos en todas las demás que deberán seguir buscando” .“Un hallazgo es también una verificación más de la dimensión del horror del terrorismo de Estado”, reflexionó.
Sobre las consecuencias jurídicas que se pueden desprender del hallazgo, ejemplificó que “en otros casos análogos la investigación judicial derivó hacia imputaciones por homicidio”, y entiende que una vez se identifique la víctima “hay que analizar el expediente penal que corresponda a su caso”. A posteriori, considera que el caso puede devenir en una “imputación de desaparición forzada en concurso con homicidio muy especialmente agravado”.
Consideró que “el Estado debe agotar todos los medios para la investigación y la ubicación del paradero de todas las personas detenidas desaparecidas”.
Perciballe coincide con Chargoñia en lo conmovedor del suceso y añade que significa “un soplo de esperanza” para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Por su parte, el fiscal entiende que el hallazgo permite confirmar que “deberían existir otros enterramientos clandestinos”.
La Fiscalía especializada coordina las acciones de búsqueda con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), intercambiando información, y por otro lado, gestiona las medidas cautelares para que se pueda operar en la zona. Más allá de estas competencias, Perciballe confirmó que se creará un equipo interdisciplinario que contará con la antropóloga Alicia Lusiardo, además de las doctoras Cecilia Vallejo y Rosana Manikowski, para determinar cuál fue la causa de la muerte y extraer las muestras de ADN que se remitirán a Argentina con el fin de determinar la identidad de los restos.
