El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) establece el aumento de penas para varios delitos relacionados al narcotráfico, el encubrimiento, la violación, el abuso sexual y la auto evasión. Al mismo tiempo, el apartado de seguridad pública incluye artículos que aumentan las penas para los cómplices de narcotráfico, rapiña, copamiento, secuestro y receptación, por un lado, y para delitos cometidos por menores de edad, por otro. Por último, se agregan al Código Penal nuevos delitos, como el agravio a la autoridad policial o la resistencia al arresto. En el debate, esta estrategia tiene detractores y defensores.
Una de las personas que planteó críticas es el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien opina que el sistema ya es gigantesco, infinanciable y sigue creciendo. En un informe que elevó a la Comisión Especial del Senado que estudiaba la LUC y a la Asamblea General del Poder Legislativo, estableció que de acuerdo a la experiencia internacional, los sistemas carcelarios “gigantes” son “infinanciables” para cualquier gobierno, por lo que terminan teniendo “malas condiciones de reclusión” y son “pobres” en cuanto a la atención en salud, la capacitación y el acceso a la cultura.
Esto está directamente relacionado con la reincidencia en el delito: es un círculo vicioso que genera más inseguridad y más delitos. El informe señala que Uruguay es uno de los países con más presos del mundo; está ubicado en el puesto 28 en un total de 222 países. En América Latina es el segundo país con más presos, luego de Brasil, con una reincidencia “frágilmente estimada” en un 55 %.
Petit sostuvo que “es imprescindible escapar a la tentación de pensar que más penas y más presos nos darán más seguridad”, porque puede ser contraproducente. “Más presos y más presos por más tiempo no van a traer más seguridad pública sino todo lo contrario: reincidencia”, agrega en el documento Petit.
El aumento de la población carcelaria lo condicionaría a una “ineficiencia definitiva” o “casi terminal”, estableció Petit. Y las consecuencias pueden ser perniciosas. En una publicación de 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea, en base a estudios científicos, que existe evidencia de que las cárceles “intensifican el involucramiento en actividades delictivas de los ex convictos”. Además, reduce y limita las oportunidades de empleo posteriores.
El caso de Estados Unidos es ejemplificador. Otra investigación que data de 2014 y fue realizada por el National Research Council concluyó que el drástico aumento del encarcelamiento no proporcionó grandes beneficios en la reducción de los delitos. Es más, “es incierto y no es probable que haya sido importante”, se concluye en la investigación. Por otro lado, tuvo consecuencias no deseadas para la sociedad, las familias y los individuos. El endurecimiento de las penas repercutió en los más vulnerables: la gente de color y los hispanohablantes, especialmente los más pobres.
Asimismo, el BID informó que de acuerdo a la evidencia internacional, la probabilidad de la aprehensión y posteriormente el cumplimiento efectivo de la condena es lo que tiene el mayor efecto disuasorio, en detrimento del aumento en severidad de las sentencias.
En esta misma línea, el abogado Gustavo Zubía, ex fiscal y actual diputado colorado, dijo a Sala de Redacción que el problema está en el cumplimiento efectivo de las penas. En su opinión, las penas no llegan a cumplirse por los mecanismos existentes para reducir los años en prisión, a los que calificó como “medidas de benignidad”, en referencia a las salidas transitorias, la libertad anticipada, las formalizaciones sin prisión y los descuentos en las penas. En sus palabras esto significa “ventaja, descuento, combo, más descuento”. El ex fiscal propone en cambio: “¿Qué te parece si en lugar de subirlas practicamos el llevarlas a cabo?”.
Al respecto, Zubía consideró que “mucha gente sueña con poner algo de orden, desde un punto de vista sancionatorio en el Uruguay, y por eso habla de subir las penas. Y eso, a mi juicio, no es lo correcto. Lo que hay que hacer es cumplir las penas, eso sí sería mucho mejor”. Según el ex fiscal, el ser “comprensivos y tolerantes” ha llevado a que los delincuentes razonen como una empresa. En este sentido dice que “delinquir es negocio”, y mientras sea así va a haber mucho delito. “Cuando deje de ser negocio, es decir cuando el delincuente sufra la condena, ahí podemos empezar a pensar que la cosa va a cambiar”.
El diputado dijo que las tasas de reincidencia son muy altas y que las cárceles uruguayas no tienen capacidad de rehabilitación porque no están dadas las condiciones. “Los reclusos son tratados con mucha violencia por un sistema que no tiene la organización para tratarlos de otra forma”, salvo algunas excepciones, señaló. También indicó que se ha perdido el mando y muchas veces dentro de las cárceles los grupos delincuenciales son la autoridad.
El abogado penalista Andrés Ojeda habló con Sala de Redacción y manifestó su opinión sobre el asunto. El abogado consideró que es una cuestión de decisión política del gobierno y fue una promesa electoral del Partido Nacional. Tiene que ver, dijo, con la percepción de la sociedad de que algunos delitos no tenían suficiente castigo.
Sobre si el aumento de penas disuade el delito, Ojeda concluyó que depende de qué delito se trate. En el caso de los feminicidios, las personas que lo cometen no tienen en cuenta la pena; en cambio, el aumento de las multas sí tiene efecto disuasorio, consideró. “Yo creo que la gente pide más castigo para algunas cosas, sobre todo por una cuestión de retribución y no tanto por un tema de que no lo vuelvan a hacer”. Por ejemplo, si un violador fuera condenado a tres años de cárcel, a la gente le parecería que la pena es baja y se indignaría, explicó.
Ojeda planteó que en el fondo el aumento de las penas es una cuestión de política criminal que definen los gobiernos. Además, expuso que en su momento se había propuesto que se aumentaran los máximos de las penas pero se mantuvieran los mínimos para cada delito. En ese caso, los jueces hubiesen tenido un espectro más amplio para decidir.
Según el abogado, estos artículos de la LUC tienen una función de “mensaje” del gobierno, que consiste en decir que esos delitos son considerados graves por parte de la actual administración. Sin embargo, reconoció que la medida por sí misma no puede lograr el objetivo que busca y que debe ir acompañada de otras: “Cómo se trabaja el sistema carcelario, cómo se trabajan las imputaciones fiscales, el tipo de condena. Yo creo que el partido no se puede jugar desde un solo lugar”.
