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MALTRATADAS
El incremento de una inmigración de mujeres -en general latinoamericanas- que son obligadas a ejercer la prostitución en Uruguay, revirtió la tendencia de las uruguayas que viajaban al exterior, particularmente a Europa, con el mismo propósito. En el caso de las extranjeras opera un mecanismo que combina el engaño y la presión económica, resulta difícil desarticular las organizaciones.
“Nadie puede decir: ‘yo quiero ser esclavizada‘”, sostuvo Sandra Perroni, coordinadora del Servicio de Atención a víctimas de trata de personas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante una entrevista con SdR. Pues si bien las víctimas, tras ser engañadas por los tratantes, dan su consentimiento en el traslado, no esperan que luego sus derechos fundamentales sean violados. De hecho, ninguna persona puede renunciar a estos derechos aun cuando, en el caso de las mujeres, el engaño termine en prostitución.
Las funcionarias del Mides han tratado 140 casos, en tres años, de mujeres trasladadas desde el exterior para ejercer la prostitución en Uruguay. Detallaron cómo afecta esta situación a las víctimas: con el traslado la persona queda vulnerable, por romper con su lugar de origen, su idioma y con posibles ayudas. Una vez en Uruguay sienten la responsabilidad de pagar sus deudas, no saben dónde acudir y el ambiente, los organizadores y sus compatriotas que subieron de estatus, les inducen a aceptar la prostitución como única salida.
El servicio de atención a víctimas de trata de personas del Mides tiene el objetivo de asesorar y contener a las damnificadas para interrumpir su situación. El proyecto se creó en la ONG “El paso”, para situaciones similares con niños, niñas, adolescentes y mujeres tanto en nuestro país como uruguayas en el exterior. Desde mayo del 2011 hasta octubre del 2012 recibió el apoyo y la financiación de la Unión Europea. Y desde noviembre del 2012 está bajo la órbita del Instituto de mujeres (Inmujeres) del Mides. Trabaja en coordinación con el ministerio del Interior y con los juzgados del crimen organizado.
Cuando las víctimas llegan a la oficina del Ministerio se busca escucharlas, se estudian los riesgos, tanto para ellas como para el Servicio. Se crea un ámbito de confianza. Se las asesora psicológica y judicialmente, respecto a los derechos laborales con los que cuentan en Uruguay. No se las obliga a que se retiren de la red ni tampoco que sus testimonios sean usados en algún juicio. Lo principal es contenerlas.
La trata de personas tiene su registro en la historia mediante la esclavitud. Sin embargo, en tiempos de la colonia se diferenció el comercio con mujeres negras de otras provenientes del este europeo; de ahí el nombre: trata de blancas. En el año 2000, en la ciudad italiana de Palermo, la ONU confeccionó el Protocolo contra la Trata de Persona, definida como: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, con fines de explotación”. Entró en vigencia en el 2003 y se tipificó como delito internacional.
Uruguay no queda excluido de un negocio que en el mundo maneja cifras similares a las del tráfico de armas o de las drogas. Desde la crisis del 2002 se han conocido diversos casos de uruguayas bajo este sistema de explotación en países europeos. Pero, según funcionarias del Mides, en el 2013 hubo un quiebre con un salto en la cifra de inmigrantes, por cambios económicos en la región y exigencias en documentación para ingresos a países vecinos. Lo que produjo que las redes consideren a Uruguay un país atractivo para el negocio, por sus fronteras de fácil acceso y por un poder adquisitivo y un turismo en aumento. Por ello, hoy se puede considerar a Uruguay como un país de origen, tránsito y destino de trata de personas.
Paso a paso. El mecanismo de la trata de personas consta de tres etapas: la captación, el traslado y la explotación. En los casos de las personas que están llegando a Uruguay desde República Dominicana en la etapa de la captación, prima el engaño. Les prometen ingresos de hasta 1000 dólares por semana como trabajadoras domésticas u operarias en fábricas de pescado, a personas que en su país, si acceden a un puesto laboral, cobran como máximo 100 dólares mensuales. Tras los ofrecimientos, las migrantes contraen un préstamo hipotecario con los “captadores” para financiar su viaje y la organización les informa qué documentos necesitan para trabajar.
En el traslado son otros los actores: “el dueño del viaje” y otros colaboradores, como pueden ser taxistas y médicos. Llegan al Aeropuerto de Carrasco con los documentos para trabajar y una reserva en algún hotel. Al día siguiente se trasladan a alguna pensión céntrica donde se alojan con otras compatriotas. Los miembros de las redes articulan cada paso y les cobra por hacer trámites que en las oficinas estatales son gratuitos. A los pocos días, sin dinero y con la organización que les ofrece la prostitución como opción para pagar sus cuentas, empieza la última etapa.
Con la explotación sus derechos son violados, bajo un reclutamiento que les exige cómo deben trabajar, les controlan el dinero y los pagos y las obligan a trabajar en casos de enfermedad y durante los días de menstruación. Con la contratación del cliente, último actor e invisible por la legalidad de la prostitución en Uruguay, se efectiviza el negocio y la explotación. Con el procedimiento por etapas de las redes es muy difícil de identificar a responsables, ya que el papel que cumple cada involucrado no es prueba de haber efectuado trata de personas.
Las alternativas y ayudas son el apoyo a la vivienda, la tarjeta Mides, seguimiento psicológico, puesto laboral y espacio privado para reuniones con familiares. Una vez que logran salir pueden escoger entre quedarse, volver a su país o irse a otro. Según la coordinadora Sandra Perroni y la abogada, Milka Da Cunha, también del Mides, es necesario que existan refugios para atender estos casos. También una actualización en la legislación que es una de las más atrasadas de la región. Ya que es un problema social en aumento.
Sebastián Bustamante
