Rubén Villaverde, director del SIRPA. Foto: Brecha.
Tras hacerse público ese informe en Uruguay, el viernes 24, comenzaron los rumores sobre la renuncia de Rubén Villaverde, director del SIRPA. Aún no se ha podido confirmar esa versión.
En el documento se establece que las respuestas, por parte de la delegación del Estado, no conforman a la Organización internacional. Ya sea por lo vagas y por no demostrar garantías para los procesos de prevención y castigo de la tortura.
La delegación internacional aclaró que desde 2012 se presentaron 16 denuncias. De éstas, solamente tres culminaron en procesos penales. Sin embargo, los redactores del informe lamentaron que no se haya dado ninguna ampliación, ni detalles sobre las víctimas o las situaciones concretas que motivaron esas denuncias.
La OMCT recibió a Uruguay y otros países miembros en las 52º jornadas desde su existencia, realizadas en Ginebra. Allí se escuchó la visión del Comité Contra la Tortura uruguayo, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR), y también hubo lugar para los descargos del Estado parte.
Preocupan las prácticas de tortura como los golpes, “el paquetito”, la desnudez forzada y castigos colectivos, además de la administración de psicofármacos con fines no psiquiátricos. En materia legislativa se reconocen avances considerables, sin embargo, se advierte que la legislación sin mecanismos de aplicación no sirve.
El Estado uruguayo suscribió a los convenios de la OMCT por lo que debería acatar las recomendaciones allí establecidas, entre las que figura la creación de un mecanismo independiente que investigue las denuncias de tortura. También se insta a analizar las irregularidades que se denuncian en los centros de detención de adolescentes infractores.
Tal como lo pedían las organizaciones sociales denunciantes, “urge” la suspensión de los sospechosos de ejercer los malos tratos, la protección real de las víctimas y de los testigos de torturas y malos tratos.
Como último punto de recomendación concreta que se hace al Estado Parte, la OMCT va más allá y pide la reparación de las víctimas “que incluya una indemnización justa y adecuada”.
Luis Pedernera, abogado de IELSUR, uno de los integrantes de la delegación de las organizaciones sociales, manifestó a SDR que el informe “recoge la mayoría de nuestros planteos” a través de “observaciones duras”. De todas formas explicó que no sorprendió la declaración porque esperaban que fuesen “fuertes”.
Éste es un nuevo capítulo para agregar en el legajo del SIRPA que es cada vez más abultado. El Estado uruguayo deberá acatar o nuevamente hacer caso omiso al derecho internacional en un caso de defensa de los Derechos Humanos.
Gabriela Pasturino
