Este 1° de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, comenzó a regir un nuevo aumento en el precio de los combustibles. El Poder Ejecutivo informó este viernes que el litro de nafta Súper 95 costará $79,38, un incremento de 1,92% y el litro de gasoil 50-S costará $61,99, una suba de 5,08%. Se trata del séptimo aumento desde la aplicación del nuevo mecanismo impulsado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el octavo desde que asumió la coalición de gobierno en marzo de 2020.
Si bien el informe técnico mensual de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI), recomendaba para mayo una disminución de 2% para la nafta y un aumento de 1% para el gasoil, las tarifas arrastraban una diferencia de 3,9% por debajo del PPI. Este “atraso tarifario” se produjo cuando el gobierno decidió apartarse de las recomendaciones de la Ursea y desencadenar los precios locales de la evolución del precio internacional del petróleo.
El ministro de Industria, Omar Paganini, expresó en rueda de prensa que “todavía hay una distancia entre lo que se está cobrando el combustible en Uruguay y lo que debería cobrarse desde el punto de referencia de la Ursea”. La diferencia, indicó, está por encima de 3 pesos en la nafta y casi 11 pesos en el gasoil; es decir, los ajustes de mayo deberían ser mayores para alinearse a la tendencia internacional.
En diálogo con Sala de Redacción, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap (Fancap), afirmó que la herramienta del PPI debería utilizarse a modo de referencia, “pero lo que tiene que primar es la definición política”, dado que, a su entender, el ajuste de los precios “siempre es una decisión política”. “En el primer semestre de 2021 se decidió no aplicar la LUC porque si no iban a aumentar los combustibles y eso repercutía en la siembra y cosecha de los sectores agroexportadores. Se tomó una decisión política en favor de los que más tienen”, agregó como ejemplo.
La LUC estableció una nueva metodología para determinar los precios de los combustibles. En función del PPI, un cálculo teórico que elabora la Ursea y que proyecta cuánto le costaría a un hipotético importador abastecer al mercado en iguales condiciones que Ancap, el Poder Ejecutivo ajusta las tarifas mes a mes. El objetivo principal detrás de este mecanismo es que los precios suban o bajen en base a la evolución del precio internacional del petróleo.
Subsidios y ganancias
Durante algunos meses del año pasado, el gobierno resolvió apartarse de las recomendaciones de la Ursea, que sugerían aumentos en función del precio del petróleo a nivel mundial, bajo el argumento de la “espalda financiera” de Ancap. En efecto, la empresa estatal tuvo en 2021 ingresos extraordinarios debido al récord de exportación de energía de UTE a Brasil. Sin embargo, desde la oposición se acusó al gobierno de manejar electoralmente el precio de los combustibles por el inminente referéndum de la LUC.
Al respecto, Paganini dijo este viernes que si bien 2021 había sido un “buen año” para Ancap, ya que terminó con ganancias de 88 millones de dólares, la diferencia entre lo que establece el PPI y lo que se está cobrando al público en Uruguay está “por encima de los 25 millones de dólares mensuales, lo que se achica un poco por la baja del precio del petróleo y del dólar”. Este monto, sostuvo el jerarca, es subsidiado por Ancap.
En ese sentido, Rodríguez aseguró que es un error medir la gestión de las empresas públicas en términos netamente económicos, porque “la gestión de una empresa debe medirse en función del objetivo que persigue” y los objetivos de las empresas públicas deberían ser “promover el desarrollo social, productivo y humano” a través de parámetros sociales. “Cuando decimos que Ancap tuvo una buena gestión porque ganó dinero estamos invisibilizando el verdadero rol que tiene como empresa pública”, manifestó.
Por otra parte, el presidente de Fancap discrepó con la propuesta del Frente Amplio de congelar el valor de la nafta hasta fin de año. A su entender, si el precio internacional del petróleo baja, como en este caso, los precios de los combustibles deben bajar, ya que esto es lo que expresa el mecanismo de la LUC que definió el gobierno. “Hay que exigir que se cumpla a rajatabla la ley que ellos mismos propusieron”, opinó.
Porcentajes y diferencias
El segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015-2020) terminó con la nafta a $54,95 el litro y con el gasoil a $40,40 el litro. Durante ese quinquenio los precios aumentaron 35% y 7% respectivamente. En tanto, la coalición de gobierno acumula en poco más de dos años -con este último ajuste de mayo- aumentos de 44% para la nafta y de 53% para el gasoil. En estos últimos meses el precio internacional del barril Brent, el crudo que el gobierno compra para luego refinar en Ancap, ha sufrido fuertes oscilaciones -por la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros factores- y ha tenido récords de precios.
