Carro de clasificadores en Montevideo. Foto: AFP / MIGUEL ROJO
Sala de Redacción entrevistó al presidente de UCRUS, Juan Carlos Silva, y al director de Desarrollo Ambiental de la IM, Juan Canessa. Ambos coinciden en que en las plantas creadas a partir de la Ley de Envases se le ha dado trabajo a pocos clasificadores. Silva asegura que sólo se empleó a 128 personas y que estas ya pertenecían a cooperativas, “no se generó ningún puesto de trabajo para los trabajadores de la calle”, declaró, por lo que no consideran que se haya hecho alguna mejora social relevante.
La Ley de Envases fue creada en 2005 y obligó a las empresas a que se hicieran responsables de los envases que emiten. La IM en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara de Industria y la Dirección Nacional de Medio Ambiente crearon un nuevo sistema que incluye cuatro plantas de clasificado y la implementación de contenedores que están dispuestos en el Municipio B, declarado zona de exclusión para los clasificadores.
Silva manifestó que las plantas actualmente están funcionando “muy mal”. Canessa concordó con ello: “La realidad es que las plantas no trabajan como deberían trabajar. Esto se debe a que seguramente trabajan con el mismo criterio con el cual trabajarían en sus casas”. También resaltó que a las empresas que compran residuos no les sirve la organización de los clasificadores: “Hay gente a la que no les gusta que el mercado se regularice, me refiero a intereses económicos. Claro está que hay gente por fuera de las plantas que no quieren que éstas funcionen”. Entre las discrepancias establecidas, Silva habla del mal ingreso de materia prima a las plantas, mientras que Canessa afirma que “material llega mucho y lo sabemos porque nos han pedido que no les mandemos más camiones”.
El presidente de UCRUS subrayó la importancia en la regulación y control de las plantas ya que la falta de materia prima podría ser consecuencia de la separación de materiales en un destino anterior, lo que significaría un hecho delictivo por parte de terceros, afectando la economía del trabajador. Manifestó sus dudas sobre el posible envió de materiales clasificables al vertedero Felipe Cardozo, y declaró que la demanda sobre este supuesto ya está realizada a la IM. Canessa, por su parte, lo negó rotundamente: “Cuando alguien dice públicamente que un camión de la intendencia se desvía, tira en otro lado y se comprueba que no es verdad, entonces quien lo dijo es un mentiroso y no merece trabajar donde trabaja, ni que los montevideanos le estén pagando el sueldo”.
El gremio reclama soluciones para las posibles pérdidas de fuentes de trabajo debido a las zonas de exclusión de clasificadores. Exigen a la IM realizar un nuevo censo ya que no concuerdan con el número reconocido por ésta. Según el censo realizado en 2013 por la Facultad de Economía de la Universidad de la República (UdelaR), los clasificadores son 3.200, mientras que UCRUS afirma que existen unos 9.000 clasificadores en la calle.
Además, requieren que se generen más puestos de trabajos si se quieren “eliminar” a los carros de las calles. Piden que haya mayor inclusión social considerando que las medidas tomadas no han sido suficientes. Para los clasificadores y actuales trabajadores de las plantas lo que actualmente se viene haciendo es “una gotita en el mar”.
Por otro lado, Silva mencionó que realizaron una ronda de propuestas con los candidatos a la Intendencia, entre ellas la creación de una planta para más de 500 personas, la posibilidad de generar cooperativas de recolección y clasificación de residuos. “El único que no nos recibió hasta el momento fue el candidato Daniel Martínez, el resto han mostrado gran interés en las propuestas planteadas, notando un mayor interés por parte del equipo del MPP”, destacó.
Texto: Jessica Vega
Producción periodística: Julieta Añón, Camila Rodríguez, Jessica Vega
