Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), dijo a Sala de Redacción que las solicitudes de seguro de paro confirmadas al día lunes fueron 52.060: “Este fue un récord para Uruguay, es la primera vez”. Explicó que va a haber mucha demanda de los seguros de enfermedad y que probablemente habrá más personas certificadas que gente en el seguro de paro, debido a que los sujetos que hayan estado en contacto con un caso confirmado, deberán hacer cuarentena. Las solicitudes por suspensión fueron de 42.087, los despidos 4.834 y las reducciones 5.139.
Actualmente son 189 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, según declaró el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas el martes de esta semana. En conferencia de prensa el gobierno decidió “exhortar más fuertemente” las medidas de aislamiento social, mientras que otros actores sociales como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) proponen la cuarentena obligatoria.
En la emergencia
A su vez, el PIT-CNT emitió un comunicado en sus redes sociales en el que propuso 11 medidas a tomar para enfrentar estos nuevos tiempos. Entre estas medidas se encuentran la creación de una “renta transitoria de emergencia” con la función de asegurar un ingreso mínimo a todos los uruguayos y la garantía de que las personas que no estén registradas en organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS tengan acceso a esta canasta. También, proponen garantizar la protección de las pequeñas y medianas empresas y denominaron como “insuficientes” las medidas instrumentadas por el gobierno. Pidieron a las empresas que no tomen medidas unilateralmente y exhortaron a la “negociación colectiva”.
En el comunicado se volvió a reiterar su pedido de postergación del aumento tarifario, así como también el congelamiento de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses y con este mismo criterio. Exhortaron “al Banco Central a que instruya a las instituciones financieras privadas a poder realizar lo mismo en el caso de tarjetas de crédito y préstamos sociales”. También se tocan puntos como el control de precios de la canasta sanitaria, protección con insumos necesarios a los trabajadores de la salud y que hayan elementos de higiene en los transportes públicos, además de que los ómnibus no viajen con todos los asientos ocupados para evitar aglomeraciones. Por último, convocaron a un caceroleo y apagón social para el día de hoy a las 21:00.
Ayer en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre esta convocatoria y dijo que están en todo su derecho de hacerlo pero “obviamente” no lo comparten porque, argumentó, el gobierno está “trabajando para mejorar la situación del país”.
Idas y vueltas
En entrevista radial con el programa Intercambio, el expresidente y doctor Tabaré Vázquez dijo el lunes que “inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total si queremos cortar con este círculo vicioso”. Habló sobre las consecuencias que esta medida puede tener en la economía del país y que hay que tenerlas en cuenta, pero que si tuviera que priorizar va a “priorizar la salud de la población”. También enfatizó que Uruguay tiene una solidez financiera “muy importante” que le permitirá afrontar esta situación.
En el mismo sentido, el SMU está planteando una cuarentena general hasta el 12 de abril para “maximizar la desaceleración la curva de contagios del Covid.19”, así lo afirmó Gustava Grecco, su presidente, en conferencia de prensa el viernes. El lunes, autoridades de la gremial se juntaron con el presidente Luis Lacalle Pou pero no llegaron a un acuerdo.
En la conferencia de prensa del lunes, al ser consultado por la cuarentena general, Lacalle Pou dijo “¿alguien con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo que está tratando de hacer el peso?”. Sin embargo el presidente agregó que las medidas a tomar para reforzar el aislamiento serán a través de la policía: “un patrullero en cada feria, en la rambla, en las plazas”. Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, fue consultado por Sala de Redacción sobre los dichos del presidente y explicó que lo que dice el gobierno “es una vulneración del Estado de derecho” y que lo primero que se debe discutir es si hay o no hay cuarentena, y en el caso de haberla, ver “cuáles son los mecanismos que se aplican para hacerla obligatoria”.
Días antes de la declaración de emergencia sanitaria, el nuevo gobierno anunció un aumento tarifario de las empresas públicas de un 10% aproximadamente, que comenzará a regir el próximo 1 de abril. Dadas las condiciones que está atravesando el país y a causa de las medidas de aislamiento necesarias para frenar el virus, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración con el fin de mostrar su preocupación “ante la situación generada en el ingreso” de los trabajadores. Además, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, declaró a La Diaria que esta crisis “humanitaria y de salud se transforma en una brutal crisis económica”, y cree necesario “aplazar el pago de las cuentas, cambiar las fechas de vencimiento de todas las tarifas y no aumentarlas”. Por otra parte, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció que tanto el ajuste tarifario como el aumento del IVA siguen en pie.
