El controversial Miguel Antonio Sofía Abeleira, integrante del denominado Escuadrón de la Muerte, continúa prófugo de la justicia; aunque extraoficialmente se tienen indicios de que reside en Estados Unidos, el pedido internacional de captura no se ha concretado. Su ausencia, junto a documentos desclasificados recientemente por la National Security Archive (NSA), desmoronan las declaraciones realizadas por el indagado y dejan al descubierto una “coartada” dudosa y sospechas de “cobertura” política.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó en 2009 el procesamiento con prisión de Miguel Sofía, acusado de delitos de asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración, desaparición forzada de Héctor Castagnetto y homicidios muy especialmente agravados de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Fueron testimonio primordial las declaraciones del ex fotógrafo policial, Nelson Bardesio, quien reveló en 1972 pormenores acerca del accionar de esta organización parapolicial y señaló a Sofía como uno de sus principales miembros. El dictamen también identificó al menos a diez integrantes de este grupo y describió su surgimiento, consolidación y prácticas.
Sofía, abogado y empresario de comunicaciones, debía comparecer por esta causa el 17 de junio de 2009 ante la jueza penal de 8º turno, Graciela Eustachio, pero efectivos de Delitos Complejos responsables de su traslado al juzgado no lo ubicaron en su domicilio. Ante el desacato, Eustachio libró una orden de captura nacional en su contra.
Días después, Sofía brindó declaraciones para Telemundo 12 y la revista Caras y Caretas, en las que afirmó su pronto retorno al país, para dejar “al desnudo ante la Justicia todas las falsedades y ataques de que he sido víctima durante estos últimos 40 años”.
En ese momento, también aseguró no tener ningún tipo de vinculación con los Escuadrones de la Muerte: “Yo nunca integré ninguna organización de ese tipo”, “no existió un Escuadrón de la Muerte; de haber existido lo que hubo fueron distintos grupos que se opusieron a los terroristas sediciosos que pretendieron tomar el poder por las armas”, expresó. Sofía declaró que se buscaba culpabilizarlo e incluso aseveró que las confesiones de Bardesio eran falsas, producto de las diferentes torturas que el “señor” padeció.
Su testimonio pierde toda credibilidad al conocerse públicamente en 2010 los documentos desclasificados de la CIA, que permitieron una reconstrucción sustentada de lo acontecido en esa época. Interpretados por Carlos Osorio y Marianna Enamoneta con la colaboración de la profesora de historia de la Universidad de la República Clara Aldrighi, los documentos revelan que el gobierno de Richard Nixon cumplió un rol central en la conformación de los Escuadrones de la Muerte.
A fines de julio de 1970, un grupo de integrantes del MLN secuestró al director de la Oficina de Seguridad Pública de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Dan Mitrione. Éstos amenazaron con ejecutar al prisionero si no se accedía a intercambiarlo por 150 de sus compañeros, detenidos por el gobierno encabezado por el presidente Jorge Pacheco Areco. En respuesta, el embajador norteamericano Charles Adair recibió un mensaje del secretario de Estado, William Rogers, en el que se sugiere “amenazar con matar a Raúl Sendic y otros prisioneros clave del MLN, si Mitrione es asesinado”. Cumplido el plazo otorgado por los tupamaros, la mañana del 10 de agosto fue encontrado el cuerpo de Mitrione; ese hecho determinó el surgimiento de los Escuadrones de la Muerte, desplegados con el fin de eliminar “insurgentes”.
En la documentación, se reconoce oficialmente la existencia de los “caza tupamaros” como política implementada por el gobierno uruguayo, y resultan prueba irrefutable de que Washington avalaba la postura adoptada.
En sus declaraciones, Miguel Sofía describió su relación con dos de los también acusados de integrar los escuadrones. Sofía marcó el inicio de su vínculo con el profesor Armando Costa y Lara, uno de los principales artífices del denunciado comando, cuando era estudiante del Liceo IAVA. Según las declaraciones del propio Sofía, fue agredido en ese liceo por militantes de izquierda por estar desgremializado, lo que generó que Acosta y Lara lo contactara para solidarizarse e incluso solicitara tribunales especiales para facilitarle sus estudios. Años más tarde, cuando el profesor fue designado por el presidente Pacheco Areco como subsecretario del Interior, Sofía frecuentó continuamente su oficina con el pretexto de solicitar una beca de estudios en el exterior.
El profesor de secundaria y periodista Julio Cesar Guridi Díaz en uno de sus artículos afirma que durante esos años muchos estudiantes estaban desgremializados: “en el año 1968 fueron desgremializados los dirigentes estudiantiles anticomunistas y se les impidió violentamente concurrir a los cursos. Las autoridades de Enseñanza Secundaria decidieron integrar tribunales de exámenes para que los desgremializados pudieran rendir prueba de suficiencia en condición de alumnos libres”. En este marco, resulta significativo que Acosta y Lara se preocupara particularmente por el caso Sofía, quien, según el propio testimonio de Sofía, era uno más del montón.
Por otra parte, a Sofía se lo acusa también de haber sido “el más estrecho colaborador” del médico psiquiatra paraguayo Ángel Pedro Crosas, identificado como una pieza clave de los escuadrones de la muerte. Sobre ese vínculo, Sofía reconoció haber coincidido con éste en la oficina de Acosta y Lara.
En 1976, luego de obtener en Madrid su doctorado en Derecho, Sofía regresó a Montevideo, donde revalidó su título y se graduó en Diplomacia. Dos años después comenzó a cumplir funciones como jefe de la sección de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, hecho que resulta “ruidoso” dada la rapidez con la que accedió a tan alto cargo. Por sus vínculos con la dictadura. Sofía obtuvo la concesión de una frecuencia FM, que fue la base de un complejo de negociosa vinculados a las telecomunicaciones y a la telefonía celular. Cuando el semanario Brecha logró ubicar en Argentina al fotógrafo Bardesio, prófugo durante 37 años, y se concretaba su detención con fines de extradición, la perspectiva de que la justicia finalmente investigara los crímenes del Escuadrón (como ocurrió), impulsó a Sofía a vender o traspasar todos sus negocios.
Sofía declaró en 2009 que tenía “fe en la justicia uruguaya, en que estamos frente a un Estado de derecho donde se van a respetar los derechos que me consagra la Constitución de la República y demás leyes”, pero su ausencia deja en el tintero un silencio que comienza a hablar por si sólo. Sofía, dos años después de que la justicia uruguaya ordenara su captura, sigue prófugo.
Emilia Zabaleta
