“Es claro que Uruguay ha perdido terreno en materia de derechos humanos”, indica el capítulo extendido del reporte anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 2023, publicado en abril por Amnistía Internacional. Dentro del informe, una corta pero intensa página dedicada a los problemas que atraviesa Uruguay respecto a la salud mental de sus habitantes, establece que, a pesar de la afortunada baja de la tasa de suicidios, el acceso a servicios de salud mental “continúa presentando obstáculos”.
El documento pone en cuestión los esfuerzos hechos para implementar la Ley 19.529 de Salud Mental, aprobada en 2017, que fija objetivos a largo plazo para remodelar la atención a la salud mental en el país, como el cierre de los manicomios y el reforzamiento del abordaje en el ámbito comunitario. Amnistía establece que a seis años desde su aprobación, “la ley aún no ha sido reglamentada en su totalidad”. A su vez, criticó que “aún no se ha procedido a avanzar en el proceso de desmanicomialización”, objetivo que, según la ley, tiene el año 2025 como fecha límite. En cuanto a los intentos de autoeliminación registrados durante 2023, que alcanzaron los 4.725, la organización argumentó que exponen “la gravedad del problema en el país y la necesidad de fortalecer la atención en salud mental”.
Cecilia Baroni, psicóloga, docente del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República e integrante de Radio Vilardevoz, dijo a Sala de Redacción (SdR) que los obstáculos que acusa Amnistía Internacional son tanto conceptuales como sustancialmente económicos. La especialista justificó esto al denunciar problemas para garantizar la disponibilidad de profesionales así como, producto de ello, dificultades en el acceso a servicios como la psicoterapia. “Si no tenemos psiquiatras que quieran trabajar en salud pública, y si no potenciamos a los trabajadores con buenas propuestas tanto económicas como laborales, lo que va a pasar es que no vamos a tener profesionales”, contó.
Consultada por las condiciones laborales en la atención a la salud mental, Baroni graficó el actual funcionamiento del Hospital Vilardebó y sus servicios de emergencia: “Si cualquiera va a la emergencia del Vilardebó, ya con solo ir se entristece con el tipo de lugar que es”, lamentó. También informó que para solicitar repetición de medicamentos, “pusieron dos contenedores afuera con dos médicos dentro, despachando gente que está con hora al aire libre, llueva o haga calor, esperando su turno”. Para la psicóloga, “eso genera situaciones violentas donde el psiquiatra tiene que poner el cuerpo en algo que escapa a lo que tiene que hacer”.
Alternativas demoradas
Graciela Alfonso, presidenta de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental -organismo creado por la ley-, habló con SdR sobre cierta falla a la hora de reglamentar la Ley de Salud Mental. Comentó que “es una ley que se promulga sin financiamiento”, y que, por ende, hay “un marco normativo muy importante, pero insuficiente”. “Lo que tiene que ver con la Comisión de Contralor está bastante detallado, bastante explicitado, pero lo que tiene que ver con dispositivos alternativos al cierre de las instituciones monovalentes [asilos, hospitales y sanatorios psiquiátricos], no está totalmente desarrollado”, explicó.
Alfonso entiende que el máximo impedimento para el cierre de los manicomios es la necesidad de contar con lugares alternativos para la reubicación de los pacientes. Dijo que en dichos lugares “lo que no debería ocurrir es que estén viviendo personas que estén en condiciones de convivir en sociedad y en comunidad”. El informe de Amnistía deja en claro que la creación de dispositivos alternos a la manicomialización es aún una materia pendiente.
A propósito de esta problemática, Baroni planteó que “hoy hay gente que está internada simplemente porque no tiene casa”, y que, si al haber un acuerdo en que sus vidas no pueden seguir en un asilo o un manicomio, hay pacientes que no tienen un lugar adónde ir, un objetivo primordial para cerrar estas instituciones es “garantizar que estas personas van a estar en algún lado, no en la calle”.
“Por lo general las reformas de salud, no solo en Uruguay sino en el mundo, implican que, cuando se cierran este tipo de instituciones, tiene que haber por lo menos tres líneas de trabajo: el plan terapéutico, la solución de vivienda, y la inserción laboral y cultural de la persona”, explicó la integrante de Vilardevoz, radio comunitaria que funciona desde 1997. Bajo estas ideas, reconoció que el Ministerio de Desarrollo Social es “el que más ha tomado la posta”, porque creó algunas alternativas habitacionales y “algunas soluciones que tienen que ver con la otra parte del cierre de estas instituciones”, vinculadas a “lo laboral” y “la vida cultural”.
Asimismo, Baroni lanzó una crítica a la visión política sobre el cierre de las colonias psiquiátricas dependientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), como las ex colonias Santín Carlos Rossi y Bernardo Etchepare -hoy denominadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial-. Mencionó que ASSE anunció que no cumplirá con la clausura de las colonias para 2025, como establece la Ley de Salud Mental, pero que, en cambio, sí anunció la apertura de un nuevo centro para adicciones. “Para determinadas poblaciones, sobre todo cuando hablamos de pobreza, el encierro en grandes instituciones sigue siendo la respuesta”, interpretó Baroni, que considera que una de las causas de ello es porque “es más barato”.
Toda esta tendencia al encierro de pacientes genera muchos casos de internaciones prolongadas que complican el proceso de desmanicomialización y generan la urgencia de soluciones habitacionales, explicó Baroni. A falta de esas soluciones, planteó que lo que ha hecho el Estado es construir casas de medio camino, “una estructura intermedia entre la salida de una internación prolongada y la adecuación a la vida, y lo que implica tener una casa y volver a tener autonomía respecto a algunas decisiones”, aclaró la psicóloga.
Alfonso, por su parte, opinó que aún se necesita indagar en el problema de estas situaciones de internaciones prolongadas para hallar una solución certera. “Se está avanzando en estos momentos en posibles enfoques complementarios, o profundizando en lo que la ley marca en su espíritu pero no profundiza”, agregó.
La implementación de la ley y la mejora de los servicios de salud mental implicaría, además, de acuerdo con Baroni, un cambio de modelo de corte biologicista a uno comunitario, para el que se presentan ciertos obstáculos. Entre otros, Baroni apuntó a los intereses de grupos profesionales, dado que las modificaciones propuestas conllevarían “cambios en su formación”, y que hay “grupos de trabajadores que a veces tienen miedo de perder su fuente de trabajo”.
Difusión de los derechos
Respecto a los “obstáculos” que identifica Amnistía, Alfonso apuntó hacia otra arista e interpretó que hay una escasa difusión de las prestaciones en atención a la salud mental: “las prestaciones psicoterapéuticas son un derecho, tanto en intentos de autoeliminación como en familiares de personas con estos intentos. Tenemos una normativa que habilita a la atención psicoterapéutica de todos estos casos, y muchas veces las personas no lo saben”, advirtió.
“La falta de mecanismos de denuncia frente a cualquier presunta irregularidad de los prestadores de atención en salud mental puede ser denunciada, tanto frente al propio organismo prestador, como ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, y ante la propia Comisión de Contralor”, sugirió Alfonso, y agregó que los prestadores de servicios a la salud mental deberían ser más transparentes en función de visibilizar estos mecanismos de denuncia.
La Comisión de Contralor elaboró, en diciembre de 2023, un documento en el que identifica los “puntos críticos en el proceso de implementación de la Ley”. Entre ellos, en el informe remarca un lento avance en el trabajo intersectorial, fragilidades en la accesibilidad a la atención y la continuidad de la misma, un mal trabajo y contención para con las familias de personas con trastornos severos, y la necesidad de compatibilizar la legislación nacional con el “cambio de paradigma”.
