Si somos pobres estamos condenados a cierto grado de marginalidad, pues el acceso a la gran parte de los bienes y servicios depende indefectiblemente del dinero. Pero si se es pobre y al mismo tiempo trans, podemos estar casi seguros de que entramos en una espiral de exclusión que atraviesa todos los aspectos de la vida.
Aquellas personas que ponen matices al binomio hombre-mujer y a sus correspondientes categorizaciones como heterosexual-homosexual a las que la tradición nos ha acostumbrado, sufren en Uruguay de un fuerte proceso de discriminación social, económica y cultural.
La situación trans tomó cierto grado de visibilidad en los últimos años, sobre todo a partir de la promulgación de leyes que apuntan a la igualdad y a la no discriminación, como lo son la Ley de Unión Concubinaria, la de Cambio de nombre y sexo registral, y la Ley de Derecho a adopción. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales entienden que estas normas aisladas no responden a una política pública más abarcativa, necesaria para resolver, entre otros casos de discriminación, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población trans.
Para empezar, la generación de datos estadísticos para el estudio de la población trans son fragmentados y desarrollados, en la mayoría de los casos, de forma indirecta. En el marco del segundo Examen Periódico Universal aplicado a Uruguay -mecanismo desarrollado por la ONU para evaluar la situación de los derechos en los países miembros-, el Colectivo Ovejas Negras hizo hincapié en la “ausencia de estadísticas e indicadores en los sistemas oficiales de seguimiento de la violencia”. Por su parte, Diego Sempol, magíster en historia, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Área Académica Queer Montevideo, también entiende que, si bien la población trans captó la “atención pública, social y académica”, esto no se ha “traducido en América Latina ni en Uruguay en la producción de datos estadísticos confiables sobre su realidad y problemática específica”. Muestra de ello es que la Encuesta Continua de Hogares no incluye la categoría trans.
Transprostitución. Dentro de los Planes de Acción de las Juventudes (2015-2025), desarrollado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y el Ministerio de Desarrollo Social, Sempol presentó un estudio sobre las comunidades trans donde recoge datos generados en la investigación “Población Trans en Uruguay” de la Universidad de la República (UdelaR), financiada por la CSIC en 2011, y de la base de datos de los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Los resultados no resultan alentadores. El 70% de las personas trans encuestadas entre 15 y 29 años estaban vinculadas al comercio sexual o explotación sexual -dentro del grupo adulto, el porcentaje descendió a 47%-. Para Sempol, estos datos que evidencian el fuerte vínculo entre la población trans y la explotación sexual comercial, obedecen a su “situación de vulnerabilidad y a las ventajas comparativas que el circuito de prostitución garantiza a las más jóvenes”.
El período de mayor acumulación de ingresos entre las trans se percibe durante la juventud, lo que promueve un ingreso temprano al circuito de la prostitución. A esto debemos sumarle factores sociales y psicológicos que no nos permiten perder de vista que los trans soportan “una fuerte violencia social” proveniente de sus clientes, parejas, desconocidos y familiares -en ese orden de prelación-, que debilitan los vínculos primarios. En este contexto, los trans encuentran la forma de subsanar esos lazos uniéndose a redes sociales donde pueden encontrar a otros trans. De forma paradójica, el trans encuentra a otros en el círculo de prostitución.
Si estos datos son considerados producto de una muestra sesgada, en junio y setiembre del 2012, la organización social Mujer y Salud en Uruguay realizó un relevamiento de la población trans en el marco del proyecto Hacia la inclusión social y el acceso a la prevención y atención integral en VIH/SIDA de las poblaciones vulnerables en Uruguay, financiado por el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
En el documento que se desarrolló a partir de 35 entrevistas a trans de Montevideo y el interior, además de denunciar la “poca” e “inexistente” información que hacen de la población trans una de las “menos estudiadas en comparación a otros sectores”; concluye que el 54,3% de los entrevistados ejerce trabajos sexuales.
El porcentaje es sensiblemente menor al establecido por Sempol, pero el estudio hace una precisión: dentro del grupo de trans que dijo no estar ejerciendo la prostitución, un 17% afirma haberla ejercido en algún momento: por lo tanto, sólo un 29% del total nunca mantuvo vínculos con la prostitución.
Pobreza ¿estructural? Depender del comercio sexual para mantener ingresos no es el único problema para la población trans. “Independientemente del trabajo que ejerzan –versa el documento de Mujer y Salud en Uruguay-, la mayoría de las Trans entrevistadas (57,1%) gana menos que un sueldo básico. En el interior esto asciende a 60%, y en Montevideo es de 50%.
Para Sempol, pobreza y educación son factores que se explican mutuamente. La información del nivel educativo de los padres y madres de los trans encuestados indica que el 45% accede al primer ciclo de secundaria y el 49% al segundo ciclo. Si se hace un corte etario entre los consultados, sólo un 7% de la población trans adulta cursó bachillerato, mientras que entre las jóvenes el porcentaje asiente a 21%. Entre estas últimas, solo un 6% alcanzó a ingresar a la Universidad.
Pobreza y sub-educación son dos grandes factores de marginación para las trans, pero la problemática no termina ahí. La discriminación social sufrida en la calle y en instituciones educativas y de salud preocupa a la comunidad.
“(…) el espacio educativo dista de todas formas de ser amigable para las jóvenes trans, ya que el 62% entre 15 y 29 años declara haber sido discriminada por pares durante su pasaje en la escuela”, establece Sempol, quien agrega además que esta violencia escolar está “naturalizada” debido a “fuertes patrones hetero normativos” que “regulan el espacio educativo” y que promueven el “silencio” y la “ausencia” de una respuesta institucional.
Cómo ser trans y sobrevivir al intento. Esta realidad se repite en los servicios de salud. El proceso de transexualización -cambio de sexo- es una de las demandas principales dentro de la comunidad, pero las mutualistas privadas y los centros de atención pública no ofrecen especialistas en la materia.
Del 71% de las encuestadas por Mujeres y Salud del Uruguay, sólo un 15% tuvo algún control médico durante o después de las intervenciones quirúrgicas o de uso de hormonas. Un 87% de las que tuvo algún seguimiento médico eran de Montevideo.
El Hospital de Clínicas de la UdelaR era el único centro del país que atendía el proceso de transexualización completo (homoniozación, cirugía plástica, reasignación quirúrgica y seguimiento psicológico). Entre 1991 y 2012, el Hospital realizó 15 operaciones que implican un proceso de 8 años. En medio de las discusiones promovidas por el Colectivo Ovejas Negras para reducir los tiempos de tratamiento, las autoridades de la institución decidieron no realizar más operaciones. El actual director, Dr. Víctor Tonto, admitió en 2012 que este tipo de atenciones “no eran prioridad”.
Estas carencias en los servicios, sumado a una “falta de información por parte del personal” y altos costos, ha generado que los trans recurren a la automedicación -tomar pastillas anticonceptivas para feminizar el cuerpo- o a clínicas clandestina que carecen de garantías para la salud durante las intervenciones quirúrgicas.
Además, para empeorar el cuadro, según el relevamiento de Mujer y Salud del Uruguay, si bien el 57% de los encuestados respondió que la atención en los centros de atención es buena, un 40% respondió que en algún momento habían recibido trato ofensivo por parte del personal.
Las declaraciones denuncian un fuerte “destrato” en su forma verbal de dirigirse y en sus expresiones faciales. “Hice denuncias porque mientras te hacen esperar en la pieza de al lado, el médico y la enfermera se están riendo tuyo”, declaró una de las entrevistadas.
Otras dicen recibir cuestionamientos sobre su identidad de género y la forma en la que visten. “¿No te da vergüenza andar de bombacha? ¿Por qué no te ponés un calzoncillo por lo menos para venir al doctor”. A veces, simplemente se recurre al insulto – “Estos putos de mierda ¿por qué no se mueren?”-.
¿Qué soluciones se plantean? No caben eufemismos. La población trans es sistemáticamente discriminada y sometida a una marginalidad que supone pobreza y bajo niveles educativos. Se trata de un espiral de exclusión que tiene como partícipe a las instituciones públicas.
En el documento entregado en el décimo octavo grupo de trabajo del EPU, el Colectivo Ovejas Negrasentiende necesario que el Estado uruguayo deberá “cumplir con el compromiso de elaboración del Plan Nacional de Racismo y la Discriminación”, generar protocolos de atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud que tomen en cuenta las especificidades de la población trans, entre otras, así como “garantizar la adecuada atención a nivel nacional de las personas transexuales en todas las etapas del proceso de trasexualización”:
Edward Braida
