Rodrigo Goñi. Foto: Parlamento

El Partido Nacional presentó un proyecto de ley para que los jueces deban “procurar” que la tenencia de los hijos sea “equitativa” en caso de separación de los padres. El diputado Rodrigo Goñi sostuvo que a pesar de no tener datos estadísticos sobre el tema, la situación es “muchas veces” injusta para el padre.
Bajo la denominación de Ley de tenencia equitativa, legisladores del Partido Nacional y la organización Stop Abuso presentaron una modificación al Código de la Niñez y Adolescencia, en el que expresan la necesidad de crear una normativa para que padres y madres compartan el mismo tiempo con sus hijos. Para Andrea Tuana, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la organización El Paso, se trata de un proyecto que “parte de una falsa premisa” porque se alega que “se inventan abusos sexuales” con el fin de “alejar” a padres de hijos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Rodrigo Goñi y Gerardo Amarilla en agosto de 2015, pero fue considerado a mediados de este año. La iniciativa no intenta modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino agregar un inciso en el artículo 34. La propuesta de los legisladores nacionalistas plantea la intervención de un juez para determinar la tenencia del niño, en caso de que no haya acuerdo entre los padres. Una vez hecha la intervención del juez, éste deberá decidir que el tiempo de tenencia y tiempo compartido con el hijo sea igual para cada uno.
Los diputados sostienen que “se da prioridad absoluta al progenitor tenedor y el otro (generalmente el padre) es relegado a obtener visitas en muchos casos esporádicas, adaptadas y limitadas entre otros factores por la voluntad del progenitor tenedor”. El proyecto -“División equitativa del tiempo de contacto de menores con sus padres”- agrega que en los tribunales de Uruguay el padre que no tenga para sí la tenencia del hijo, pasa a ser “un mero visitante del niño”.
Sobre este punto, Andrea Tuana afirma que el tiempo equitativo no es en los hechos una garantía de bien para el niño, y que debe haber cierta “flexibilidad” siempre teniendo en cuenta las situaciones a las que el niño ha sido sometido. Esto no aparece “pautado” en ninguna parte de este proyecto de ley, y a su entender es “un peligro absoluto para el bienestar emocional de los niños”.
Los legisladores manifiestan que se basan en el reclamo de la Organización Stop Abuso, una organización de padres que reclaman que “muchas veces” son “relegados” y entienden que esto es una “clara contradicción con el interés superior del menor”.
En el documento presentado, los promotores plantean que el juez interventor conceda el tiempo en partes iguales entre padres e hijos, “procurando que la separación de los padres afecte lo menos posible la relación que tienen con sus hijos”.
Si bien el numeral que esperan agregar propone que se “procure” que el juez determine tiempos iguales de tenencia, en exposición de motivos los legisladores afirman que basados en ciertas situaciones, se imponga “como obligación” al juez que adopte la medida de asignar de manera equitativa el tiempo compartido. Sobre ello, Goñi declaró a SdR que “no se intenta ni obligar ni imponer al juez”. Señaló que existen escenarios en los que “en el medio” del proceso judicial “se llega a un acuerdo de tiempo equitativo”, pero que esto no se da “en el hecho”. Para el diputado es necesario legislar en este sentido para que no existan “defasajes” entre dictámenes “y la realidad misma”.
Goñi agregó que “sin razón que lo justifique se genera un impedimento en los hechos” a uno de los progenitores, “que generalmente es el padre”. En este sentido dijo que “hay miles de padres, que también se transforman en miles de abuelos, miles de tíos y primos que se ven impedidos de ejercer una tenencia equitativa. Le queremos poner al juez la obligación de procurar por todos lo medios posibles que haya una relación equitativa”.
Goñi aclaró que “no se trata de una lucha contra las madres”, aludiendo que el artículo puede interpretarse como contrario a ciertos dictámenes que asignan la tenencia exclusivamente a madres. Consideró que no se trata de imponer como “regla general” que el juez determine tenencia equitativa en todos los casos, sino cada uno deberá ser considerado según el contexto. Ratificó la idea de que a pesar de que cada caso es estudiado por separado, la “tendencia en Uruguay es relegar a los padres, muchas veces sin fundamentos claros que lo amparen”.
Tuana argumenta que se parte de una falsa premisa “porque los niños no mienten cuando denuncian abusos sexuales y violencia”. En este sentido explicó que “a nivel internacional el porcentaje es de 94 por ciento de veracidad en los relatos de este tipo”, por lo cual rechaza el motivo en el que se basa este proyecto de ley de que los relatos que determinan la no tenencia compartida sean inventados o confusos, porque estos son “excepcionales”.
Acerca del concepto de tenencia equitativa, Tuana sostuvo que “es una fórmula que solo llegaría a funcionar sin dañar la seguridad, estabilidad y bienestar de los niños, si se dan algunas condiciones, por ejemplo que haya un acuerdo previo entre los padres”. En caso de no haberse concretado este paso, sostiene que es “imposible” garantizar el bienestar y estabilidad del niño y que esto puede volverse “muy perjudicial”.
Diego Anchorena

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