Manifestantes pro Correa agitan las banderas verdes del partido oficialista en las calles cényricas de Quito. Foto>: AFP Photo/ Juan Ceballos
En un pasaje de su discurso por cadena nacional, tras su regreso desde Bruselas, donde participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el mandatario manifestó que tomó esa decisión para preservar el “ambiente de paz” previo a la visita que realizará a Ecuador el papa Francisco en julio.
“Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir e invitar a un gran debate nacional” sobre estas iniciativas, declaró Correa al referirse a los grupos empresariales, políticos y sectores de clase media y alta que rechazan su reforma impositiva.
l proyecto presentado planteaba un incremento progresivo del impuesto a las herencias a partir de los 35.400 dólares; para ese valor se aplicaría una tasa del 2,5%, mientras que en el último segmento quienes poseen herencias superiores a 566.400 dólares pagarían una tasa de 47,5%. Actualmente, en Ecuador se paga hasta el 35% desde una base de 68.800 dólares.
Según Correa, esta ley no busca ingreso fiscal, sino mejor distribución de la riqueza y democratizar la sociedad. El presidente reivindicó haber sacado a 1.300.000 ecuatorianos de la pobreza en ocho años de gobierno. “La ley de herencias está diseñada para el sector más alto de la sociedad, para el 0,1% más rico de la sociedad (…) El 98% de ecuatorianos no va a pagar un centavo”, declaró el ministro de Política Económica, Patricio Rivera.
Tres de cada 1000 ecuatorianos reciben una herencia por año, y tres de cada 100.000 reciben un patrimonio mayor a 50.000 dólares, según el gobierno. Entre 2010 y 2014 “sólo cinco (personas) de los 16 millones de ecuatorianos heredaron más de un millón de dólares”, dijo el primer mandatario.
La ley de plusvalía contemplaba el pago de un impuesto a las ganancias por revalorarizaciones ligadas a la especulación o a proyectos de inversión pública. Debido a la ganancia extraordinaria que adquieren terrenos privados por inversiones estatales, esta ley busca gravar las ganancias extraordinarias “fruto de la especulación con inmuebles”, según el presidente.
Durante cinco días hubo protestas, a favor y en contra, en las ciudades más importantes del país, muchas de ellas convocadas desde la oposición por redes sociales. Dichos reclamos son calificados desde el partido de gobierno Alianza País como intentos de desestabilización.
Los sectores empresariales de la sociedad ecuatoriana, personas de clase media y alta, se oponen al proyecto porque consideran que se trata de un castigo al éxito económico y al patrimonio familiar dentro de una sociedad conservadora. Líderes opositores como los alcaldes de Quito y Guayaquil, Mauricio Rodas y Jaime Nebot, respectivamente, se sumaron a las manifestaciones y rechazaron el proyecto oficialista.
Algunas de las consignas que gritaban los manifestantes en Guayaquil eran: “Ecuador no es Venezuela”, “Fuera Correa, fuera”, “Abajo el dictador”, “Mi trabajo es para mis hijos”, “Basta de abusos”, según destacó el periódico local El Universo. En el casco comercial de Quito se concentraron opositores y oficialistas; los primeros exigieron la salida del presidente constitucional y los segundos al grito de “Correa no se va”, irrumpieron con banderas verdes que identifican al partido de gobierno Alianza País.
“Están metiendo la mano en los bolsillos de todo el mundo, no solamente a los millonarios o a los ricos. Está en peligro el patrimonio de los ecuatorianos. Tengo dos hijos y tres nietos, y por ellos estoy luchando en las calles”, dijo a la agencia AFP un hombre de 65 años que dio su testimonio de forma anónima, según él por temor a represalias.
El legislador opositor del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Andrés Pérez, felicitó al pueblo por demostrar unidad ante medidas del gobierno que afectan la ciudadanía, y aseguró el hartazgo del pueblo frente a medidas que perjudican a la economía de los sectores populares.
Su colega, pero oficialista, Miguel Carvajal, aseguró a Efe que los proyectos de ley buscan redistribuir la riqueza concentrada en pocas familias acaudaladas y que no afectará ni a los pobres ni a la clase media. También recordó que “la derecha ha pedido que Correa salga del poder desde el día siguiente al que ganamos las elecciones”.
Antes de regresar a su país, el presidente ecuatoriano por cadena nacional calificó la situación del país como “grave”, y comparó lo ocurrido en su nación con la situación de Venezuela al decir que los grupos poderosos del continente que se enfrentan a gobiernos progresistas tratan de desestabilizarlos mediante “golpes blandos”.
“Esa es la relación, 1.500 (afines al Gobierno) a 5 (opositores)”, dijo el mandamás, además llamó a sus simpatizantes a no dejarse ganar “la guerra psicológica” que presume llevan adelante sus adversarios. Estos grupos de oposición “tienen dinero, logística, asesores extranjeros y la complicidad de la prensa”, agregó.
El ministro de gobierno José Serrano, en su cuenta de Twitter, relacionó al canal privado de televisión Ecuavisa con las manifestaciones, acusándolo de incitar a los manifestantes. La televisora respondió con un comunicado donde rechazó la denuncia, y además sentenció que el canal no asume esas actitudes y que jamás han querido influenciar a sus televidentes.
El canal Teleamazonas respondió también a señalamientos realizados por voceros del gobierno sobre supuesta intervención de la televisora en acciones conspirativas contra el régimen. “Frente a las insinuaciones realizadas por voceros del Gobierno” el canal “rechaza la intención de involucrarlos en un plan desestabilizador del Gobierno y del orden democrático”, afirmó en el comunicado.
La Unión Suramericana de Naciones (Unasur) también está alerta ante la situación de Ecuador, y su secretario general,el colombiano Ernesto Samper, se pronunció en su cuenta de Twitter e hizo saber que el organismo se opondrá a los intentos antidemocráticos de quienes busquen excusas para desestabilizar al gobierno constitucional.
A su regreso, Correa retó a la oposición a pedir la revocación constitucional de su mandato, en lugar de intentar conseguir su salida del poder por la fuerza. Este mecanismo, aprobado en la constitución ecuatoriana de 2008, funciona también en otros países como Venezuela y Canadá. La norma establece como requisito lograr las firmas del 15% del registro electoral para dar paso a la consulta.
Ignacio Arturaola
