“El mayor desafío de Uruguay es romper con la distancia que hay entre la igualdad legal, que está escrita en las leyes, y la igualdad real, que es lo que pasa en las vidas de las personas”, afirmó Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres Uruguay a Sala de Redacción. Agregó que si bien existen normas, leyes y decretos sobre la violencia de género, “cuando vamos a los indicadores que muestran cuál es la calidad de vida real de las mujeres, se observan niveles muy altos de violencia”.
Aunque la violencia de género ha cambiado en comparación a lo que pasaba años atrás, si los avances se siguen dando a este ritmo, “tienen que pasar 200 años para lograr cerrar todas las brechas” concluyó el Foro Económico Mundial en 2018.
La pandemia por covid 19 no solo significa un riesgo para la salud de todas las personas, sino que es otro peligro que se suma a la vida de las mujeres que sufren violencia doméstica. Según datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), entre enero y mayo de 2020 se registraron 17.442 denuncias por violencia doméstica, 203 más que en el mismo período de 2019. “Todos los años se viene dando un incremento en estos primeros cinco meses del año, en comparación con el año anterior en un 1%”, explicó el suboficial mayor del MI, Christian Gularte, quien se encarga de procesar los datos de violencia de género y estuvo presente en el cuarto webinar “Una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas” de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe.
Gularte señaló que las cifras de violencia doméstica y delitos asociados en este contexto de emergencia sanitaria presentaron “una leve disminución desde el 13 de marzo al 31 de mayo de un 5%”. Hubo 11.333 denuncias por violencia doméstica, mientras que en ese período en 2019 habían sido 11.844, según datos del Observatorio Nacional Sobre Violencia de Género y Criminalidad.
Apoyo a distancia
Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de Mujeres en Uruguay (Inmujeres), destacó que la primera medida que tomó el gobierno cuando se instaló la pandemia fue que el servicio de respuesta no interrumpiera su trabajo. “Instrumentamos que quienes lo atendían pudieran seguir trabajando vía telefónica y también de manera presencial en caso de que eso fuera imprescindible”, informó Bottero en la novena Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Además, el gobierno convocó al Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, con el que se acordó “una fuerte campaña de comunicación y difusión, especialmente de las vías por las cuales las mujeres, los niños y niñas que estén en situación de violencia pidan ayuda a la policía en casos urgentes, o a Inmujeres en casos de consulta y orientación”.
El compromiso de la sociedad se evidenció en la cantidad de llamadas por asesoramiento y consultas al 0800 4141, servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica. La directora de Inmujeres dijo que al menos 30% de los consultantes eran miembros de la comunidad no directamente afectados por la situación de violencia, y las llamadas aumentaron 80% en los momentos más álgidos de la pandemia.
En diálogo con Sala de Redacción Adriana Fontán, coordinadora del Sistema de Respuesta de Inmujeres, sostuvo que el funcionamiento del servicio telefónico durante el aislamiento “ha tomado un rol protagónico muy activo para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria”. Este servicio funciona desde 1992, cuando fue creado por la Intendencia de Montevideo (IM), por impulso del movimiento de mujeres; fue la primera política pública para dar respuesta a mujeres en situación de violencia doméstica que hubo en Uruguay con alcance en la capital, como un servicio gratuito y confidencial, y en 2001 adquirió alcance nacional. En setiembre de 2019 el servicio fue absorbido por Inmujeres.
Cuando estaba en la órbita de la IM, el 0800 4141 recibían, en promedio, entre 30 y 35 por día, y durante la emergencia sanitaria ese promedio aumentó: según la coordinadora del servicio hubo días de abril con más de 100 llamadas.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria el servicio registró un aumento significativo de las llamadas: 7.112 en los primeros cinco meses y hubo un pico mayor en abril, mes en que se atendieron 2.231 consultas.
Con respecto a los meses anteriores en diversas zonas del país se quintuplicaron las llamadas de mujeres que estaban siendo agredidas en el momento de la llamada. Debido a este aumento, el servicio reforzó el equipo de operadoras telefónicas, porque sabían que “seguramente las mujeres iban a enfrentar barreras para concurrir a los servicios o solicitar apoyo en forma presencial por el propio aislamiento”, explicó Fontán.
Un refugio
Bottero reseñó que, además del 0800 4141, Uruguay cuenta con 33 servicios de atención psicosocial y jurídica a mujeres en situación de violencia, 12 servicios de atención a hombres, y cuatro centros de 24 horas de estadía transitoria (tres de ellos en la zona metropolitana de Montevideo y uno en Tacuarembó).
Acerca del posible aumento esperado en las derivaciones a estos centros durante la emergencia sanitaria, Fontán manifestó que no ocurrió: “nos imaginábamos que íbamos a tener un número mucho más alto de solicitudes de ingresos a estos centros” pero los cupos fueron y son suficientes para reaccionar ante situaciones de riesgo “que era lo que más preocupaba”.
Las derivaciones son hechas por los equipos técnicos que trabajan con situaciones de alto riesgo de todo el país, por la Justicia y por las unidades especializadas de salud. Para recibir las derivaciones, Inmujeres tiene un portal de ingreso con un equipo que trabaja los 365 días del año. Sin embargo, la fiscal de delitos sexuales Sylvia Lovesio, explicó a Sala de Redacción que “el Estado no tiene posibilidades o no se han creado mecanismos suficientes como para poder albergar a todas las víctimas de violencia de género”, por ejemplo a las mujeres con hijos que dependen económicamente del abusador y no tienen a dónde ir.
Medidas de seguridad
La acción más importante para corregir la falta de recursos que hubo en períodos anteriores ha sido el incremento de tobilleras. En estos últimos meses el MI gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo la adquisición de 500 dispositivos; por ahora consiguieron 200, que están en funcionamiento y son usadas por personas que se encontraban a la espera de ingresar al programa. Las nuevas tobilleras están en un “sistema de monitoreo electrónico que ha tenido un 100 % de efectividad”, informó Angelina Ferreira, comisaria mayor encargada de la División de Políticas de Género del MI, durante el webinar “Una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas”.
Para la comisaria, la tarea que desarrolló la Dirección de Monitoreo Electrónico del MI para controlar el uso de tobilleras “permitió dar respuesta eficaz a las alertas del monitoreo para garantizar la protección de la víctima”. La dirección se comunica con las víctimas y ofensores cuando se activan las alarmas por acercamientos; atiende las llamadas de las víctimas, pero también las de ofensores que solicitan apoyo psicológico.
En este contexto la División de Políticas de Género del MI brindó asesoramiento -de forma presencial y a distancia- a todas las consultas que le llegaron. Ferreira informó que en general “las víctimas consultaron por el seguimiento de denuncias, e inquietudes por incumplimiento de medidas de protección”, situaciones en que fue necesario crear un formulario de casos, “para darle celeridad a las inquietudes que presentaban” y derivar así esta instancia a todas las direcciones departamentales.
También en este periodo el MI se reunió con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de “estrechar vínculos, mejorar y fortalecer la comunicación “, para así dar respuesta a las víctimas de violencia doméstica y género, concluyó Ferreira.
La violencia doméstica y la Justicia
Entre las acciones del gobierno en este último período, Bottero destacó el diálogo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a quien le pidió, en medio de la feria sanitaria y con los juzgados cerrados, que se atendieran “particularmente los casos de vencimiento de medidas cautelares”, porque eso podía implicar que mujeres en situación de violencia quedaran “en riesgo de vida notorio”, dijo Bottero, pero finalmente “desde la Justicia se obtuvo una respuesta muy positiva”.
De todos modos, las medidas de aislamiento y la feria sanitaria de los jueces generó un problema porque “salvo que fuera un caso de flagrancia, no se podía ir y formalizar los casos que había en investigación”, entonces el trabajo “se demoró un poco y nos entorpeció”, confesó la fiscal Sylvia Lovesio. No obstante, la fiscal aclaró que en ningún momento los casos de abuso se paralizaron o se dejaron de abordar: “las denuncias se siguieron recepcionando, los casos se siguieron evaluando, se pidieron todas las medidas cautelares para la introspección de las víctimas y también se solicitaron todas las pericias”, informó.
Para la nueva normalidad
“Nos esperan otros desafíos posteriores a los momentos más agudos de la pandemia que tienen que ver con las secuelas que esta circunstancia deja”, manifestó Bottero. La directora entiende que en las etapas más duras de la cuarentena las personas buscaron sus formas de sobrevivir a los cambios pero advierte que “los desbordes violentos probablemente hoy están contenidos y puedan venir en un futuro”.
En la misma línea, la fiscal Lovesio manifestó que “la sociedad tiene que sacarse la máscara, porque nos acordamos de que hay violencia de género cuando matan a una mujer”, y añadió que “también existe violencia de género cuando las niñas y los niños sufren violencia doméstica igual que su madre”, porque en general “los violentos tienen una doble faceta”, son abusivos dentro de su casa y ante el mundo exterior parecen padres ejemplares. “Tenemos que intentar que la víctima se dé cuenta de que está siendo víctima”, porque a veces esta no se considera como tal hasta que no pasa algo más grave. “Es importante ponernos en los zapatos de las víctimas, dejar la hipocresía de lado y asumir que todas de alguna manera hemos sido víctimas de algún tipo de violencia de género”, sentenció Lovesio.
