Campaña de la Comisión Para Vivir en Paz. Foto tomada de: www.subrayado.com.uy/
No hay dudas: las 370.000 personas que votaron a favor de realizar el plebiscito para Vivir en Paz no se vieron reflejadas en esta primera instancia para la formación de la comisión, donde apenas se podía sumar un centenar de concurrentes.
El doctor Maciel, docente en la Facultad de Derecho y asesor en seguridad del candidato presidencial colorado Pedro Bordaberry, tomó el micrófono para hacer la primera exposición basada en números y estadísticas de archivo. Luego recordó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien hace dos meses declaró que “la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurtos ha aumentado”.
Maciel también detuvo su discurso para cuestionar al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y objetar su mal funcionamiento. Agregó que varios de los artículos de la ley que lo creó coinciden con los de la Comisión Para Vivir en Paz, y sin embargo hoy el Frente Amplio los critica luego de haber errado sobre sus propias bases.
La segunda ronda de comentarios estuvo a cargo de Ifrán, quien dejando un poco de lado el tinte político con el que desbordó la mesa su compañero, se refirió a los diferentes puntos planteados por la comisión y el plebiscito, dejando en claro que los asuntos de seguridad preocupan a todos indiferentemente de la afiliación partidaria.
Mencionó que los adolescentes de ahora no son los mismos que los de antes, que han pasado 80 años desde la última reforma del código penal en cuanto a la edad de imputabilidad y que así como las sociedades cambian el derecho se debe actualizar.
La baja de la edad de imputabilidad propuesta por la Comisión llevaría la franja hasta los 16 años y tomaría en cuenta solo los delitos graves, aquellos que atentan contra la integridad física de las personas. Además sostuvo que este nuevo límite no es arbitrario ya que un 75% de los menores que participan en delitos graves como rapiñas tienen entre 16 y 18 años.
La reforma propuesta también plantea mantener los antecedentes de los adolescentes en conflicto con la ley y aplicar castigos más severos para aquellos adultos que utilicen menores para delinquir. La Comisión, además, invita a la creación de un centro por fuera de la órbita del INAU encargado de la internación y rehabilitación de estos menores.
El próximo 26 de octubre se verá en las urnas si el camino de la reforma constitucional interesa a todos los preocupados por la seguridad o si es una visión limitada del Partido Colorado. Tomando en cuenta la concurrencia y el perfil de los presentes se nota que, de momento, la convocatoria popular está por debajo de la alcanzada por aquellos que apoyan el No a la Baja.
Guillermo Rodríguez
