Sin descanso

El fiscal Ricardo Perciballe adelantó a Sala de Redacción que a pesar de la muerte de José Nino Gavazzo -principal imputado por la desaparición y asesinato de Roberto Gomensoro-, la investigación continua y “es muy posible que haya nuevos indagados”. Perciballe explicó que la causa seguirá  en investigación  para establecer las circunstancias y quiénes fueron los responsables de la muerte de Gomensoro. “Más allá de si alguien va preso o no, nuestro objetivo principal es la búsqueda de la verdad”, declaró el fiscal.

Roberto Gomensoro Josman estudiaba agronomía en la Universidad de la República. Era militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) y tenía 24 años cuando fue detenido en su domicilio el 12 de marzo de 1973. Su reclusión fue en el Grupo de Artillería N° 1, donde fue sometido a torturas que causaron su muerte. El cuerpo de Gomensoro fue encontrado seis días después de su detención en el lago de la represa de Rincón Del Bonete, en el Río Negro y enterrado sin identificación en el cementerio de Paysandú.

En 2017, Gavazzo confesó ante un tribunal de honor que había arrojado el cuerpo de Gomensoro al río. El militar -que ya había sido condenado en 2010 y sobreseído en 2013 por el mismo caso- continuó en la causa como principal imputado, hasta que falleció el 25 de junio de 2021. Perciballe explicó a Sala de Redacción que actualmente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no ha permitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad avanzar en la causa. El fiscal asegura que Gavazzo no actuó solo, pero aún falta determinar la responsabilidad de otras personas y  si “quienes son pasibles a investigar aún están vivos”.

Caso Roslik

Vladimir Roslik fue la última victima del Terrorismo de Estado. Era el médico de la localidad de San Javier y fue secuestrado por las fuerzas conjuntas en dos ocasiones: en la primera permaneció tres meses preso, entre abril y julio de 1981. La segunda detención fue el 15 de abril de 1984: fue capturado en su domicilio y trasladado al Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos junto a seis personas que, al igual que Roslik, pertenecían a la comunidad rusa de San Javier. Roslik falleció a causa de las torturas recibidas y su asesino, el mayor Sergio Caubarrere, fue inmediatamente juzgado por un tribunal militar a cuatro meses y 18 días de prisión. Su homicidio no podrá ser juzgado por la justicia civil ya que en 2014 la SCJ negó la reapertura del caso, y en 2019 volvió a negarla ante el pedido del fiscal Perciballe. El argumento de la SCJ fue que el homicidio de Roslik era “cosa juzgada”, en referencia a la condena del tribunal militar en 1984. Sin embargo, fue abierta una nueva causa bajo el código del proceso penal aprobado en 2017 y el fiscal explicó a Sala de Redacción que la justicia “dejó abierta una puerta para investigar todos los hechos previos y concomitantes al homicidio de Roslik”. Perciballe sostuvo en el momento de la negativa de reapertura -y sigue sosteniendo- que el homicidio de Roslik fue “cosa juzgada fraudulenta” por haber sido el juicio a través de tribunales militares cuando aún nuestro país estaba en dictadura. 

“Nosotros fuimos muy contundentes en las interpretaciones desde la perspectiva de los organismos internacionales que tratan el tema. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han entendido que en este tipo de crímenes no puede operar la cosa juzgada, ni las amnistías, ni la prescripción”, sostuvo Perciballe. Y agregó: “todos esos institutos que rigen para cualquier tipo de delito común no rigen cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de proteger a los ciudadanos contra el atentado realizado por los agentes del Estado. Entonces entendimos en ese momento y fuimos muy enfáticos en que, pese a que había existido cosa juzgada, en uno de los casos se trataba de cosa juzgada fraudulenta, porque el juzgamiento había sido por tribunales militares”.

-¿Entonces las condenas que se podrían hacer no son por el homicidio de Roslik?

–No, nosotros cuando hicimos la imputación relatamos todo el homicidio, relatamos cómo sucedieron los hechos, relatamos quiénes fueron los responsables. Relatamos todo, pero decidimos que no lo podemos imputar porque la Suprema Corte de Justicia no nos permitió avanzar en esto. Entonces, en lo que nos enfocamos fue en la privación ilegítima de la libertad y las torturas que sufrió Roslik y otras víctimas en el año 80, así como las torturas y la privación ilegítima de la libertad que sufrieron los restantes detenidos en el año 84, en ocasión de la muerte. Vimos y atacamos aquellos delitos que nos permitió la Corte y que nunca fueron juzgados. Estamos juzgando casi seguramente a las mismas personas, pero por otros delitos.

-¿Hay alguna posibilidad en el futuro de que se pueda juzgar el homicidio de Roslik?

–Nosotros en ese sentido intentamos ser lo más responsables y realistas posible. Frente a la posición tan firme de la Corte, no podemos seguir. Nosotros podríamos seguir insistiendo con nuestra posición internacionalista, porque las normas internacionales y todo lo que es la doctrina de la conferencia internacional nos habilitan para eso. Pero bueno, uno tiene que dar las batallas que tiene claro que puede llegar a ganar. Entendimos que por la vía indirecta u oblicua que nos están habilitando podemos llegar a hacer justicia, no en los términos que querríamos, pero sí en términos realistas.

Los siete militares imputados en la causa son Oscar Rocca, Abel Pérez, el coronel Roberto Ramírez, el teniente Dardo Ivo Morales, el mayor Sergio Caubarrere, el capitán Jorge Soloviy y el médico de la unidad militar Eduardo Saiz, quien firmó el acta de defunción de Roslik aduciendo su muerte a “causas naturales”.