La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República difundió un apoyo crítico al borrador del decreto sobre Televisión Digital Terrestre Abierta, ante la consulta pública planteada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entre los aspectos más cuestionados se encuentra la adjudicación directa y sin procedimientos competitivos de tres canales completos a tres empresas que actualmente son adjudicatarias de sendas señales analógicas, y la carencia de una ley general que regule los servicios de comunicación audiovisual. Sin embargo, el equilibrio previsto en la distribución de frecuencias para el sector público, comercial y comunitario, y la promoción de la producción nacional, son los elementos destacados por la Comisión Directiva del centro de estudios universitario que resolvió apoyar “en términos generales” el documento.
Luciano Bermúdez
El siguiente es el texto íntegro del informe:
Universidad de la República
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Resolución de la Comisión Directiva del 12 de octubre de 2011
Ante la consulta pública planteada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto al borrador de decreto sobre Televisión Digital Terrestre Abierta, la Comisión Directiva de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación resuelve
1. Realizar las siguientes consideraciones:
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El borrador de decreto presentado tiene elementos muy positivos, entre los cuales cabe destacar: el equilibrio previsto en la adjudicación de frecuencias para el sector público, comercial y comunitario; los mecanismos transparentes y competitivos para la adjudicación de señales, favoreciendo a quienes desarrollen y promuevan la producción nacional de contenidos; el establecimiento de plazos para estas adjudicaciones; el establecimiento de un pago por el uso de espectro destinado a fomentar la producción nacional de aplicaciones y contenidos audiovisuales; la obligación de los adjudicatarios de ceder espacios gratuitos para campañas y servicios interactivos de interés público y de favorecer la accesibilidad de personas con discapacidades; la flexibilidad en cuanto a las formas de uso del espectro incluyendo posibilidades de asociación para compartir infraestructuras; la posibilidad de desarrollar una red pública de transmisión, que podría facilitar el acceso a quienes quieran gestionar una señal y no cuenten con infraestructura propia; el mantenimiento de la gratuidad en el acceso a las señales por parte de los receptores; el establecimiento de un Foro Consultivo para monitorear y apoyar el despliegue de la TV digital.
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El decreto contiene también algunos aspectos problemáticos. Entre ellos: el establecimiento de un plazo de 15 años para las adjudicaciones, incongruente con el de 10 años ya establecido por ley que para el sector comunitario; la adjudicación a priori de tres canales completos (lo que puede implicar hasta 18 señales) para tres empresas actualmente adjudicatarias de sendas señales analógicas, sin mecanismos competitivos; el no establecimiento de la obligación para el sector público de presentar claramente sus proyectos comunicacionales igual que el resto de los actores ni mecanismos competitivos para las adjudicaciones en este sector; el porcentaje del pago previsto por uso de espectro, menor que el de otros países y de escaso efecto previsible como estímulo a la producción nacional.
- El decreto tiene algunos aspectos insuficientemente desarrollados o no desarrollados, que si bien podrían recogerse en otra normas, dejan ahora zonas de incertidumbre respecto a temas clave. Por ejemplo respecto a mecanismos que faciliten el acceso de los ciudadanos a receptores digitales o conversores, homologación y control de los equipos que se comercialicen e información sobre las prestaciones que brindan (norma técnica, definición, interactividad, etc.), de modo de evitar engaños y frustración de los compradores. Y, sobre todo, no contiene previsiones suficientes que aseguren el desarrollo de infraestructuras, particularmente de una red pública y/o formas asociativas o reglas de must carry que permitan un real acceso a nuevos actores a la emisión televisiva, ni estímulos o apoyos especiales para la promoción del sector comunitario, en línea con la Ley 18.232. Sin una política clara para el desarrollo de redes de transmisión accesibles a los distintos sectores (público, privado, comunitario) y una fuerte política de estímulo al desarrollo de contenidos nacionales de calidad, la televisión digital puede finalmente ofrecer a los televidentes sólo un poco más de lo mismo (actualmente en su mayoría producción enlatada proveniente del exterior), en lugar de convertirse en una oportunidad para una mayor diversidad, pluralismo y democratización de las comunicaciones en el país.
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Se entiende sumamente positivo que se haya abierto una consulta pública sobre el texto del decreto antes de su aprobación. Sin embargo los plazos tan escasos y el mecanismo elegido no parecen los más adecuados. Cabe recordar que en 2007 funcionó durante seis meses la Comisión Nacional de Televisión Digital, que nuestra Universidad de la República integró, presentando un documento con una serie de sugerencias al respecto. En aquella oportunidad, lamentablemente, el gobierno tomó decisiones exclusivamente sobre la norma técnica a adoptar y no sobre el marco regulatorio para la TV digital, como aconsejamos en aquel documento. Una decisión que, como era previsible, resultó insuficiente e inoperante, al punto tal que no hubo desarrollo de la TV digital y finalmente terminó cambiándose la propia norma técnica adoptada. El decreto propuesto ahora sí contiene los elementos de un marco regulatorio, por lo que hubiera sido de mucha utilidad convocar a mecanismos de consultas similares a los de 2007, o a los adoptados en 2010 respecto a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual.
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La falta, precisamente, de una ley general que regule los servicios de comunicación audiovisual, es una carencia que se hace particularmente notoria en esta instancia, ya que se avanza, con muchos elementos positivos y otros más dudosos, en una materia clave dentro de un conjunto mayor, por la vía de decreto y no de una ley como hubiera sido deseable. Urge en este sentido avanzar hacia la aprobación de la mencionada ley, tal como el Ministerio lo anunciara en diciembre pasado al momento de recibir el informe del Comité Técnico Consultivo.
2. Se resuelve asimismo:
a) Apoyar en términos generales el documento que está en proceso de elaboración por parte de la Coalición por una Comunicación Democrática, que integramos y con la que seguiremos aunando esfuerzos por la democratización de las comunicaciones en el país.
b) Transmitir estas inquietudes al Ministerio de Industria, Energía y Minería y dar la más amplia difusión a estas consideraciones, tanto al resto de los actores universitarios como a la opinión pública en general.
