Tres extranjeros fueron imputados por la Justicia por haber creado una red de trata de personas en el Chuy, ciudad del departamento de Rocha que limita con Brasil. Como medida cautelar, el fiscal Andrés Moller pidió al juez la prisión preventiva durante 150 días a los tres imputados, que son investigados por explotar laboralmente a 11 personas de nacionalidad venezolana.
La estrategia se basó en persuadir y convencer mediante Internet a las víctimas para que arribaran a Uruguay a cambio de un futuro mejor. Los imputados los abastecían con refugio y comida, y los interesados debían cumplir con la actividad laboral, cuya finalidad era buscar donaciones para una protectora de animales.
Además, entre las víctimas hay cinco menores de edad, quienes también llegaron al país bajo el mismo mecanismo. Sandra Perroni, coordinadora del Servicio de Atención a Víctimas de Trata de Personas de la organización no gubernamental El Paso, conversó con Sala de Redacción y manifestó su preocupación por lo que constituye “una situación de esclavitud”, según valoró. “Implica la pérdida de libertad de la condición humana, prácticamente al transformar como mercancía a la persona”, agregó.
Perroni apuntó al poder que tienen los líderes de un grupo organizado de esas características y explicó que se puede desencadenar el fracaso laboral de las víctimas: “El castigo puede derivar en varias finalidades, ya sea un castigo corporal, como agresiones, o económico.”
Sobre la trata de personas, Perroni indicó que “es algo que sucede muy frecuentemente en todo el territorio nacional”. “En la zona fronteriza quizás se visualiza más, ya que es más complejo debido a la cantidad de personas que viven allí, con una dinámica muy particular. Se facilita mucho el tráfico de personas”, agregó.
