En un año electoral, la atención se posa sobre el futuro presidente. Sin embargo, en este 2024 también entran en juego los debates sobre dos plebiscitos: el de la seguridad social y el de los allanamientos nocturnos, que serán respaldados o no por los uruguayos el próximo 27 de octubre. Las consultas populares mediante plebiscitos y referéndums son los mecanismos más tradicionales para ejercer la democracia directa y hasta el momento, la ciudadanía se ha pronunciado en 23 plebiscitos. El primero fue en 1917 y ratificó una reforma constitucional que implicó un cambio en el sistema de gobierno, con la creación de un Consejo Nacional de Administración. Incluso en dictadura, en 1980, se buscó a través de un plebiscito una reforma constitucional que legitimara al gobierno de facto, iniciativa que más de la mitad de la población rechazó e impulsó el proceso de redemocratización.
Del retorno a la democracia para acá, en 1989 jubilados y pensionistas plantearon un plebiscito de reforma jubilatoria que pretendía modificar la forma en que se calculaban las jubilaciones, que fue aprobado con un 72,5% de los votos y se encuentra en el artículo 67 de la Constitución. La intención era asegurar los incrementos de las pasividades que se habían visto estancadas durante la dictadura militar. En diciembre de 1996 se propuso y aprobó un plebiscito que reformó el sistema electoral y separó las elecciones nacionales de las departamentales, creó la figura de segunda vuelta (balotaje) y estableció las elecciones primarias (internas) para la definición de los candidatos por partido.
En octubre de 1999 y por tercera vez en la historia del país, se consideraron dos plebiscitos al mismo tiempo en las elecciones nacionales. Uno planteaba darle autonomía de recursos a la Suprema Corte de Justicia, es decir, que pudiera formular su propio proyecto de presupuesto, y limitaba al Poder Legislativo a pronunciarse solamente sobre los montos globales por programa, iniciativa que fue llevada a cabo por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU). El otro buscó impedir que directores de empresas estatales y entes autónomos se postularan como candidatos a las elecciones, ya que se consideraba que estos podían utilizar los recursos de sus puestos para financiar las campañas electorales. Ambos fueron rechazados por la ciudadanía.
En 2009 fueron nuevamente dos los plebiscitos: el primero pretendía habilitar que los ciudadanos votaran desde el exterior y el segundo buscó anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que a la salida de la dictadura limitó la posibilidad de juzgar a militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, las dos propuestas no alcanzaron los votos necesarios.
Más adelante, en 2014, el colorado Pedro Bordaberry planteó bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y tampoco consiguió el apoyo de la mayoría. En 2019, el nacionalista Jorge Larrañaga impulsó un plebiscito en materia de seguridad bajo la premisa “Vivir sin miedo”, propuesta en la que una de las medidas implicaba habilitar los allanamientos nocturnos, reforma que tampoco reunió los votos para su aprobación.
En estos comicios, el PIT-CNT promueve el plebiscito de la seguridad social junto a diferentes sectores que integran el Frente Amplio (FA), entre otros, el Partido Socialista, el Partido Comunista del Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo. Este mecanismo pretende derogar la reforma aprobada durante esta administración de gobierno. Además, propone la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), consagrar el derecho a jubilarse a los 60 años y que ninguna pensión o jubilación sea menor al salario mínimo nacional.
A la vez, el senador del Partido Nacional, Carlos Camy, impulsa y busca autorizar los allanamientos nocturnos. Con este plebiscito se plantea modificar el artículo 11 de la Constitución, que está vigente desde 1830 y considera al hogar como “sagrado”, “inviolable” y al que nadie puede ingresar por la noche sin el consentimiento de su jefe, ni de día sin la orden expresa de un juez competente.
De la materia
El doctor en Ciencia Política, Diego Luján, consideró al FA como el partido con más dificultades para estos plebiscitos, ya que “no se ha pronunciado” ante el de los allanamientos nocturnos y no tiene “una posición unificada” sobre la reforma de la seguridad social. Hay sectores que no apoyan y son relevantes, “como el del propio candidato a la Presidencia o la vicepresidenta”. En cambio, en la coalición está todo “armónicamente ordenado”: allí se cuenta con una postura unificada al estar en contra del plebiscito de seguridad social y a favor de los allanamientos nocturnos.
Según Luján, el hecho de que sea el PIT-CNT el que impulse el plebiscito de seguridad social es “un tema” por ser “un sector cercano históricamente a las posiciones del Frente Amplio”. Habitualmente el FA defiende las posiciones del movimiento sindical y, al no ocurrir en este caso, no se sabe “cómo va a quedar la relación”, debido a que las chances de que se apruebe el plebiscito se ven afectadas si el FA no ensobra.
En tanto, el politólogo Gonzalo Puig plantea que la existencia de dos plebiscitos “siempre afecta el proceso electoral” y que en este caso “son temas controversiales que dividen a los partidos”. Aseguró que “el más polémico es el de la papeleta de la reforma jubilatoria del PIT-CNT porque divide al FA”, no se sabe si en “mitades” pero “sí a la dirigencia”. Si el FA lidera las encuestas quiere decir que “posiblemente sea el próximo gobierno”, pero al evitar el tema de la seguridad social “está en una posición de incomodidad total”, analiza Puig. El partido “está de acuerdo en tener la mejor relación con el PIT-CNT porque desde ahí se nutren sus votantes”, manifiesta y, por lo tanto, la “gran cuestión” del FA no es tanto la elección sino “pensar en el gobierno”, ya que si se aprobara lo tendría que aplicar.
Este plebiscito trae “un desfase entre la ciudadanía y la élite política” porque podría aprobarse con todos los precandidatos en contra, producto de “un problema de seguridad social en nuestro país”, sostiene Puig, y agrega que es es una dificultad que “se gestionó mal y no en este gobierno, sino que en los últimos dos”. Igualmente, considera que la solución que se encontró “no es la mejor” porque “no podemos tener cosas que son parlamentarias” y se deberían traducir a través de leyes dentro de la Constitución.
En cuanto a los allanamientos nocturnos, el politólogo dijo que “en todas las encuestas parece haber un acuerdo enorme”. El gran tema de los dos plebiscitos es que si se aprueban hay “que gobernar con estas cosas” y “mientras uno te da un instrumento que podés no usar nunca”, como en el caso de los allanamientos, “el otro empieza a correr desde el momento en el que sale”, puntualiza.
En el mismo lugar, el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Juan Ceretta, declaró que le resulta “inaceptable” que para financiar un sistema de seguridad social sea necesario “exigirle a la gente que trabaje hasta los 65 años”, o sostener que 308 mil personas cobren menos de un salario mínimo: “si ese es el costo de la sustentabilidad del sistema me animo a decir que el sistema es insostenible”.
Por otro lado, Diego Gamarra, doctor en Derecho Constitucional, dijo en el encuentro que el texto del plebiscito de la seguridad social “es muy largo” y utiliza “una cantidad de artículos de leyes ordinarias”. Sobre el lema que “el derecho no sea susceptible de lucro”, mencionó que le genera “dudas”, porque “un derecho es una situación jurídica subjetiva y es eso lo que según la definición no tiene fin de lucro y no el conjunto de actividades o negocios en el marco del sistema institucional”. Daniel Olesker, ex senador, señaló estar de acuerdo con que “la jubilación sea hasta los 60 años” y que “el lucro no exista en la seguridad social”.
