Verónica Alonso. Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
“Quiero ser muy clara, en ninguna oportunidad recibí aportes de ningún tipo para el financiamiento de mi campaña por parte de ninguna empresa, ninguna institución social o religiosa”, remarcó la senadora del Partido Nacional (PN) Verónica Alonso ante la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de Partidos Políticos, según un comunicado difundido por el equipo de la legisladora.
La senadora explicó que financió su campaña “principalmente” con dinero recibido del Banco República del Uruguay (BROU) “por concepto de adelanto de votos”. Además, planteó a los miembros de la comisión que cumplió con las disposiciones de la Ley 18.485 sobre financiamiento de partidos políticos al presentar ante la Corte Electoral la Rendición de Cuentas.
En el comunicado publicado, se sostiene que la senadora manifestó su apoyo al proyecto que prohíbe el aporte de empresas privadas en la financiación de las campañas presentado por el senador y ex presidente José Mujica.
Alonso, luego de su comparecencia, dijo: “hasta ahora me pregunto por qué fui convocada”, y agregó que la comisión “ha perdido su objetivo” porque le hicieron preguntas que “no tenían nada que ver” con la citación.
El legislador frenteamplista Óscar Groba rechazó las declaraciones de Alonso y sostuvo que hay dos cheques de aproximadamente 13 mil dólares cada uno que certifican los aportes monetarios del pastor Jorge Márquez, según informó el portal ECOS. Los cheques se utilizaron para la impresión de listas durante la campaña de las elecciones internas de 2014. “Hay contundentes pruebas de que los Hogares Beracca, fuera de todo control, utilizaron a sus internos para realizar campaña en favor de Alonso”, afirmó Groba.
Citación
La legisladora concurrió a la Comisión Investigadora tras haberse negado en una primera instancia. Había sido citada para responder sobre los presuntos vínculos con la iglesia Misión Vida y los Hogares Beraca, dirigidos por el pastor Jorge Márquez. Alonso respondió a la solicitud de los miembros de la comisión mediante una carta en la que explicitaba el financiamiento de su campaña, y sostuvo que en ese momento se encontraba de gira política por el interior del país. Esa información ya se encontraba en la página de la Corte.
Las sospechas sobre el vínculo entre Alonso y la institución religiosa comenzaron luego de las últimas elecciones internas. En diciembre de 2017, la justicia condenó a la senadora nacionalista a pagar 31 mil dólares a la imprenta Vistozul por una deuda correspondiente a su campaña. En primera instancia la justicia falló a favor del demandante, pero Alonso y su esposo, Marcel Gerwer, apelaron el fallo y argumentaron que el pago de las facturas correspondía a la Iglesia Misión Vida que de manera independiente había apoyado la campaña de la senadora y encomendado dichas listas.
Sin embargo, en segunda instancia, la justicia confirmó el fallo del juez civil Federico Tobía, quien entendió que estaba demostrado Alonso había encargado esas listas y por lo tanto debía pagar.
Lucía Gandioli
