El vínculo entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y democracia después de la última dictadura fue el eje de una charla que organizaron el martes la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. La directora del INDDHH Mariana Mota sostuvo que el presupuesto de las FFAA en Uruguay es muy elevado y es herencia de un aparato militar ampliado, en referencia al crecimiento del número de militares registrado en la última dictadura. En ese sentido, la ex jueza consideró necesario que se disminuya ese presupuesto como una “forma efectiva de someter al poder militar al poder cívico”.
Por su parte, el politólogo especializado en temas de defensa Julián González Guyer habló sobre el rol que cumplen las FFAA y destacó que la institución debe ceñirse a sus cometidos originales básicos: garantizar la paz en lo interno y la seguridad en lo externo. González Guyer detalló que la expansión de las tres áreas que componen las FFAA –Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército– se debe a la necesidad de fundamentar el incremento presupuestal y su legitimidad institucional. En ese sentido, el politólogo ejemplificó que las misiones de paz son un instrumento que las FFAA utilizan para justificar su rol en el Estado uruguayo. Para el especialista, uno de los principales problemas en relación al tema es que, si bien con el retorno de la democracia el Ejército fue desplazado de las decisiones de gobierno, “mantuvo un significativo grado de autonomía”.
Emiliano Clavijo, también politólogo, se preguntó “cómo introducir la temática de los Derechos Humanos” en la educación militar y planteó la posibilidad de que la sociedad civil participe en su eventual reestructuración. Al respecto, recordó que la ley Nº 19.188 establece que los sistemas de educación policial y militar funcionan de manera independiente respecto al sistema educativo general.
La ex asesora del Ministerio de Defensa, Gabriela González, dijo que la ex ministra de la cartera Azucena Berrutti “marcó un cambio significativo” en la política del organismo y en la relación entre militares y civiles. Al respecto, González entendió que “la persona que integra el Ejército debe comprender que es un funcionario público”. Además, habló de investigaciones del Ministerio de Defensa y la Universidad de la República sobre delitos de la última dictadura en las que, por ejemplo, se descubrieron historias clínicas de personas que sufrieron tortura.
La integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Elena Zaffaroni reclamó más respuestas sobre los delitos ocurridos en la última dictadura cívico-militar. Al respecto, aseguró que, pese a estar en un Estado democrático, en Uruguay “sigue vivo el germen del terrorismo de Estado en las FFAA”. Zaffaroni se refirió a las declaraciones de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor Militar reveladas por El Observador semanas atrás y entendió que el episodio es consecuencia de la falta de Justicia sobre estos hechos. Para Zaffaroni, “no existe Estado que asuma estos compromisos sin un impulso social decidido” y es inadmisible el retroceso en la búsqueda de verdad y justicia.
