El Líbano estuvo en penumbras durante el fin de semana, luego de que las dos centrales eléctricas más importantes del país se vieran obligadas a interrumpir su servicio a causa de la falta de combustible. Las plantas de Deir Amar (norte) y Zahrani (sur) cesaron sus operaciones y disminuyeron el suministro eléctrico a menos de 270 megavatios, lo que generó que la red en su totalidad dejara de funcionar, así lo informó la compañía eléctrica estatal Electricité du Liban (EDL), según la Agencia Nacional de Noticias.
Un funcionario del gobierno libanés en comunicación con la agencia Reuters explicó que el suministro eléctrico “dejó de funcionar por completo el sábado al mediodía y es poco probable que se reinicie durante varios días”. Y agregó que la compañía estatal de electricidad trataría de usar una reserva de fueloil del ejército para operar temporalmente las plantas de energía. Las autoridades esperan el visto bueno de un laboratorio emiratí que debe determinar si es apto para ser utilizado.
Esta situación profundiza la preocupación de una población que sufre la ausencia de energía generada a nivel estatal y, por otro lado, aumenta la dependencia hacia proveedores privados. Todo esto sucede en un contexto de crisis económica, con una caída pronunciada de la moneda nacional. La compañía estatal EDL es la generadora de una gran parte de las deudas del Ejecutivo: suma pérdidas anuales de 1.500 millones de dólares, con un costo a nivel nacional de más de 40.000 millones en las últimas décadas. Por otra parte, depende del crédito que otorga el Banco Central, que actualmente está con bajas reservas.
Situación crítica
El país arrastra desde hace años una falta de suministro eléctrico regular, con cortes de luz comunes a causa de una infraestructura de poca calidad y agravada hoy por la escasez de diésel y gasoil.
El país mediterráneo fue golpeado nuevamente el 11 de agosto luego de que el Banco Central anunciara que dejaría de subsidiar las importaciones de combustible, lo que significó un aumento de precios a gran escala. Cientos de personas protestaron, decenas de negocios cerraron y el principal hospital privado del país, el Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut, clausuró sus servicios durante más de una semana ante la falta de energía.
La caída de la moneda libanesa -desde 2019 se ha hundido un 90%-, la crisis del Estado, la explosión del puerto de Beirut y la consecuencias por la pandemia del coronavirus han complejizado una situación muy crítica.
A más de un año de la trágica explosión en el puerto de la capital del Líbano que dejó un saldo mayor a 130 muertos, 5.000 heridos, además de 300.000 personas sin hogar, se agudiza la vida de sus habitantes. La explosión de un depósito de 2.750 toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas en la zona de embarcadero trajo como consecuencia el colapso en los servicios de salud, que ya contaban con dificultades muy grandes para atender a los enfermos de coronavirus, el desplazamiento de miles de personas por la reducción de sus hogares a cenizas y dificultades en el suministro de alimentos a los habitantes más carenciados.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), las consecuencias de la explosión del año pasado dejaron a decenas de miles de personas sin trabajo, ya que el impacto destruyó múltiples negocios y gran cantidad de personas perdieron sus medios de subsistencia.
De acuerdo con la OCAH, a finales del 2020, el 19% habían reportado la pérdida de su principal fuente de ingresos y el 78% de la población vivía en condiciones de pobreza. Los precios de los alimentos crecieron de forma exponencial -400% entre enero y diciembre de 2020-, poniendo en alerta las necesidades humanitarias de los libaneses, sobre todo de los hogares encabezados por mujeres que se enfrentan a grandes tasas de desempleo.
En setiembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitaron el país mediterráneo y realizaron un llamado de atención ante la situación de inestabilidad y falta de recursos para enfrentar un posible colapso del sistema. Los funcionarios hospitalarios señalaron algunos de los problemas que presenta esa nación como la escasez de combustible que impide trabajar a los centros de salud a su máxima capacidad y la fuga de cerebros de los últimos años, lo que ha propiciado la pérdida del “40% de los médicos calificados y casi el 30% de las enfermeras”. “No podemos permitirnos dejar atrás a los más vulnerables y necesitados”, sostienen en la declaración y realizan un llamado a toda nación u organización que pueda sumarse al esfuerzo para apoyar al pueblo libanés ante este triste escenario.
Estancamiento político
El Líbano cuenta desde agosto de 2020 con un gobierno desarticulado. El primer ministro interino Hassan Diab -y todo su gabinete- presentó su renuncia tras una oleada de manifestaciones y la explosión en Beirut. Desde ese momento, los intentos por consolidar un nuevo gobierno han sido nulos, lo que ha generado un estancamiento político que impide hacer frente a la situación crítica económica y financiera que atraviesan.
En octubre del 2019 se produjo un acontecimiento similar, cuando una oleada de protestas en contra del sistema sectario de distribución del poder que ha regido en el país durante décadas y que concede cuotas a las distintas comunidades religiosas del país, desencadenaron la renuncia del primer ministro libanés Saad Hariri. Para muchos, este sistema sectario es la principal causa de los problemas del Líbano.
Las tres principales instituciones políticas en el país mediterraneo -el presidente, el presidente del Parlamento y el primer ministro- se dividen entre las tres comunidades más grandes (cristiana maronita, musulmana chiita y musulmana sunita, respectivamente).
Desde el final de la guerra civil, los líderes políticos de cada secta han mantenido su poder a partir de un sistema de redes de influencia, protegiendo los intereses de las comunidades religiosas que representan y otorgando incentivos financieros, tanto legales como ilegales. Esto ha impedido que se establezca en el país un Estado central eficaz, debido a que los líderes de los distintos grupos sectarios actúan más en función de sus agendas parciales y de sus propios intereses.
Líbano se encuentra en el puesto 137 de 180 países (180 es el puesto más bajo) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019. El organismo de control indica que la corrupción “impregna todos los niveles de la sociedad”, con los partidos políticos, el parlamento y la policía percibidos como “las instituciones más corruptas del país”, y explica que es el propio sistema de compartir el poder lo que está potenciando estas redes de mecenazgo y obstaculizando un gobierno efectivo en esa nación.
