Afuera, el sol templa el aire casi primaveral de Montevideo. Adentro, en el hogar que funciona 24 horas para madres, niños y adolescentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de Cordón, el sol no llega. “No tocar. Ni baja ni sube”, dice un cartel que está pegado junto a la persiana entrecerrada que cubre la ventana del living. Julieta*, estudiante de Educación Social, espera sentada en la habitación para ingresar a una entrevista que le permita acercarse a su primera experiencia laboral con población vulnerable.
A nivel regional, Uruguay es el tercer país de Latinoamérica con más niñas, niños y adolescentes por habitante que viven en instituciones residenciales como medida de protección, según un informe de Unicef publicado en 2013. “El impacto de la internación sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los niños es inmenso”, afirmaron los expertos de Unicef en el documento, y alertaron que “las obligaciones de los estados en la garantía de los derechos que están siendo sistemáticamente violados son múltiples”.
De acuerdo a un relevamiento realizado por INAU y Unicef en 2020, hay 4.665 menores de edad alojados en los centros del sistema de protección 24 horas de INAU. Esto implica la tutela directa de esta población por parte del Estado mediante un repertorio amplio de dispositivos y modalidades, entre ellos, centros de 24 horas no especializados, centros especializados en discapacidad, centros para madres adolescentes y adolescentes embarazadas, clínicas de tratamiento de consumo y los Centros de Atención y Fortalecimiento Familiar (CAFF).
Estos últimos suponen un nuevo modelo de gestión desarrollado por INAU desde 2015, respondiendo a los lineamientos de la Convención de Derechos del Niño ratificada en 1990. Según consta en la página de INAU, los CAFF trabajan con población que ha sido separada de su núcleo familiar, y buscan, paralelamente, “la recuperación y/o fortalecimiento de las capacidades de cuidado de la familia de origen”, en pos de “garantizar activamente el derecho a vivir en familia del niño, niña o adolescente”.
Actualmente INAU cuenta con 31 CAFF: 16 se encuentran bajo la gestión directa del organismo, mientras que los 15 restantes son administrados por organizaciones de la sociedad civil (OSC), que concursan mediante un sistema de licitación para hacerse cargo de los centros. En estos casos, INAU es responsable de la fiscalización, supervisión y financiación de los hogares, al tiempo que la dirección cotidiana depende de un equipo de coordinación designado por cada OSC.
En la línea de fuego
Marcos fue contratado como retén en un CAFF luego de una entrevista que no se extendió por más de diez minutos, a cargo de la coordinadora del centro. En él residen 15 adolescentes mujeres. En su tercera jornada laboral -y sin ninguna experiencia previa en el trabajo con este tipo de población- Marcos, varón de 23 años, se quedó solo a cargo de las menores de edad que viven en el hogar, algo que contraviene la normativa internacional en materia de cuidados de la infancia y la adolescencia, que estipula que las menores de edad no pueden quedarse solas bajo la supervisión de un adulto del otro género.
“La coordinación es un cargo full time”, insistió Isabel, educadora desde hace dos años en el CAFF al que ingresó Marcos. “Si vos coordinás un centro de atención a mujeres adolescentes y tenés solamente un educador varón para cubrir el turno, te toca ir al centro a vos”, sentenció la funcionaria. En cambio, según explicó, “la coordinación del centro no lo hace, e INAU no lo controla”. Por el contrario, se utiliza el recurso de la entrevista rápida y se contrata a un retén varón para hacerse cargo de las menores. Isabel indicó que, si bien el hecho de que adolescentes del sexo femenino no debieran estar solas con un varón “puede no estar en el pliego” de la licitación, sí lo están en las “convenciones de infancia universales y está en la tapa del libro”.
Isabel afirmó que trabajar en los hogares con población vulnerable es como estar en “la línea del fuego”. Si bien considera que es el lugar “más rico”, desde el punto de vista de que “se puede aprender más”, estar allí tiene su contracara: “Es el espacio más difícil porque recibís toda la descarga”. Por eso, el desgaste entre quienes trabajan en los hogares es una constante, al tiempo que el apoyo y la contención psicológica de las instituciones no alcanza a satisfacer las necesidades de los educadores.
Uno de los dispositivos desplegados por los centros para contener sus equipos de trabajo consiste en hacer reuniones de “cuidado de equipo”: instancias colectivas facilitadas por agentes externos a los centros -como talleristas y psicólogos- que tienen lugar con frecuencia semanal o mensual, a criterio de cada coordinación. Sin embargo, las situaciones en cada centro son heterogéneas: “en este centro no se hacen, ni una vez por mes. Desde que yo entré no se hicieron nunca”, explicó Isabel, desilusionada. Desde su punto de vista, la responsabilidad de que no existan estas instancias asciende a dos niveles: la mala coordinación de los centros y la poca supervisión del INAU. “Si viene un supervisor al hogar, pregunta tres cosas, le contestan que no las cumplieron y no se hace nada, hay una falla del ente regulador”, culminó.
Diagnósticos disímiles
“Hoy en Uruguay tenemos un sistema de protección bastante más robusto que el que teníamos antes”, afirmó Pablo Abdala, presidente del Directorio del INAU, en el marco del conversatorio “Derecho a vivir en familia”, que tuvo lugar el 5 de setiembre en el Parlamento a iniciativa de la diputada colorada Carmen Sanguinetti. El objetivo fue trazar un recorrido hacia una nueva regulación en materia de protección de infancias y adolescencias: “Estamos en un proceso muy saludable del punto de vista del fortalecimiento del sistema”, dijo Abdala en esa oportunidad, y arguyó “el avance en cuanto a la conversión de centros de 24 horas de la vieja modalidad asilar a la modalidad más moderna de los CAFF”.
En agosto de 2018, INAU publicó la Guía para la reconversión a Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, que propone “cinco pasos considerados clave” para la reconversión de los centros 24 horas a la modalidad CAFF. El primer paso implica la construcción de un proyecto de centro que sirva como “modelo de referencia” y permita al equipo de trabajo de cada establecimiento “contrastar, comparar y evaluar lo realizado”. El cuarto paso propuesto apunta a la definición, para cada niña, niño o adolescente, de un Proyecto de Atención Integral, enfocado en “la efectivización del derecho a vivir en familia en anclaje comunitario”. Para cada paso, el documento también plantea una serie de indicadores que permitan “dar cuenta del avance y calidad del proceso”.
A cuatro años de haberse publicado la guía, el pedido de informes realizado en agosto de 2022 por Natalia Argenzio, directora del INAU designada por la oposición, da cuenta del escaso seguimiento y control del Instituto hacia los centros: de los 32 CAFF en funcionamiento, 27 se encuentran “sin supervisión”. En diálogo con Sala de Redacción, Argenzio explicó que al comienzo del período, de acuerdo a un relevamiento realizado durante la gestión anterior, se verificó un déficit de 52 supervisores en el sistema, y se establecieron los lineamientos para llamar a concurso y cubrir las vacantes. “La plata para hacer la contratación estaba, pero implicaba un concurso interno que quedó establecido en el reglamento en la administración anterior. Sin embargo, con la política de discrecionalidad que lleva adelante el oficialismo hubo todo tipo de propuestas, menos la que está reglamentada sobre cómo debe ser el llamado”, explicó la jerarca.
Brillan por su ausencia
Argenzio criticó la opacidad de la gestión actual en el manejo de la información y las estadísticas. “Una de las grandes debilidades de este período de gobierno ha sido la transparencia en cuanto a la accesibilidad de los datos, el Observatorio de Políticas de Infancia y Adolescencia ha quedado prácticamente eliminado”, explicó. No obstante, a partir de los pedidos de informe hechos por Argenzio y su equipo, las cifras obtenidas recientemente evidencian que el 62% de los CAFF no cuentan con un proyecto de centro vigente, que el 42% no cuentan con los “recursos técnicos propios de la modalidad CAFF” y que el 46% de los niños, niñas y adolescentes carecen de un Proyecto de Atención Integral.
Con respecto a la falta de recursos humanos, la directora por el Frente Amplio en INAU opinó que “el equipo multidisciplinario es clave en el cambio de paradigma y de modelo” y que sin un seguimiento personalizado “el cambio de paradigma está divino en el papel, pero no en la práctica”. Según el diseño de la modalidad CAFF, cada equipo debe atender integralmente a un máximo de 30 niños, niñas y adolescentes asociados por cada establecimiento. A su vez, está previsto que el 40% de la población vinculada resida en el hogar y el 60% restante viva “en contexto”, sea mediante una Familia Amiga, una Familia Extensa, ambos planes de acción de INAU, o su propia familia de origen. Por eso, según la directora, “para estudiar y abordar cada uno de los casos desde una perspectiva de derechos, es imprescindible contar con el personal adecuado para un correcto control del Instituto de cada situación”.
Desde la mirada de Argenzio, la carencia de personal técnico no guarda asidero con las decisiones económicas tomadas por la mayoría oficialista en el directorio del INAU. “La falta de recursos humanos en el Instituto es general. El mandato del Ejecutivo fue reducir el Estado, y acá se cumple a rajatabla”, afirmó la jerarca. “INAU no estaba obligado, pero en dos años se devolvieron casi 40 millones de dólares [a Rentas Generales] que podrían haber sido ejecutados”, agregó, en referencia al margen económico que tenía el Directorio de INAU para cubrir vacantes de personal. En esta línea, alertó que “es mucho más caro” el impacto que va a tener el recorte en el desarrollo de Uruguay que el monto ahorrado.
Argenzio también denunció que, según un pedido de informes realizado en febrero de este año, había 1.286 niños, niñas y adolescentes a la espera de una respuesta del Instituto para ingresar al sistema de protección. Sin embargo, luego de pedir más información, le contestaron verbalmente que “había sido un error de tipeo” y le enviaron un nuevo documento donde la cifra de personas en espera ascendía a 100. “Tengo un documento que dice 100 y otro que dice 1.286”, afirmó. “Los derechos están, pero quienes estamos en el poder tenemos que hacer tangible el acceso. Si tienes la responsabilidad de dirigir el organismo rector de las políticas de infancia, tienes que hacerte cargo”, sentenció.
Sala de Redacción intentó comunicarse, sin éxito, con los integrantes del oficialismo en el Directorio del INAU.
Obsolescencia no programada
Consultada sobe el tema, Lucía Vernazza, oficial de Protección de la Niñez de Unicef en Uruguay, afirmó que “el sistema necesita recursos en algunos lados, pero en otros no”, y criticó el uso del reclamo de “más recursos” como un eslogan. “Hay centros de protección que tienen muchos recursos y otros que no tienen”, explicó y agregó que “no es nuevo” que haya hogares que “no tienen la cantidad de cuidadores que se necesitan” y otros que “están llenos de cuidadores de licencia”.
Por otra parte, planteó que existe “una suerte de confusión” con respecto al rol del INAU como rector de las políticas de infancia. Vernazza opinó que la confusión se extiende entre “quienes gestionan las políticas públicas” y el resto de la sociedad, e implica ver al Instituto como “el organismo de los niños”, que se tiene que “encargar solo de eso”. En ese sentido, opinó que la confusión también está en la normativa, la cual plantea que INAU “es el rector de las políticas de infancia, cuando también lo son la educación, la salud o la vivienda”. En suma, la jerarca consideró que “hay un diseño institucional un poco obsoleto, bastante fragmentado y que tal vez no se adapta a las necesidades de los tiempos modernos”.
“Estaría buenísimo abrir más centros CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia] pero no más centros de 24 horas”, planteó Vernazza y enfatizó en que “hay que invertir en prevención” y que “no tienen que haber más cupos ni más guetos”, sino una respuesta más articulada por parte del Estado. “Cada vez que se abran hogares se van a llenar porque la máquina los va a seguir llenando”, alertó, y mostró preocupación por la “tendencia a institucionalizar” en nuestro país, que también se ve reflejada en “la enorme cantidad de privados de libertad”.
Vernazza consideró que hace falta “una construcción programática fuerte”, una carencia que según ella no es “solamente de ahora”, y recalcó que los recursos están mal invertidos por poner como foco los hogares de protección y no “la prevención”. “Todos se quedan en la discusión del momento, de lo que hiciste vos, de lo que hice yo, pero nadie piensa en cómo transformamos esto a mediano plazo”, concluyó.
* Algunos nombres de esta nota fueron modificados para no afectar las trayectorias de las y los involucrados.
