Desde el año 2018 la Asamblea Permanente por la Rambla Sur viene peleando para que el predio que componen las ruinas de la ex Compañía del Gas no caiga en manos privadas y se transforme en un espacio abierto a la ciudadanía.

Ramiro Rodríguez y Laura Alemán, miembros de la Asamblea, explicaron a Sala de Redacción que la idea que tiene el colectivo para transformar la zona del dique Mauá consiste en instalar un parque público con un espacio verde y restaurar los viejos edificios de la Compañía del Gas.

En el proyecto se plantea desde un principio abrir el predio para realizar una limpieza general y vallar por seguridad los edificios que necesitan mantenimiento. Luego una realización de sendas peatonales que transiten por el parque, instalar iluminación, vegetación, juegos infantiles y lugares para desechar residuos. Pretenden tambien colocar sombreado artificial para protegerse del sol e instalar códigos QR en distintas partes del parque para que la ciudadanía pueda informarse sobre la historia y la arquitectura del sitio.

La Asamblea por la Rambla Sur armó este proyecto para ser presentado en el Presupuesto Participativo de este año, pero para eso necesitaban antes el permiso del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), actual propietario de los padrones. Según comenta Rodríguez, se reunieron primero con la alcaldesa del Municipio B, Silvana Pissano, para ver si el Municipio podía recibir el predio en comodato y así podrían presentarse al Presupuesto Participativo. La respuesta del Municipio B fue positiva. Sin embargo, desde el MIEM recibieron una respuesta negativa. 

Uno de los argumentos del Ministerio, contó Rodríguez, es que los edificios tienen riesgo de colapso.

“No leyeron nuestro proyecto”, retruca el fotógrafo, ya que claramente una de las propuestas era vallar los edificios para evitar accidentes y sobre todo restaurarlos para que se puedan utilizar.

Del otro lado de la disputa, la inversión privada

La Asamblea Permanente por la Rambla Sur no es la única que tiene en mente transformar ese predio. Desde que se descartó la propuesta de la terminal portuaria en el Dique Mauá cinco años atrás (ver recuadro Antes Buquebus), la constructora Berkes tiene en mente un proyecto que incluye distintos servicios y un paseo cultural. Según Alemán, lo único que este proyecto lograría es sacar a la gente del barrio: “se tendrían que ir porque no podrían sostener la subida de los precios de los alquileres y del valor de la tierra”. 

Hacer una gran apuesta privada en la zona no solo es innecesario, explica la arquitecta, si no que es “nefasto” según el modelo de ciudad que tienen en mente los vecinos de la zona. “Y creemos que es el que de algún modo la Intendencia tiene en mente…”, comenta Alemán y agrega que la IM se ha mostrado ambigua con el tema.

Para el MIEM, la propuesta de la Asamblea por la Rambla Sur es “modesta”. “La modestia para nosotros es un valor, no es un defecto”, responde Alemán. Justamente lo que la propuesta de la Asamblea busca es que sea un proyecto modesto y que no exija demasiada inversión. “Nosotros pensamos que no hace falta esperar a que venga un Mesías privado para poner plata ahí”, con muy poco dinero ya se puede limpiar el lugar y habilitarlo al público, explicó la arquitecta. Una “inversión millonaria y una obra espectacular” no solo es innecesaria, sino que por el contrario “creemos que le puede hacer muy mal a la ciudad”, insistió Alemán.

La lucha continúa

Si bien el Ministerio se negó a ceder el espacio para que la Asamblea por la Rambla Sur presente su proyecto en el Presupuesto Participativo de este año, seguirán buscando la forma de lograr transformar los predios en un espacio público. Alemán comenta que se reunirán con abogados para ver cómo seguir adelante. El lugar está catalogado como Monumento Histórico Nacional, por lo que su propietario -el MIEM- tiene la obligación de mantener el espacio. Y “en la medida en que no toma iniciativa, no está cumpliendo con su obligación”, denunció Alemán. 

Al ser Monumento Histórico entra en juego además la Comisión de Patrimonio, con quien la Asamblea también ha mantenido reuniones. La apuesta es lograr un espacio de diálogo e intercambio entre todos los actores en el que se incluya a la Asamblea por la Rambla Sur, “porque de algún modo, es gracias a nuestro movimiento que ese espacio sigue siendo público”, recordó.

Antes Buquebus
El 4 de agosto de 2018 nace la Asamblea Permanente por la Rambla Sur a raíz de gente que se sentía convocada por una problemática concreta y en común: la venta de los padrones pertenecientes a la ex Compañía del Gas -hoy pertenecientes al MIEM- a capitales privados, más concretamente a Juan Carlos López Mena. El empresario argentino había presentado un proyecto para construir en estos predios una terminal de Buquebus además de un hotel y un shopping, según explicó Ramiro Rodríguez, fotógrafo miembro de la Asamblea.

En diciembre de 2017 el Senado votó a favor de la venta de los predios para la construcción del mega proyecto privado en la zona, y a fines de julio de 2018 la Comisión de Transporte de Diputados votó a favor de tratarlo en la cámara baja a principios de setiembre. “Por eso nos constituimos en agosto, para tratar de revertir la votación en Diputados” en el medio, explicó Rodríguez. Entonces comenzaron a reunirse con distintas organizaciones que defienden el patrimonio, como la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Ciudad y defensa del ciudadano, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, también con los partidos políticos y diferentes legisladores. Era muy probable que la votación en la Cámara de Representantes tuviera los mismos votos que en el Senado, por lo que “era fundamental comenzar a reunirse con los diputados para revertir la situación”, resumió el fotógrafo.

A medida que avanzaron las reuniones con los legisladores, el fotógrafo recuerda que fueron sumando apoyos. Primero del Partido Colorado, que se oponía a la venta. En el Frente Amplio tenían opiniones divididas pero con el tiempo fueron apareciendo declaraciones contrarias a la venta desde sectores minoritarios, como Casa Grande. Finalmente se terminó desistiendo de la discusión en la Cámara de Diputados. “Prácticamente tres meses después de haber iniciado nuestro trabajo, el tema se frenaba”, relató Rodríguez.

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