Concentración en la AUF por el pedido de desvinculación de Miguel Zuluaga de la seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol / Foto: SdR

Con el apoyo de particulares, más de 30 organizaciones, entre ellas Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación Civil Rebeldía Organizada y la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, presentaron “tres carpetas con nueve pruebas documentadas inobjetables” ante autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El objetivo es probar que Miguel Ángel Zuluaga, jefe de seguridad de la Selección Uruguaya de Fútbol, fue partícipe en actos represivos durante la última dictadura, según expresa un comunicado de Rebeldía Organizada.
Hace tres semanas los colectivos crearon esta campaña, en la que plantean la necesidad de “disfrutar del fútbol sin olvidar la conciencia”. En este marco, días atrás convocaron a una concentración que se realizó ayer a las 13.00 en la sede de la AUF mientras una delegación de las organizaciones entregó la documentación a los directivos de fútbol. Los convocantes sostienen que el actual jefe de seguridad de la selección uruguaya “operó en la Dirección Nacional de información e Inteligencia (DNII)” durante el gobierno de facto y “alcanzó cargos de jerarquías, cuando en esas dependencias se sucedían secuestros, torturas y violaciones”. Así lo plantean las nueve pruebas en su contra, que reconocen que la DNII funcionaba como centro de detención entre 1973 y 1985.
Entre los documentos se hallan actas de interrogatorios y procedimientos donde Zuluaga plasmó su firma como “subcomisario” de diversos departamentos pertenecientes a Inteligencia Policial. A su vez, se tiene el testimonio de dos ex detenidos que confirmaron su presencia en el lugar donde se les privó de libertad. Si bien los testigos no admiteron que el actual jefe de seguridad de la selección haya impartido torturas, lo identificaron cerca de los hechos. Además, el semanario Brecha informó que el nombre de Zuluaga figura en denuncias presentadas por el abogado Pablo Chargoñia en 2011 contra varios policías de la DNII.
La previa
Si bien era de público conocimiento que en la reunión entre la delegación de las organizaciones y la AUF no se tomarían decisiones sino que simplemente se escucharían las denuncias, a partir de las 11 horas la multitud comenzó a llegar a la sede de la asociación. Al principio había algunos periodistas y unos pocos integrantes de los colectivos convocantes, que sostenían carteles con los rostros de desaparecidos durante la dictadura, pero la concentración aumentó considerablemente mientras pasaban los minutos.
Más tarde se instalaron vallados y miembros de la Policía limitaron el acceso a la sede de la AUF, lo que generó sorpresa en los convocantes porque pretendían una “manifestación pacífica”. Poco a poco, el barrio empezó a sentir que algo importante pasaría en la sede de la AUF, ubicada en Guayabos 1531: las señoras de los edificios cercanos abrieron las persianas y se asomaron al exterior para ver qué sucedía; algunos estudiantes de la cercana Facultad de Ciencias Sociales se unieron a la salida de clases y varias personas consultaron de qué se trataba aquel revuelo.
A la hora pautada ingresaron a la sede representantes de los colectivos de derechos humanos, y allí fueron recibidos por el Consejo Ejecutivo de la AUF, encabezado por su presidente, Wilmar Valdez. Afuera se escuchaban los spots de la campaña “Gol a la impunidad”, que se enfoca directamente en la acusación de Zuluaga. Acompañaron también, cada tanto, canciones futboleras como Al fondo de la red o melodías como A redoblar.
Al culminar la reunión, los convocantes se acercaron a la valla y comunicaron a la prensa, que esperaba del otro lado, que “no hubo respuesta inmediata” pero se percibió que las autoridades de la AUF “se sensibilizaron”. Según los voceros, los dirigentes “van a tratar el tema” y se contactarán con las organizaciones para comunicarles una respuesta sobre la solicitud de desvinculación de Zuluaga. “La pelota queda en la cancha de ellos”, concluyeron.
Entrevistado por TV Ciudad, Valdez expresó que lo ocurrido en la última dictadura “ha sido un tema muy sensible” para todos los uruguayos. Agregó que, ante el pedido de audiencia “debían recibir” a las organizaciones, “siempre tomando en cuenta que [la AUF] no tiene competencia para tomar ninguna resolución con respecto al tema de fondo”.
Camila Santana
Facundo Verdún

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