Foto: SdR/ Marcelo González Fehér.
El decreto, que le da origen institucional y competencia legal, fue firmado el 19 de mayo-por el presidente Tabaré Vázquez, y los Ministros de Estado. Al presentarlo, en febrero de este año, Vázquez mostró gran interés y compromiso con la iniciativa. “Falta información y en algún lado está; tengo una enorme esperanza de que podamos avanzar sustancialmente en este tema”, dijo..
Algunos argumentan que la labor del Grupo no es la correcta, porque se va a juzgar únicamente las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado, pero no así las cometidas por los grupos guerrilleros. Carlos Ramela, referente de la Comisión para la Paz, período 2000/2003, en entrevista con El País dijo que “se busca convalidar esa historia falsa de que los Tupamaros lucharon contra la dictadura. Para mí lo de la fecha intenta desnaturalizar la historia y cambiar el eje de la situación”. A su vez, el doctor en Derecho y Ciencias Sociales y rector del Claeh, Romeo Pérez Antón, criticó que se utilice “una política unilateral”. Al respecto, Gastón Grisoni, del colectivo Crysol, argumentó que son delitos graves porque fueron cometidos por funcionarios del Estado, que tenían el privilegio de poseer armas para asegurarles a los ciudadanos el cumplimiento de sus legítimos derechos y, en cambio, fueron utilizadas para la violación de los mismos.
Muchos han comparado al Grupo con la Comisión para la Paz, creada en 2000 por el ex presidente Jorge Batlle. Sin embargo, tanto Ramela como Macarena Gelman (integrante del Grupo), coinciden en que sus funciones y facultades son distintas, pero los argumentos que dan son diferentes. Ramela señaló, a El País que “la principal diferencia es que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, insiste con la idea de justicia. En la época de la Comisión para la Paz nadie se planteaba que la ley de Caducidad no existía. La información los militares la podían dar porque no iban a ir presos. Es evidente que nadie la hubiera dado si a partir de eso estaba dictando su sentencia de procesamiento”.
Por su lado, Gelman planteó a SdR: “La Comisión para la Paz tenía las facultades de recibir información, ordenar, sistematizar, pero no tenía determinadas iniciativas, que sí tiene el Grupo. Una de las diferencias sustanciales es que éste es un Grupo de Trabajo por verdad y justicia; en aquella época no se hacía mención siquiera a la justicia. Yo siempre reconozco el mérito y trabajo de aquellos que la integraron, fue el primer reconocimiento oficial por parte del Estado de lo que había ocurrido, pero no podemos desconocer que sus resultados fueron insuficientes en algunos casos y no se ajustaron a la verdad”.
Este Grupo de Trabajo, que se instalará en la Secretaría de Derechos Humanos para los Asuntos Recientes, se integra por siete miembro honorarios. Éstos son: los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini; la representante de la colectividad afrodescendiente Susana Andrade; Ademar Olivera por la Iglesia Metodista; Emilia Carlevaro en representación de Familiares; Mario Cayota por la Iglesia de Montevideo; y Pedro Sclofsky como representante de la comunidad judía.
No se integró a instituciones como Crysol (Asociación de ex Presos Políticos de Uruguay), Hijos o el PIT-CNT, por temas de ejecutividad. (Vázquez aseguró que se los tendrá en cuenta). Macarena Gelman agregó que “van a ser consideradas todas las propuestas que ya se presentaron y aquellas que presenten en un futuro, tanto organizaciones sociales como personas”. Esta decisión causó diferentes reacciones.
Edgardo Oyenart, Secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, expresó a La Diaria su molestia porque se les otorgó peso a organizaciones sociales que “claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia”. Por otra parte, Gastón Grisoni declaró a SdR que son criterios de trabajo que se respetan; además se sienten representados por Familiares. Para Crysol lo principal es apoyar y colaborar con la causa. Destacan la voluntad por parte de este gobierno de investigar, porque “más allá que después se pueda conversar si es correcta o no la integración, la gran importancia y el gran valor es que el Poder Ejecutivo se involucró activamente para cumplir con las obligaciones de las normas constitucionales, las normas de derechos humanos y también aquellas de organismo internacionales”, agregó Grisoni.
En cuanto a los cometidos del Grupo, Gelman contó a SdR que hay varias líneas de trabajo. Una tiene que ver con los archivos y el acceso a la información. Se tiene que trabajar, primero, para ver con qué información se cuenta. A su vez, garantizar la mayor accesibilidad a la información por parte de quienes lo requieren, tratando de que se adopten protocolos comunes. Otro aspecto es recabar los testimonios de víctimas, familiares, testigos, o cualquier persona que tuviere algo para aportar. En el caso de los familiares, víctimas y testigos, se va a realizar una convocatoria y se busca que sea amplia y garantice todos los testimonios posibles, para posteriormente sistematizar la información y poder utilizarla en distintas investigaciones.
Por otra parte, se establece el seguimiento de causas, sentencias -tanto a nivel nacional como internacional-, resoluciones, recomendaciones que se le han hecho al Estado, con el fin de promover que se cumplan. Hay una línea que tiene que ver con un plan de memoria, la señalización de los sitios de detención y las medidas simbólicas de reparación, que están establecidas por la ley 18.596). El Estado debe promover y colaborar en ello. Es necesario trabajar con organizaciones, que realizan esa tarea y tienen gran experiencia en el asunto.
También se establece aquello que tiene que ver con la justicia,y la necesidad de facilitar el trabajo de los magistrados. Luego, un seguimiento a las comisiones especiales que se formaron para llevar a cabo el cumplimiento de las leyes reparatorias, en particular aquellas que tiene a su cargo la Ley 18.596 y la 18.033. Analizar sus estados de ejecución, cómo se ajustan a los objetivos que plantean las leyes, cuáles son las dificultades que se presentan y llegar a un punto de relevancia en el tema de salud, importante en el espíritu de estas leyes.
Grisoni habló de algunas de las propuestas que presentaron, donde estableció como principal prioridad alivianar el trabajo de los jueces de las causas, y la creación de una fiscalía especializada, porque los fiscales del Estado “pelean solos, cada uno, frente a un grupo organizado”. Otro tema tiene que ver con brindarle apoyo psiquiátrico, psicológico, médico, porque las víctimas, cuando declaran ante el juez (y a veces en careo con sus victimarios) remueven todo lo que les pasó, y sufren.
El decreto establece la revisión de leyes, específicamente trabaja sobre la Ley Nº 18.033 -los derechos jubilatorios y pensionarios- y la Ley Nº 18.596 -reparación a víctimas-. “Las leyes reparatorias significaron un gran avance en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del Estado uruguayo con las víctimas del terrorismo de Estado. La implementación de ellas junto con pronunciamientos de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición Pablo de Greiff, pusieron de manifiesto que las mismas adolecen de carencias, insuficiencias y omisiones de acuerdo a la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado.
El presente proyecto de ley es una “contribución propositiva destinada a dar cumplimiento a dichas recomendaciones”, así comienza el proyecti que Crysol presentó ante el Grupo por Verdad y Justicia, donde reclaman que el Estado no los obligue a decidir entre las leyes reparatorias o las establecidas para cualquier ciudadano en la Constitución. Éste es un avance, porque el Estado asume que “las víctimas son víctimas”, y primó un “enfoque humanitario”, dijo Grisoni, y agregó: “también tenemos derechos como cualquier ciudadano, establecidos en la Constitución. El Estado, al reparar, no puede obligarte a renunciar a otro legítimo derecho, ya sean jubilatorios, pensionales o sexuales. En el caso de los presos políticos procesados, nos obligan a renunciar a nuestra legítima jubilaciones”.
Macarena Gelman culminó: “Esto lo podemos llevar adelante solamente si somos abiertos, si tenemos apertura hacia la sociedad civil organizada y hacia las personas. Si logramos que todos los que se acerquen hagan efectiva su colaboración y resulte ser un trabajo colectivo, teniendo en cuenta todo lo que haga falta para profundizar”.
Julieta Añon
Producción periodística: Jessica Vega, Camila Rodríguez
