“Los derechos humanos son una utopía en permanente construcción. Cuando parece que alcanzamos una meta, otros desafíos aparecen. Porque la vida humana cambia y avanza con nuevas problemáticas y necesidades”. Con esta cita de Luis Pérez Aguirre, el equipo de Derechos Humanos de Daniel Martínez decidió abrir el documento en el que plantea los puntos a trabajar. “Nosotros no sustituimos al programa del Frente Amplio, una vocería es como para poner los énfasis”, dijo a Sala de Redacción Milton Romani, vocero de Martínez en esta materia.
La idea del equipo de trabajo es, según Romani, “defender la agenda de derechos que se construyó, con las leyes de igualdad de género, de matrimonio igualitario, la ley trans y la negociación colectiva”. Justamente, es sobre esto que se habla en el primer subtítulo del documento, en el que se insiste además en la necesidad de reforzar figuras estatales como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Por el mismo lado va el programa del equipo del candidato colorado, Ernesto Talvi, que enfatiza la necesidad de “capacitar a todos los operadores del derecho” en derechos humanos, con “especial énfasis en legisladores y jueces”, sin olvidarse de “funcionarios públicos que trabajan en el campo y que son quienes pueden aplicar o hacer valer cada uno de estos tratados de DDHH, como por ejemplo el Mides, el INAU, el Codicen o el MTSS, entre otros”.
De todas formas, el programa de Talvi también menciona la “reformulación” de estos organismos, sobre todo de la INDDHH y la Secretaría de Derechos Humanos, “para que cumplan sus cometidos a cabalidad”. En busca de “despolitizar” los derechos humanos, Talvi propone eliminar la posibilidad de designar miembros de la INDDHH por mayoría absoluta de la Asamblea General. Por otro lado, se revisará la “situación institucional” de la Secretaría.
Las cárceles, un tema transversal
En el programa de gobierno del candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, los derechos humanos se nombran siete veces: tres de ellas como un asunto de política exterior, otra en el apartado sobre política ambiental y una vez más cuando aborda la primera infancia. En el momento en que se pone más énfasis en la defensa de los derechos humanos es cuando se trabajan los temas de seguridad y convivencia.
“No existe contradicción entre seguridad y derechos humanos”, comienza el apartado de esta temática, y se insiste en la tarea de “garantizar la seguridad de las personas y de las familias” como principal deber del Estado. En este sentido, la propuesta nacionalista avanza en algunas “líneas de acción” para garantizar la “convivencia pacífica”, como el fortalecimiento y reorganización de la Policía, el apoyo a los policías comunitarios y el “combate frontal contra el crimen organizado”. Más adelante, habla de las cárceles como “el lugar donde más se violan los derechos humanos en Uruguay”, por lo que considera necesario “una reforma profunda del sistema carcelario”.
De igual manera, Talvi insiste en potenciar la figura del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que “ha hecho desde su creación importantes aportes, tanto de denuncia como de propuesta, en uno de los temas más complejos de la política social”.
En la búsqueda de reducir las tasas de reincidencia, ambos programas hablan de “rehabilitación”, para lo que promueven “mejorar la infraestructura”, en el caso de Lacalle Pou, y “la descentralización y mayor cantidad de centros”, en el de Talvi. La diferencia radica en la manera de encarar la rehabilitación; mientras que Lacalle propone desarrollar programas enteramente dentro de las cárceles, Talvi quiere abordar los problemas previos a la salida, y para ello considera que “el actor clave es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), la cual es dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación y tendrá una relevancia superior en nuestro modelo”.
En relación a las medidas para la seguridad y la convivencia que presentaron Daniel Martínez y su asesor Gustavo Leal, Romani planteó que lo más destacable “es que no son una tarea de un sólo ministerio” y consideró que el planteo “de gobernar con programas transversales” es “una verdadera revolución”. Esto significa que “a nivel territorial esté el Ministerio de Vivienda, ASSE, emprendimientos educativos y la Policía Comunitaria. Necesitás un programa que atraviese, sino no ejecutás nada”, afirmó.
Romani también consideró “de urgente intervención” la situación de las cárceles, donde “deben ser fortalecidas y expandidas las acciones y programas que se implementan para promover y garantizar el derecho al trabajo y a la educación”. El documento agrega que “las personas que han cumplido sus penas y sean liberadas deben ser protegidas para un fiel cumplimiento de su derecho a la libertad, por lo que se deben desplegar todas las acciones destinadas a fomentar su reinserción social”.
Violencia de género
La Intersocial Feminista elevó una carta al presidente Tabaré Vázquez para declarar los femicidios una “emergencia nacional”, y uno de los grandes debes del Ministerio del Interior es la poca cantidad de tobilleras electrónicas disponibles para los casos de violencia en los que es necesario su uso. Los programas de los candidatos tienen muchos puntos referidos a cómo educar en igualdad de género y garantizar beneficios para mujeres víctimas de violencia -muchos coinciden, por ejemplo, en otorgar viviendas-, pero se encuentran pocas referencias al uso de tobilleras electrónicas por parte de los agresores.
En el debate, Daniel Martínez dijo que buscará aumentar a 1.500 el número de tobilleras electrónicas. El programa colorado habla de ampliar el uso de tobilleras electrónicas, puesto que su utilidad “ha sido demostrada con creces, aun cuando su uso se ha visto limitado por falta de disponibilidad. Apuntamos a seguir expandiendo el sistema y a utilizarlo también para garantizar la prisión domiciliaria y monitorear otros tipos de penas alternativas a la prisión”. Lacalle Pou, por su parte, habla de “centrar la prevención en el acosador” y asignar custodia al agresor en lugar de la víctima.
Migrantes
En lo que sí se explaya el programa nacionalista es en la temática de las personas migrantes. El Partido Nacional propone generar “campañas de comunicación que presenten a la inmigración como hecho positivo desde lo cultural (más diversidad), desde lo económico (más consumo) y desde lo previsional (más aportes al sistema de seguridad social)”, e incentivar una “actitud de integración y respeto hacia su identidad”.
“Debemos cambiar de paradigma y ver al migrante no como una amenaza sino como una oportunidad”, propone el programa del Partido Colorado, y considera que la inmigración debe abordarse de manera “interdisciplinaria; desde la regulación de las pensiones hasta la reválida de títulos universitarios, pasando por el trato, asistencia y programas ofrecidos a refugiados”.
El equipo de Derechos Humanos del Frente Amplio no abordó la temática de los migrantes, y en las bases programáticas del Frente Amplio sólo se menciona que debe considerarse “especialmente el apoyo a los/as trabajadores/as migrantes con hijos/as a su cargo, con miras a la reunificación familiar”.
El Partido Colorado, por su parte, llama a “cambiar de paradigma” y ver a las personas migrantes “no como una amenaza sino como una oportunidad”. La inmigración, se considera, “enriquece una sociedad, pero los valores de convivencia plural y pacífica deben ser trabajados”. El documento también recuerda que “se encuentra actualmente en trámite un acuerdo entre la ONU y ANEP para trabajar en la interculturalidad a nivel escolar”, y se llama a “hacer seguimiento a esta iniciativa”.
Verdad, memoria y justicia
Tras el hallazgo de los restos óseos en el Batallón 13, que más tarde se conoció que pertenecían a Eduardo Bleier, y que la discusión sobre la búsqueda de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar volviera a estar sobre la mesa, Lacalle Pou admitió haber cometido un “error humano” cuando habló de “dar vuelta la página” durante la campaña pasada. “Cometí una enorme injusticia sobre el sentimiento de familiares que no van a dar vuelta la página hasta que satisfagan la necesidad de saber dónde están sus seres queridos“, dijo el candidato. Sin embargo, en el programa de gobierno no hay una sola mención a la búsqueda de desaparecidos y a la investigación de lo sucedido, para esclarecer las acciones del Estado durante los gobiernos de facto.
En su apartado de derechos humanos, el programa colorado cierra con una frase de Talvi: “La Marcha del Silencio nos recuerda que hay que seguir investigando lo que realmente pasó con los desaparecidos: a las personas no se las puede tragar la tierra. La responsabilidad del Estado no se extinguirá hasta que la última familia pueda conocer la verdad y hacer su duelo”, pero no desarrolla políticas concretas ni otros aspectos, más allá de esta frase.
“Estamos empecinados en remover todas las obstrucciones que hay para buscar a nuestros desaparecidos”, subrayó Romani. Marcar distancia de cierta inamovilidad que ha marcado a los gobiernos del Frente Amplio en la investigación de desaparecidos es algo en lo que se ha empecinado el equipo de Martínez, que en su documento plantea seis medidas para fomentar “la lucha contra la cultura de la impunidad”. “Redoblaremos los esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos, removiendo las resistencias y obstáculos que impiden erradicar la cultura de la impunidad”, acota el equipo.
Los derechos humanos son tan amplios que sería imposible abarcar qué dice cada candidato y programa en lo que podría entenderse como un “derecho humano fundamental”. Hay grandes debes en políticas medioambientales, atención a la primera infancia y acceso a la vivienda, por mencionar algunos; los que se abordan en los programas y propuestas de los candidatos se presentan de manera difusa y a veces incompleta. Es acá donde las organizaciones sociales deben hacerse oír y los candidatos hacer compromisos; de lo contrario, todo podría perderse entre el humo.
