Jorge Maldonado, funcionario judicial e integrante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), dijo a Sala de Redacción que la medida de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) traería “la denegación de forma indirecta de Justicia para la población, al alejar el juzgado de la zona de influencia y no darle a la gente medios adecuados para acudir”. El hecho de cerrar una sede y trasladarla a otra zona implica que “las personas que tienen una demanda deban trasladarse muchos kilómetros, con locomoción que no siempre es la ideal, porque no está pensada en función del horario de las oficinas judiciales”. En ocasiones, agregó, esto genera que la persona “elija no hacer el reclamo, lo que lleva a un perjuicio para la población”. Maldonado enfatizó que al gremio le preocupa la afectación a la población de Rodríguez, ciudad de San José.
El gremio rechaza la medida de la SCJ “porque obedece exclusivamente a temas económicos. Medidas como esta se tomaron de forma inconsulta, sin explorar otras posibilidades”, dijo Maldonado, quien contó que como gremio “tuvimos entrevistas con miembros de la SCJ, con la Comisión de Legislación y Códigos del Senado de la República, y con todo el espectro político para denunciar la situación”.
En la misma línea, el alcalde de Ciudad Rodríguez, Norberto Zunino, dijo a Sala de Redacción que se mandó una carta a la SCJ en la que se expuso por qué se quiere mantener el Juzgado de Paz en la ciudad: “entendemos que la ubicación de la sede en la ciudad de Libertad significa una movilización de habitantes extensa, que creemos, es un inconveniente”. En la misiva, se pide una audiencia para “conversar y explicar de primera mano la situación”. Zunino dijo que Rodríguez es una ciudad con muchos habitantes y que se encuentra en la “sección judicial más grande del departamento” de San José.
En agosto, la SCJ había decidido la clausura de 20 sedes de Juzgados de Paz del interior, pero por objeciones de parlamentarios y funcionarios judiciales, la suspendió. Este es otro problema que se desliga de la falta presupuestal que padece desde 2010 el Poder Judicial. Y en ese marco, el objetivo de la AFJU es recorrer las 20 sedes judiciales ante una decisión que afecta a los trabajadores, ya que deberán trasladarse a otra localidad, lo que implica un costo de transporte, que sale “de su bolsillo”. “Esto es un perjuicio directo y claro sobre las condiciones de trabajo”, sostuvo Maldonado. El funcionario judicial Sandino Shiavone, también integrante de AFJU, dijo a Sala de Redacción que los funcionarios están “totalmente en contra de la medida. Nos oponemos al cierre de los juzgados” de Paz y hasta se ha hecho una campaña para juntar firmas entre los ciudadanos.
En este sentido, el alcalde sostuvo que las firmas “vienen encaminadas gracias al apoyo de la gente” y que “el gremio ha apoyado para que no haya cierre de ninguno de los juzgados”. Sentenció que no es un tema político partidario, porque se trata de “mantener algo tan importante como lo es el juzgado”, en el que se judicializan casos de violencia de género, cosas que “tenemos que tratar de cuidar”.
El viernes 10 de setiembre, funcionarios agremiados fueron a la ciudad de Rodríguez para “charlar con la comunidad y con los funcionarios para manifestar la posición del sindicato, que es de rechazo ante la medida de la SCJ”, sentenció Maldonado. El dirigente del Colegio de Abogados de San José, Wilson Nessi, dijo a Sala de Redacción que la instancia fue algo “muy bueno, positivo”, ya que “se le informó a la gente lo que estaba pasando”, que no es que la medida de la SCJ quedó sin efecto, sino que “está en suspenso el hecho de eliminar el juzgado”. El Colegio de Abogados, luego de saberse la medida de la SCJ, se comunicó “de inmediato por medio de nuestra Comisión de Interior y se habló con el presidente Diego Pescadere”, quien solicitó una reunión “urgente con la Comisión de Legislación y Códigos del Senado”. Después de esa reunión, “hubo otra entre la SCJ e integrantes de esta comisión”, según Nessi.
