“¿Cómo abordamos el tema de la violación de los derechos humanos en el pasado reciente?”, planteó la licenciada en Ciencias Políticas y activista de los derechos humanos Fabiana Larrobla en el segundo encuentro de Jornadas por la Memoria.
No había antecedentes cuando empezaron a investigar los asesinatos políticos con el Equipo de Investigación Histórica; el único material de apoyo fue el informe de 1989 del Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj). Con la ley que delegó la búsqueda de desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos “se eliminaron las investigaciones sobre asesinato político”, expresó la licenciada. Las familias de los fallecidos ven diferencias entre el trato que se da al asesinato y a la desaparición forzosa. Larrobla sostuvo que con el asesinato político se pregunta: ¿qué hizo?, ¿dónde estaba?, ¿portaba un arma?, ¿justifica el asesinato?”, cuestionó.
El ciclo es organizado por el colectivo de estudiantes Deliberarce de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República. Las jornadas se realizan durante cuatro sábados de mayo -el próximo es el último- a las 19:00 horas, con cuatro temáticas que funcionan como disparador: prisión, asesinato, desaparición forzada y exilio. Lucía Griotti, integrante del colectivo, contó a Sala de Redacción que la idea de estas jornadas surgió de la preocupación por las dificultades que ha impuesto la pandemia para continuar habitando algunos espacios como la Marcha del Silencio; es una forma de “aportar desde nuestro lugar”, dijo, y agregó que “no sólo a la información y a la generación de espacios para el testimonio, sino también para continuar con la militancia acerca de la memoria reciente”.
Asesinato político
“¿Por qué el foco siempre se ha puesto en la desaparición forzada y el asesinato ha quedado un poco de lado?”, preguntaba Larrobla, coordinadora del Equipo de Investigación Histórica. Al comenzar a investigar sobre ello se encontraron con dificultades por la falta de una “mirada global sobre el tema” y de antecedentes.
Hasta el momento se tienen registradas 202 personas asesinadas por responsabilidad del Estado. “Hay 55 que murieron torturados y 36 en prisión”, además de “un montón que murieron sin haber llegado nunca a los penales”, contó Larrobla. 1972 es el año en que se registró la mayor cantidad de muertes. La orden, dijo la investigadora, “no era tanto detener ni sacar información, sino aniquilar”.
En los registros diferenciaron cinco tipos de contextos de muerte: detención o secuestro, en prisión (ya procesados), en operativos represivos, bajo medidas prontas de seguridad y en manifestaciones estudiantiles y sindicales. Se encontraron con una discusión que la investigadora dijo haber resuelto rápidamente: la Comisión Especial de Reparación no contemplaba los casos de fallecimientos en enfrentamientos, “como si fueran bandos en igualdad de condiciones”, cuestionó. En esos casos se lo trata como un crimen común. Sin embargo, no son casos aislados, son casos planificados y sistemáticos, por lo que, según explicó Larrobla, no deberían hacerse investigaciones criminales sino “otro tipo de investigaciones”.
Todos los 20 de mayo se conmemoran los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En esa fecha “no fueron desaparecidos, fueron asesinadas las víctimas”, sostuvo Lille Caruso, dirigente comunista y esposa de Álvaro Balbi, militante asesinado en dictadura. “Cuando yo marcho por los desaparecidos el 20 de mayo, estoy marchando también por los asesinados que no tenemos en cuenta”, dijo, y agregó que siente que los asesinados políticos “son categoría B”.
Alicia Jaime, esposa de Ramón Peré, estudiante asesinado en 1973, dijo que hace una sutil diferenciación entre desaparecido y asesinado y, por lo tanto, el mes de mayo debería ser decretado como mes de la memoria. Jorge Mazzarovich, dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), intervino y planteó la interrogante: “¿cuántas veces hemos escuchado que las familias de los asesinados tuvieron la oportunidad de velar a sus muertos y tienen dónde llevarle flores?”.
“El asesinato interpela, nos trae interrogantes y nos conecta con una cantidad de situaciones que nos son incómodas”, sostuvo la investigadora Magdalena Figueredo. Y casi automáticamente se van creando “aritos de exclusión”, agregó, ya que se genera un debate entre qué contar y qué no. Larrobla subrayó que “es tanto el peso de algunas victimizaciones que impide el habla de otras” y que “si yo no puedo contar, es porque tampoco percibo que hay una escucha”.
Figueredo contó que durante la investigación se encontraron con grandes vacíos al sentir que las víctimas no tenían un espacio, que estaban invisibilizadas. Los silencios están relacionados al dolor, a las “cosas que cuestan hablar porque son dolores muy potentes”. “Nos encontramos con muchos dolores; es un tema muy incómodo. Si incomoda, es por ahí”, concluyó.
