En su informe anual el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) detectó en el área de internación psiquiátrica del módulo 12 del ex Comcar (Unidad N°4 “Santiago Vázquez” del Instituto Nacional de Rehabilitación INR), un “notorio incremento de la violencia interpersonal de todo tipo”, lesiones autoinfligidas e intentos de autoeliminación, situación “agravada en especial durante el año 2021”. El informe también relata que existe un “desgaste” en los funcionarios, destaca la ausencia de “una propuesta de abordaje integral de la salud mental en el servicio” y considera que las condiciones de reclusión en el módulo 12 no cumplen con los estándares mínimos exigidos para la salvaguarda de la dignidad y los derechos humanos. El INDDHH expresó que las intervenciones en salud mental deben “privilegiar una perspectiva de derechos humanos, y no una lógica de seguridad interna y de encierro.”
El ala D del módulo 12 funcionó hasta noviembre de 2021 como área de internación psiquiátrica gestionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y actualmente funciona como cárcel de máxima seguridad. En el informe del INDHH se menciona un traslado del servicio que no llegó a concretarse al momento de la visita, pero finalmente se acondicionó la planta baja de la Cárcel Central para alojar a personas privadas de libertad con enfermedades psiquiátricas.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dialogó con Sala de Redacción acerca de las situaciones planteadas en el informe y dijo que se está trabajando con ASSE en un proyecto que se enviará a la próxima rendición de cuentas para “ampliar la cobertura en salud” y que “probablemente se amplíe el policlínico en el ex Comcar”.
ASSE, además de prestar servicios de salud en la Unidad N° 4 Santiago Vázquez, también está presente en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), Unidad 9 (mujeres con hijos), el Penal de Libertad, las cárceles de Punta de Rieles y la cárcel de Cerro Carancho en Rivera. Según información publicada en el Semanario Brecha, para la atención a los aproximadamente 8000 privados de libertad que tiene a cargo ASSE existen apenas 25 psicólogos y tres psiquiatras.
Sobre las falencias en la atención de la salud mental, Petit explicó que para lograr un abordaje integral de la problemática se requiere incorporar “un tratamiento de las adicciones con respuesta dentro de la cárcel y mejora en las condiciones de vida”. También mencionó la necesidad de implementar “centros de tratamiento” y “comunidades terapéuticas”. El Comisionado dijo que se busca “la posibilidad de que el estado financie esos mecanismos que ya existen en la justicia juvenil, donde hay adolescentes que cumplen su condena en clínicas de rehabilitación”. Según Petit, aproximadamente el 80 por ciento de las personas privadas de libertad ingresan al sistema con problemas de adicción, cifra que se repite de forma similar en el sistema penal adolescente.
El hacinamiento y las malas condiciones generales de vida en las cárceles representan, según Petit, una “gran dificultad” a la hora de dar tratamiento a los privados de libertad con afecciones psiquiátricas. El comisionado expresó que se necesitan mejores mecanismos para “detectar a las personas con este tipo de problemas, con diagnósticos detallados y planes de tratamiento individual”.
En cuanto a las condiciones edilicias, el INDHH observó en el módulo 12 del ex Comcar un “deterioro progresivo” de la infraestructura e instalaciones del servicio. El informe da cuenta de presencia de ratas, caños obstruidos, celdas inundadas y falta de iluminación artificial que “dificulta el control desde enfermería e incrementa los riesgos de abusos entre internos”. El organismo consideró que estas condiciones de inhabitabilidad convierten al módulo 12 en “un espacio deplorable e insalubre que afecta la dignidad de las personas”. Estas situaciones se repiten de forma similar en otros centros psiquiátricos como el Hospital Vilardebó y la Colonia Etchepare. En ambos centros se constataron condiciones edilicias desfavorables y la presencia de personas en aislamiento con “escasas o nulas” actividades terapéuticas o recreativas, además de la inexistencia de un abordaje que apunte a la rehabilitación de las personas que allí se encuentran.
El INDDHH relata que en el momento de la inspección en las salas judiciales del Hospital Vilardebó -espacio destinado a pacientes que se encuentran allí cumpliendo medidas judiciales- había personas en condiciones de egreso desde el punto de vista médico pero que continuaban recluidas por disposición de la justicia, detectando que la mayoría de esas personas desconocen su situación por no mantener contacto con sus defensores.
Sala de Redacción intentó comunicarse con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y con los responsables de la Dirección de Salud Mental de ASSE, con la finalidad de consultar a los jerarcas por las situaciones relatadas en el informe pero no obtuvo respuesta de ninguna de las instituciones.
La muerte de Ayala estuvo plagada de circunstancias que pusieron en tela de juicio la actuación institucional y las carencias de las instituciones públicas a la hora de tratar a personas privadas de libertad con problemas psiquiátricos.
