Una estudiante de Bioética de tercer año de la Facultad de Medicina conversó con Sala de Redacción y compartió un caso clínico discutido en clase en junio del 2011.
Sara es una mujer de 24 años que vive en la periferia de Montevideo; padece retardo mental. En el 2010 se acercó a la policlínica del barrio con signos y síntomas que resultaron en un embarazo de 15 semanas. Fue derivada al hospital Pereira Rossell para los estudios pertinentes. Luego de varios estudios le diagnosticaron problemas fetales. Cuando le preguntaron sobre el padre de su hijo, Sara contó que fue violada por su padre reiteradas veces, siendo únicamente esas las ocasiones en las que mantuvo relaciones sexuales. Es así que solicitaron un aborto inmediato.
De acuerdo con la ley, el aborto por un lado sería legal por tratarse de una violación y de incesto. Sin embargo, es ilegal por haber transcurrido más de tres meses de gestación. Además, al no existir denuncia previa, era prácticamente imposible comprobar la violación, una excusa relativa en la medida que, según muchos médicos consultados, la mayoría de las violaciones son fruto de violencia doméstica y no se denuncian.
Puesto que el informe médico no especificaba cuáles eran los tipos de problemas fetales, no se pudo determinar que el feto era incompatible con la vida, atenuante fundamental para que el aborto fuera legal. “Según el relato de nuestra docente, este caso fue real y generó mucha discrepancia entre los médicos a cargo”, agregó la estudiante. El fallo judicial negó el aborto, fundamentado por la falta de consistencia de pruebas. Pese a ello, los médicos accedieron a realizarlo.
Carolina Deveras
